Movilización ciudadana contra la política energética y los daños ambientales
Un bloque conformado por más de 25 organizaciones ambientalistas llevó a cabo una masiva protesta para visibilizar los graves pasivos ecológicos atribuidos a Petróleos Mexicanos (Pemex). La movilización también sirvió para rechazar rotundamente los recientes análisis gubernamentales enfocados en la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica, una técnica comúnmente conocida como fracking, así como el flujo constante de recursos públicos hacia la empresa productiva del estado.
Los manifestantes marcharon desde una exposición fotográfica instalada en la Secretaría de Energía, la cual exhibía imágenes de incendios forestales, quemadores de gas y desastres en altamar, hasta la torre ejecutiva de la petrolera. Durante el recorrido, los contingentes corearon la consigna “Queremos futuro, no hidrocarburos”. Al tomar la palabra, Sacni Acosta, representante de Deuda por Clima y Legaia, sentenció: “Ninguna soberanía energética vale más que el agua, más que la vida de las personas, más que la tierra”.
Exigen reparaciones por desastres en Veracruz y costas del Golfo
Durante las protestas, los portavoces recordaron diversos siniestros recientes que han afectado de manera directa a las comunidades locales y a los ecosistemas marinos. Acosta hizo hincapié en que los habitantes afectados por el incendio del pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, “no han recibido reparaciones integrales”. Dicho siniestro se mantuvo activo durante aproximadamente 150 días, desde marzo hasta el pasado 2 de agosto, fecha en la que Pemex confirmó la clausura definitiva del sitio, mientras que las autoridades municipales iniciaron la entrega de compensaciones económicas de manera tardía.
Asimismo, los colectivos trajeron a la memoria el reciente derrame registrado en el Golfo de México, evento que obligó a la compañía estatal a reconocer fallas en su infraestructura submarina y a remover de sus cargos a tres funcionarios de la institución. Por su parte, la Red Corredor Arrecifal documentó la presencia de residuos de hidrocarburos en 113 sitios a lo largo de un tramo costero de 1,168 kilómetros que abarca desde Tabasco hasta Tamaulipas. Paralelamente, los manifestantes portaban pancartas que señalaban la existencia de casi 1,500 derrames y fugas en el sistema de transporte de petrolíferos.
Desde el norte del país, Karina Villalba, integrante de Noreste Sin Fracking, denunció que los estados de Coahuila y Nuevo León han sido tratados históricamente como “zonas de sacrificio”. Al respecto, puntualizó: “El noreste durante décadas ha sostenido el desarrollo industrial y energético del país. A cambio, nuestras comunidades han cargado con la contaminación, los daños a la salud y la disputa por el agua”.
En la misma línea, Emanuel Cruz Solano, vocero de Hackers por Nuestro Futuro, exigió un viraje radical en la estrategia gubernamental ante la emergencia climática global. “No podemos permitir que lo intenten llamar como fracking sustentable, porque eso no existe”, aseveró, al tiempo que abogó por consolidar un bloque opositor ciudadano que haga contrapeso a las políticas vigentes y al rescate financiero de la petrolera.
Controversia por la exploración de gas no convencional y la situación financiera de Pemex
Las protestas se producen a pocos días de que la administración federal confirmara la realización de estudios técnicos para evaluar la extracción de gas no convencional en territorio nacional, particularmente en Coahuila, con el propósito declarado de disminuir la dependencia del combustible extranjero, tomando en cuenta que Estados Unidos abastece el 75 por ciento del gas que consume México.
Si bien un comité científico recomendó acotar estas labores a las cuencas Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, implementando medidas como el uso exclusivo de agua salada y el reciclaje de al menos el 75 por ciento del recurso hídrico, las comunidades locales rechazan categóricamente estos planes. “Las decisiones sobre nuestros territorios no pueden tomarse desde Palacio Nacional ni en comités que excluyen a quien los habita”, advirtió Villalba.
En el ámbito económico, la petrolera estatal informó que su deuda financiera se ubicó en 77,500 millones de dólares al cierre del mes de junio, lo que representa una disminución del 9.1 por ciento en comparación con el cierre del año anterior. No obstante, las críticas persisten debido a que el proyecto de presupuesto contempla la continuidad de las transferencias federales directas para sanear los pasivos de la institución.
