Nuevas exigencias para salvaguardar a la infancia y juventud en internet
El panorama para las plataformas tecnológicas en territorio mexicano ha dado un giro trascendental tras la firma del decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, impulsado por la administración federal. Esta normativa impone la obligación de verificar edades, restringir contenidos de riesgo y retirar inmediatamente cuentas o publicaciones que promuevan las conductas prohibidas, buscando transformar radicalmente la seguridad digital de los menores.
De acuerdo con la información emitida por la Presidencia, las empresas disponen de 30 días naturales para adecuar sus sistemas e informar las acciones adoptadas. Aunque por el momento el cumplimiento se plantea bajo un enfoque preventivo y no punitivo, la titular del Ejecutivo federal advirtió que, en caso de omisión por parte de las compañías, se impulsará una legislación que contemple sanciones severas.
Sistemas avanzados de control y restricciones en algoritmos
El marco normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, abarca un ecosistema amplio que incluye no solo a las redes sociales tradicionales, sino también a videojuegos y tiendas de aplicaciones móviles. Uno de los puntos más relevantes es que la comprobación de edad ya no podrá depender de la simple autodeclaración del usuario, exigiendo mecanismos confiables y seguros.
Asimismo, las plataformas están obligadas a activar, desde la creación de nuevas cuentas, las configuraciones de privacidad y seguridad más estrictas disponibles. Esto se complementa con la obligación de establecer criterios claros de clasificación por edad, incorporar herramientas de supervisión parental y mantener canales accesibles para que los usuarios puedan reportar material inapropiado con facilidad.
Cero tolerancia ante la violencia, el acoso y los contenidos nocivos
Las directrices establecen prohibiciones estrictas para impedir que los menores accedan o estén expuestos a contenidos que promuevan el acoso, el abuso sexual, los discursos de odio, el extremismo violento y la apología del delito. La normativa también frena la difusión de material pornográfico, publicaciones asociadas con autolesiones, trastornos alimenticios e ideaciones suicidas, así como cualquier forma de violencia escolar digital.
Para cumplir con este propósito, se exige que las empresas realicen evaluaciones periódicas sobre los riesgos derivados de sus algoritmos de recomendación y diseño de interfaces. Adicionalmente, deberán colaborar con las autoridades mediante la entrega de reportes estadísticos orientados a fortalecer las estrategias preventivas en materia de salud mental.
Conservación de pruebas y atención permanente
Las compañías tecnológicas deberán contar con un canal de contacto especializado para las autoridades que opere de manera ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año. Cuando se proceda a la eliminación de una cuenta o material ilícito, las plataformas tienen la obligación de preservar la evidencia digital durante al menos 90 días hábiles para facilitar las investigaciones pertinentes.
El diseño de esta estrategia integral también contempla la participación de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, instituciones que reforzarán las habilidades socioemocionales de los estudiantes y establecerán mecanismos confidenciales de denuncia dentro de las escuelas, tras un proceso de diálogo previo con gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.
