Conoce la propuesta de ley en la Ciudad de México para poner un tope al incremento de alquileres
El gobierno de la Ciudad de México ha dado un paso determinante para frenar el encarecimiento desmedido de la vivienda en la capital del país. Durante su segundo informe de gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó formalmente la denominada Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, un proyecto largamente esperado que busca concretarse antes de la justa mundialista de 2026.
Ante los integrantes del Congreso local, la mandataria capitalina calificó la propuesta como un acontecimiento sin precedentes y enfatizó la necesidad urgente de establecer restricciones claras en el mercado inmobiliario local. La iniciativa surge como respuesta directa al fenómeno de la gentrificación y al incremento acelerado en el costo de los alquileres que ha afectado el bolsillo de miles de familias durante los últimos años.
¿Cuál es el límite propuesto para el aumento de los alquileres?
El núcleo de esta nueva normativa radica en fijar un límite estricto a los incrementos anuales en aquellas áreas identificadas con alta tensión inmobiliaria. Según lo planteado, los aumentos aplicados por los propietarios no podrán rebasar la inflación anual registrada oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante su intervención en el recinto legislativo, Brugada argumentó firmemente sobre el sentido social de esta política pública: “Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio y también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad”.
Asimismo, la propuesta legislativa se estructura en cuatro ejes fundamentales: restringir el porcentaje máximo de subida en los contratos, impulsar desde el sector público nuevas alternativas de vivienda asequible, y fundar un organismo especializado encargado de tutelar y hacer valer los derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de inquilinos.
El proceso legislativo en el Congreso local
Es importante señalar que el documento presentado por la jefa de Gobierno aún no constituye una ley vigente. El siguiente paso en el proceso democrático requiere que el Congreso de la Ciudad de México analice, debata y, en su caso, introduzca modificaciones antes de proceder a su votación y aprobación definitiva.
Al respecto, Olivia Garza, presidenta del Congreso de la Ciudad de México, indicó que los proyectos enviados por la administración capitalina serán turnados formalmente a las comisiones correspondientes para comenzar con su análisis exhaustivo y la posterior elaboración del dictamen.
Antecedentes y el impacto de la gentrificación
La presentación de esta nueva legislación encuentra un sustento jurídico previo en la decisión tomada a principios de año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual avaló constitucionalmente la implementación de topes a las rentas con base en el índice inflacionario anterior, una disposición prevista en el Código Civil local.
Las autoridades capitalinas han señalado que esta estrategia responde a una problemática acumulada. Estadísticas oficiales revelan que, entre los años 2019 y 2023, los costos de los arrendamientos sufrieron un repunte superior al 30 por ciento en diversas colonias de la metrópoli.
Este incremento desproporcionado generó una intensa presión habitacional que derivó en el desplazamiento masivo de residentes locales. Tan solo en el año 2020, se calcula que aproximadamente medio millón de personas se vieron obligadas a abandonar la capital debido a la imposibilidad de cubrir los costos habitacionales en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Con esta nueva legislación, el gobierno local pretende garantizar estabilidad y certidumbre jurídica a la ciudadanía.
