Una propuesta para cercar financieramente al crimen
El gobierno de Abelardo De la Espriella prepara un nuevo proyecto legislativo denominado Estatuto Antiterrorista, cuyo propósito central es obstruir las fuentes de financiación de las organizaciones criminales mediante restricciones al uso de efectivo en operaciones de alto valor, tales como la adquisición de bienes raíces, automóviles y terrenos. La iniciativa pretende obligar a que estas transacciones se canalicen obligatoriamente a través de la infraestructura del sector financiero, permitiendo así generar un registro oficial que facilite el seguimiento y la fiscalización de los capitales.
La medida ha recibido el respaldo inicial de los gremios económicos del país. “El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno Nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista”, afirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. El dirigente gremial enfatizó que las adquisiciones de propiedades y vehículos deben contar con mecanismos claros para rastrear fidedignamente el origen de los recursos utilizados.
A pesar del apoyo institucional, el debate apenas comienza y todavía falta por conocer la letra fina de la normativa. Los expertos señalan que será indispensable determinar con precisión los umbrales monetarios, las operaciones específicas que quedarán cobijadas y las excepciones necesarias antes de que la propuesta sea formalmente debatida en el Congreso de la República.
El funcionamiento de la trazabilidad y el peso de la economía informal
Bajo la nueva estrategia, las operaciones de gran cuantía ya no podrán liquidarse mediante la entrega directa de billetes entre particulares, sino que requerirán herramientas bancarias que garanticen la transparencia. Augusto Acosta, exsuperintendente financiero, respaldó la iniciativa al señalar que “todo lo que obligue de alguna forma a que ciertos movimientos se tramiten a través de los canales institucionales del sector financiero, ayuda sin duda ninguna al control de todas las operaciones”. Para el exfuncionario, la gran ventaja frente al dinero físico radica en la posibilidad de auditar los movimientos de manera sistemática.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos estructurales radica en la alta dependencia del dinero en efectivo que caracteriza a la economía nacional. Según estimaciones del sector, entre el 70% y el 75% del Producto Interno Bruto se mueve en efectivo, un volumen considerable que dificulta el diseño de una política restrictiva sin afectar el comercio legítimo. “Vistos todos los montos que se transan en todo este cuento, tampoco puede uno pensar en poner unos montos demasiado restrictivos”, advirtió Acosta al recalcar la complejidad de fijar topes equilibrados que no asfixien la actividad económica formal.
Modelos internacionales de control al dinero físico
La experiencia comparada demuestra que diversas naciones han implementado esquemas mixtos para limitar los pagos físicos o incrementar la fiscalización estatal. En América Latina, México establece topes específicos a través de unidades de medida para la compra de inmuebles y vehículos, mientras que Argentina exige instrumentos bancarizados por encima de los montos legales establecidos en su normativa. Por su parte, Estados Unidos obliga a las empresas a reportar al Servicio de Impuestos Internos cualquier pago en efectivo superior a US$10.000 mediante el formulario 8300.
En Europa las restricciones son aún más estrictas. España fija un tope general de 1.000 euros para operaciones comerciales donde intervenga un profesional, umbral similar al aplicado en Francia para residentes fiscales. Alemania opta por exigir la identificación rigurosa del comprador en transacciones superiores a 10.000 euros, y Brasil demanda reportes tributarios para pagos en efectivo iguales o mayores a R$30.000. Además, la Unión Europea adoptará un límite general unificado de 10.000 euros a partir de julio de 2027.
El camino legislativo y los próximos pasos
El éxito de la propuesta gubernamental en Colombia no solo dependerá de la aprobación del Estatuto Antiterrorista en el Congreso, sino de la capacidad técnica de las autoridades para procesar la información financiera y supervisar eficazmente los mercados. La definición de los umbrales exactos marcará la frontera entre una regulación efectiva contra el lavado de activos y un obstáculo operativo para los ciudadanos. Las autoridades deberán ponderar cuidadosamente las excepciones y los mecanismos de control para garantizar que la trazabilidad del dinero cumpla su cometido de seguridad sin fracturar la dinámica comercial cotidiana.
