Una advertencia desde las calles tapatías
Lo ocurrido recientemente en la Zona Metropolitana de Guadalajara representa una llamada de atención urgente para todo el país. La exigencia ciudadana por recibir agua potable en los hogares derivó en movilizaciones sociales, las cuales culminaron en disturbios, personas lesionadas y numerosas detenciones. Sin embargo, este conflicto trasciende los hechos visibles en la vía pública; refleja una problemática estructural que se gestó durante décadas debido a la falta de recursos destinados al soporte material de los centros urbanos.
Durante meses, los habitantes de diversas colonias han recibido líquido turbio, con sedimentos y olores fétidos. Esta situación es la consecuencia tangible de rezagos acumulados. La planta potabilizadora principal de la metrópoli, conocida como Miravalle, entró en operación en 1956, acumulando cerca de 70 años de antigüedad. Diversos especialistas advierten que sus labores de mantenimiento y modernización se postergaron desde el cierre de la década de los noventa. A este factor se añade una red de distribución que supera los 8,600 kilómetros, conformada en gran parte por tramos obsoletos. Mientras el crecimiento inmobiliario, industrial y vial avanzaba de forma constante, la infraestructura subterránea quedó relegada al olvido hasta que comenzó a colapsar.
El dilema invisible del capital público
El principal dilema de las redes urbanas radica en que, mientras funcionan nadie la ve; cuando deja de funcionar paraliza la ciudad. Esta premisa aplica a la realidad mexicana, donde la inversión pública se ha enfocado históricamente en obras magnas y visibles como carreteras, aeropuertos, presas o puertos. No obstante, existe otra red de servicios indispensables que define el bienestar diario y la productividad, la cual incluye sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, drenaje, alumbrado, pavimentación y gestión de pluviales.
Gran parte de ese capital urbano fue construido hace varias décadas. La expansión demográfica superó la capacidad de los servicios básicos, extendiendo las manchas urbanas hacia la periferia sin ampliar al mismo ritmo las redes hidráulicas o viales. Como resultado, el país terminó construyendo ciudades más grandes sobre infraestructura cada vez más vieja. ¿Cuál fue el costo de dejar de invertir? Aquí aparece un problema económico que pocas veces discutimos: la depreciación del capital público. Las redes de tuberías y plantas de tratamiento sufren desgaste continuo. Si los presupuestos anuales no cubren dicha depreciación, el valor real de los activos disminuye aunque las urbes aparenten operar con normalidad.
Las estadísticas oficiales reflejan este panorama restrictivo. La inversión física del sector público se situó en el 2.2% del PIB, ubicándose muy por debajo de los niveles superiores al 4% registrados hace poco más de diez años. Por su parte, BANOBRAS ha documentado que las asignaciones combinadas para transporte, salud, educación y servicios hidráulicos promedian apenas un 0.4% del PIB. Esta es la causa raíz de las múltiples fallas cotidianas, desde fugas masivas y socavones hasta inundaciones repentinas.
Incentivos políticos y la necesidad de replantear el presupuesto
Existe un sesgo político desfavorable para el mantenimiento preventivo, ya que inaugurar obras nuevas ofrece mayor rédito visual que sustituir kilómetros de tuberías ocultas bajo el pavimento. No obstante, desde la perspectiva económica y social, prevenir fallas mediante la rehabilitación oportuna resulta significativamente más rentable que atender emergencias posteriores.
Modificar el paradigma de la inversión pública es imperativo. Acciones como rehabilitar plantas potabilizadoras, sustituir redes de drenaje y adaptar las ciudades frente al cambio climático deben considerarse auténtica inversión productiva. Ante este escenario, especialistas señalan que México necesita plantearse una tarea ambiciosa: un Programa Nacional de Renovación de Infraestructura Urbana 2027–2035.
Hacia una estrategia metropolitana integral
Para concretar una renovación efectiva, el primer paso consiste en elaborar un inventario nacional que evalúe el estado físico de los servicios básicos en las zonas metropolitanas más pobladas, identificando riesgos de inundación y costos de sustitución. Como segundo eje, se requiere instrumentar esquemas de financiamiento multianual. Un ejemplo claro es la propuesta presentada ante el Congreso de Jalisco para modernizar el acueducto Chapala-Guadalajara, calculada en 11,922 millones de pesos bajo un esquema de aportaciones de largo plazo.
El tercer componente exige esquemas financieros sólidos que combinen fondos municipales, estatales y federales, respaldados por la banca de desarrollo y esquemas transparentes de participación privada. Asimismo, resulta indispensable rescatar la planeación metropolitana, reconociendo que los problemas ambientales e hídricos rebasan las divisiones municipales y exigen una gobernanza unificada.
En un contexto donde el país discute las ventajas del nearshoring y la competitividad industrial, es fundamental recordar que la productividad comienza en la calidad de vida de los trabajadores y el funcionamiento correcto de las ciudades. La crisis en Jalisco debe asumirse como un punto de inflexión para dejar atrás la gestión del deterioro y comenzar, de manera prioritaria, la reconstrucción de los cimientos materiales que sostienen la vida urbana en México.
