De la génesis como movimiento social a la transformación de las políticas públicas
A una década y media de su conformación oficial, la fuerza política que actualmente encabeza el gobierno federal destaca la disminución de los índices de privación social como el indicador más representativo de su gestión. Lo que en sus inicios se estructuró como un frente crítico frente a la disparidad económica y la concentración de la riqueza, escaló hasta convertirse en el eje rector de la estrategia gubernamental tras la toma de poder federal registrada en el año 2018.
Los datos oficiales recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reflejan que, en el periodo comprendido entre 2018 y 2024, un total de 13.4 millones de mexicanas y mexicanos lograron superar esta condición desfavorable. Las mediciones estadísticas muestran que el volumen de población en situación de vulnerabilidad pasó de 51.9 millones a 38.5 millones de personas, lo que situó la incidencia nacional en el 29.6%.
Los pilares económicos y la reorientación del gasto social
Esta transformación estadística refleja la materialización de los postulados iniciales del partido, los cuales abogaban por vincular el dinamismo económico con una redistribución más equitativa de los recursos públicos hacia los sectores tradicionalmente rezagados. En su etapa fundacional como organización civil y política liderada por Andrés Manuel López Obrador, la agrupación cuestionó de manera reiterada el modelo macroeconómico vigente, al considerar que este privilegiaba la estabilidad financiera por encima de la solución a las brechas estructurales.
Como alternativa, la plataforma política propuso un incremento sostenido en las percepciones mínimas obligatorias, la universalización de los apoyos económicos directos y la consolidación de un rol más activo del Estado en la protección de los derechos ciudadanos. Estas propuestas se tradujeron en acciones concretas durante la administración presidencial iniciada en 2018, periodo en el cual se instrumentaron reformas constitucionales para elevar los programas de asistencia social al rango de derechos fundamentales.
Reconocimiento internacional y el impacto en la región latinoamericana
El alcance de estas modificaciones económicas no pasó inadvertido para los organismos internacionales especializados en el análisis del desarrollo. En su publicación titulada Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó que el país aportó el 60% de la merma en la pobreza observada en todo el subcontinente durante 2024, además de concentrar el 49% de la caída en la pobreza extrema.
De manera simultánea, el Banco Mundial ha dado seguimiento a los indicadores socioeconómicos nacionales, subrayando que la combinación de un mercado laboral más dinámico, el fortalecimiento de los salarios nominales y reales, y la implementación de transferencias monetarias directas han sido los elementos determinantes detrás de estas variaciones estadísticas.
La continuidad de la estrategia y las proyecciones presupuestales
La dirección adoptada en materia de asistencia gubernamental se mantiene firme bajo la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió sus funciones institucionales en octubre de 2024. Para el ejercicio fiscal de 2026, la planeación presupuestaria federal contempla una asignación superior al billón de pesos destinada de manera exclusiva a los esquemas de bienestar social, con la meta de alcanzar una cobertura estimada en 42.8 millones de beneficiarios.
A pesar de que en la fluctuación de estos indicadores convergen múltiples variables económicas, la contracción de la pobreza observada a lo largo de este ciclo gubernamental se consolida como uno de los saldos más relevantes de la administración. A 15 años de su irrupción en el escenario político, el movimiento reafirma su lema central de priorizar a los sectores más desprotegidos, convirtiendo la superación de las desigualdades en el eje prioritario de la gobernabilidad contemporánea en el país.
