La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, luego de dos riñas registradas en menos de 48 horas en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas. La medida se plantea en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la entidad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la mandataria, el gobierno federal financiará la construcción de un penal moderno y seguro, mientras que la administración estatal aportará el terreno. De acuerdo con reportes posteriores al anuncio, el proyecto se prevé en Culiacán; sin embargo, no se han dado a conocer el monto de inversión, la capacidad del centro ni una fecha para el inicio de las obras.
Los hechos que motivaron el anuncio ocurrieron el jueves 8 de octubre, cuando un enfrentamiento en el penal de El Castillo dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años muertos, además de 16 internos heridos. El menor se encontraba en el centro penitenciario durante una visita familiar. Al día siguiente, una segunda riña provocó la muerte de otros dos internos, con lo que la cifra total de fallecidos ascendió a 12.
Tras los enfrentamientos, García Harfuch señaló que se reforzó la seguridad en el centro penitenciario de Mazatlán con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, permanece pendiente esclarecer cómo ocurrieron los hechos y qué condiciones permitieron el ingreso o la presencia de armas dentro de la prisión.
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La violencia en las cárceles se produce en un contexto de confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos, grupos enfrentados dentro del Cártel de Sinaloa. La disputa se intensificó desde septiembre de 2024, tras la ruptura entre facciones vinculadas históricamente con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Desde entonces, el conflicto ha estado relacionado con asesinatos, desapariciones y enfrentamientos en distintos municipios, además de repercusiones en la economía y la vida cotidiana de la población.
A la crisis de seguridad se suma la situación política de Sinaloa, marcada por los señalamientos de autoridades estadounidenses contra el exgobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha rechazado. Rocha solicitó separarse del cargo mediante una licencia en mayo de 2026 y, después de reincorporarse el 21 de agosto, pidió una nueva licencia por tiempo indefinido, aprobada por el Congreso estatal.
El 25 de agosto, el Congreso designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, para concluir el periodo constitucional que termina en octubre de 2027. El relevo ocurrió en medio de la controversia política y las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra Rocha Moya. Domínguez, quien formó parte de la administración estatal anterior, asumió el cargo para dar continuidad institucional al gobierno estatal.
Aunque el nuevo penal fue presentado como una medida para atender las necesidades del sistema penitenciario, todavía no se precisan su presupuesto, calendario, capacidad ni modelo de operación. También continúan pendientes las investigaciones sobre las muertes en El Castillo y la posible relación de los enfrentamientos con la disputa criminal que afecta a Sinaloa. La construcción del centro penitenciario se suma al reforzamiento de seguridad anunciado tras los hechos, mientras las autoridades deben esclarecer las causas y responsabilidades por la violencia ocurrida en Mazatlán.
