Incertidumbre legal frena el desarrollo de las rentas vacacionales en la capital del país

La falta de definiciones precisas en torno a la regulación en las rentas de corta estancia con fines turísticos en la Ciudad de México está generando un clima de desconfianza. Diversos propietarios particulares están reconsiderando comprometer su capital en inmuebles destinados a este esquema, mientras que otros prefieren suspender sus actividades ante las recientes disposiciones gubernamentales.

“La regulación carece de una justificación. Se basó en percepciones y no en estadística. Hay una serie de inversiones que se ven detenidas o se ponen en pausa porque todo sector productivo requiere certidumbre”, refirió en entrevista para El Financiero Sean Cázarez, presidente de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR).

Prórrogas y debates en torno al tope de noches disponibles

Aunque la regulación de rentas en la Ciudad de México ya cuenta con el aval oficial, su aplicación práctica sigue detenida debido a múltiples aplazamientos. Estas prórrogas prolongan el vacío normativo que afecta directamente a plataformas como Airbnb y a su ecosistema de prestadores de servicios.

El centro del debate actual gira en torno a la restricción impuesta sobre el número máximo de noches en renta por año. Las autoridades locales determinaron que los inmuebles bajo esta modalidad únicamente podrán operar comercialmente durante la mitad del calendario anual.

Esta medida del 50 por ciento ha provocado fuerte controversia, ya que los pequeños propietarios —definidos así aquellos con un máximo de tres espacios en renta— argumentan que la cifra carece de un sustento técnico transparente. Diversos sectores señalan que esta limitación busca equiparar artificialmente la ocupación de las plataformas digitales con la de la hotelería tradicional, cuyo promedio anual suele mantenerse cercano al 60 por ciento.

Obligaciones fiscales, amparos y postura de los anfitriones

Las disposiciones vigentes dentro de la Ley de Turismo local contemplan la obligatoriedad de un padrón oficial, el límite de propiedades por anfitrión y la restricción temporal de ocupación. Si bien el registro ha avanzando, las otras restricciones enfrentan diversos amparos e impugnaciones legales promovidas tanto por particulares como por corporaciones tecnológicas.

Ante la consulta sobre el impacto de estas normativas en su crecimiento, la empresa Airbnb declinó emitir declaraciones. Por su parte, agrupaciones como Pequeños Anfitriones aceptan colaborar en los registros por motivos de seguridad, pero exigen que se retire la limitante operativa.

“No nos pueden coartar esa libertad. Lo que pedimos a las autoridades istas es que sepan, nos escuchen, que no somos un cuerpo extraño en este ecosistema. Somos ciudadanos que hemos hecho bien las cosas y que necesitamos reglas claras sobre la mesa”, refiere Leticia Godoy, una anfitriona ubicada en la Colonia del Valle.

Impacto económico tras la temporada mundialista

El calendario institucional contemplaba un plazo inicial de 90 días desde mayo para completar el Padrón de anfitriones. No obstante, el gobierno capitalino emitió una prórroga para extender el trámite hacia el cierre del año.

Cázares advierte que el flujo de nuevos inversores se ha contraído notablemente. Si bien el mercado registró un dinamismo temporal durante el pasado Mundial 2026, la actividad experimentó una contracción inmediata al concluir el torneo deportivo.

Mientras el sector hotelero mantiene su reclamo histórico sobre supuestas prácticas desleales de competencia, los administradores de viviendas temporales defienden su modelo como una alternativa diferenciada dentro del turismo urbano.

En el plano financiero, la actividad ha representado una fuente importante de recursos públicos. A través del impuesto al hospedaje generado por los usuarios de estas plataformas, se han aportado más de 650 millones de pesos a la tesorería local, según datos de la propia empresa intermediaria.

A pesar de esta contribución económica a las arcas de la capital, el debate sobre el equilibrio urbano, la contención de la gentrificación y la seguridad jurídica para los pequeños inversionistas sigue abierto sin una resolución definitiva.

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