Legisladores de oposición presentan formal querella ante la FGR en contra de la mandataria de Baja California
Un bloque de legisladores federales pertenecientes al Partido Acción Nacional acudió ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República para interponer una demanda formal en contra de la titular del Ejecutivo en el estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Los representantes populares señalan a la funcionaria estatal por su presunta participación en ilícitos graves como asociación delictuosa, encubrimiento a servidores públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante su posicionamiento ante los medios de comunicación, el diputado federal César Damián Retes argumentó que la administración estatal que encabeza la gobernadora tiene una deuda histórica de rendición de cuentas con la ciudadanía de esa región fronteriza. En su intervención, el legislador externó un reclamo directo: “Marina del Pilar le debe una explicación a las familias bajacalifornianas. Semana a semana salen a la luz pruebas nuevas que indican cómo estos delitos se cometieron desde el gobierno del Estado que ella encabeza”.
Evidencias sobre empresas y desvíos financieros
El congresista estuvo respaldado por sus correligionarios Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana. Juntos detallaron que existen indicios sólidos sobre el uso de esquemas corporativos, entre los que destaca la firma Vida Orgánica, utilizada supuestamente para el desvío de caudales públicos, blanqueo de capitales y la presunta vinculación con redes del narcotráfico que operan en el norte del país.
Asimismo, los representantes populares apuntaron que la actual jefa del ejecutivo regional habría obtenido beneficios patrimoniales directos a través de acciones de la referida empresa, las cuales recientemente intentó desvincular mediante donaciones. Ante este escenario, el grupo parlamentario blanquiazul aseguró que los elementos probatorios entregados al organismo procurador de justicia son suficientes para que se inicie de manera inmediata una carpeta de investigación penal en contra de los involucrados.
Críticas a la actuación de los órganos de procuración de justicia
Además de arremeter contra la gestión de la gobernadora, el diputado César Damián Retes cuestionó la pasividad y el rezago institucional de las instancias federales encargadas de investigar la delincuencia organizada y la corrupción, sugiriendo que la ciudadanía y los medios han cumplido con las tareas que corresponden al Estado.
Para ilustrar la falta de efectividad gubernamental, el legislador señaló textualmente: “Desgraciadamente quien encontró las fosas clandestinas fueron las familias de los desaparecidos, quien encontró a Amílcar Olán en Suiza fue un periodista, quien encontró las empresas que lavan dinero del cártel fue la OFAC y no la Fiscalía, por ello hoy le entregamos la evidencia pública”.
Antecedentes de la crisis política y lazos familiares
La tormenta política en torno a la administración bajacaliforniana escaló de manera significativa en fechas recientes, luego de que a la mandataria estatal le fuera retirada la visa para ingresar al territorio de los Estados Unidos. Este hecho marcó el inicio de una serie de fricciones diplomáticas y administrativas que han golpeado a varios colaboradores cercanos dentro del organigrama gubernamental.
Uno de los casos más delicados involucra directamente al exesposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos en la administración estatal. Recientemente, Torres Torres fue incorporado formalmente en los registros de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, señalado como presunto operador de redes financieras vinculadas con una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en el Valle de Mexicali.
Finalmente, los legisladores de oposición insistieron en que la gobernadora debería separarse de sus funciones constitucionales. A su juicio, la mandataria se encuentra distraída intentando resolver su situación migratoria personal y estructurando su defensa legal, descuidando por completo las necesidades urgentes y el bienestar de los habitantes de Baja California.
