El fantasma del 2027 en la mira de los inversores extranjeros
Durante una presentación oficial realizada en la embajada argentina en Francia, en el marco del evento conocido como Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales previstas para el 2027 se ha convertido en uno de los principales interrogantes planteados por los capitales internacionales.
Si bien matizó que esta inquietud recae fundamentalmente sobre los mercados financieros y no tanto en quienes apuestan por la economía real, el funcionario enfatizó que la comunidad global observa con lupa el devenir político local. “Hoy eso genera una preocupación, no tanto en los inversores de la economía real, pero sí en los inversores financieros. Lo que más quiere el mundo es que Argentina no vuelva al pasado”, afirmó al ser consultado por la prensa internacional.
Este recelo ante un posible retorno de políticas intervencionistas a la Casa Rosada ha generado movimientos recientes en los títulos públicos. En las últimas semanas, los bonos soberanos sufrieron correcciones a la baja, un fenómeno que impulsó el indicador de riesgo país desde los 485 puntos básicos registrados el 11 de septiembre hasta los 650 puntos en la víspera del reporte.
Contexto internacional y la estrategia oficial
Al analizar los factores detrás de la volatilidad financiera, el titular del Palacio de Hacienda indicó que resulta complejo discriminar qué proporción de la caída en los títulos responde a turbulencias externas —como las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos o el petróleo cotizando por encima de los 100 dólares— y qué parte obedece estrictamente a dudas sobre la sostenibilidad de las reformas económicas locales.
Pese a la presión sobre los activos, el ministro buscó poner en perspectiva la evolución del indicador de riesgo soberano. Recordó que la actual administración heredó una cifra inicial muy superior y subrayó que el país se mueve en un entorno regional desafiante, donde economías vecinas como Chile y Uruguay han recortado de manera significativa sus proyecciones de crecimiento para el presente ciclo.
Consultado sobre sus declaraciones previas acerca de un supuesto blindaje frente al retorno del modelo anterior, Caputo aclaró que su rol institucional exige prudencia máxima. “Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo… mi tarea es prepararme para lo que puede llegar a pensar el resto de la gente, no lo que pienso yo”, argumentó, insistiendo en que gran parte de la sociedad argentina visualiza al periodo kirchnerista como una etapa de crisis severa y distorsiones inflacionarias.
Perspectivas para la actividad económica y el crédito
En el plano estrictamente productivo, el jefe del equipo económico restó dramatismo a las variaciones mensuales que exhiben los indicadores oficiales, atribuyendo las oscilaciones recientes a cuestiones metodológicas y estadísticas propias de una economía en plena transformación estructural.
“Pasás de +2% a -3%; una economía no puede pasar de crecer 28% a caer 35%. Es obvio que es un tema de medición”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la tendencia de fondo acumula 29 meses de crecimiento continuo a un ritmo mensual promedio del 0,2%. De cara al corto plazo, anticipó señales favorables impulsadas por la recaudación tributaria y el dinamismo de sectores clave como la construcción y la industria automotriz.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también presente en el encuentro con periodistas en París, se refirió a las modificaciones institucionales que impulsa el Ejecutivo, puntualmente en lo referente al calendario electoral y la posible eliminación de las primarias abiertas. “Queremos que los argentinos no vayan a votar seis veces, porque es lo que nos demandan los argentinos, y queremos que no le cueste al Estado 200 millones de dólares, porque lo pagan con impuestos, y queremos que la gente no sufra 90 días seguidos de un año electoral”, aseveró, manifestando optimismo respecto al logro de consensos parlamentarios necesarios para aprobar el paquete de reformas.
