El trasfondo político y la centralización de recursos en la capital
Tras un cerrado proceso electoral en 2024 que dejó un margen de 50/49, la aplicación de criterios de sobrerrepresentación consolidó una mayoría afín a Morena y sus aliados en el órgano legislativo capitalino. Ante este escenario político, la administración encabezada por Clara Brugada impulsa un ambicioso proyecto para modificar la estructura administrativa de la capital del país.
Uno de los puntos más debatidos de esta iniciativa radica en la figura de la afirmativa ficta, la cual establece que el proyecto quedará aprobado automáticamente si el Congreso local no emite un dictamen en un plazo de seis meses. Esta medida va acompañada de una transformación profunda en la zonificación urbana, permitiendo el uso de suelo mixto de manera generalizada en todo el territorio de la Ciudad de México.
Nuevas estructuras administrativas y su impacto en las alcaldías
El diseño del proyecto contempla la creación de casas de gobierno dotadas de rango constitucional. Estas instancias concentrarán facultades clave como la emisión de licencias, la gestión de permisos, la asignación de apoyos sociales y la supervisión directa de los servicios públicos, operando con recursos financieros que anteriormente se destinaban de forma exclusiva a las demarcaciones territoriales.
Asimismo, se prevé una modificación sustancial en la representación vecinal, sustituyendo los procesos tradicionales organizados por el instituto electoral por asambleas ciudadanas basadas en votaciones a mano alzada. Este nuevo marco normativo tendrá una vigencia proyectada de 20 años, rediseñando la gobernanza local por encima de los resultados electorales en las alcaldías.
Cuestionamientos sobre la planeación y la falta de consultas ciudadanas
Diversos sectores han señalado que el documento omite elementos fundamentales para la metrópoli, tales como mapas de riesgos integrales, soluciones viales de gran escala para la movilidad y estrategias suficientes para garantizar el abasto hídrico y la preservación de áreas naturales protegidas. El enfoque principal recae en el desarrollo comercial e inmobiliario.
De acuerdo con la Constitución local, el proceso de planeación debe ser participativo e incluir a instituciones académicas, culturales, sociales y a los gobiernos locales a través de un instituto especializado. Sin embargo, diversos sectores han denunciado omisiones en la consulta a pueblos originarios, urbanistas y comités vecinales, a pesar de que la administración reportó la recepción de 13 mil propuestas mediante plataformas digitales y cuestionarios aplicados a estudiantes.
Estrategia metropolitana y control inmobiliario en el Valle de México
En paralelo a las acciones en la capital, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha impulsado consultas para el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana. Este esquema abarca diversas alcaldías capitalinas, municipios del Estado de México, del estado de Hidalgo y uno más en Morelos.
Entre los ejes de este programa destaca la actualización del impuesto predial hacia valores comerciales, cuyos recursos se canalizarían a un fideicomiso público en lugar de fortalecer las arcas municipales o de las alcaldías. Además, se establecen disposiciones sobre inmuebles y terrenos considerados subutilizados, los cuales podrían enfrentar procesos de remate público si no se desarrollan en plazos determinados de dos a cuatro años.
El plan también contempla la figura de zonificación flotante y la desincorporación de suelo ejidal mediante inmobiliarias estatales para impulsar proyectos habitacionales y comerciales. Especialistas advierten que este modelo de control metropolitano podría replicarse próximamente en otras grandes zonas urbanas del país, modificando la dinámica de participación ciudadana y gestión territorial a nivel nacional.
