La disputa por la Virgen de Aparecida sacude el tramo final de las elecciones presidenciales en Brasil

A pocos días de celebrarse los comicios generales en Brasil, la figura de Nuestra Señora de Aparecida se instaló de manera inesperada en el centro del debate político. Una declaración sobre el cristianismo emitida por el candidato presidencial y legislador Flávio Bolsonaro generó profunda inquietud entre la comunidad católica, que teme la pérdida de estatus de esta emblemática advocación mariana.

El aspirante presidencial, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro y principal contrincante del actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó categóricamente las versiones difundidas en su contra. Las calificó públicamente como una «gran mentira» y como «la mayor noticia falsa de la campaña» electoral en curso.

La controversia religiosa adquiere particular relevancia en el país más extenso de América Latina. De acuerdo con datos oficiales del censo nacional de 2022, el 56.7 por ciento de los brasileños se identifica como católico, mientras que el 26.9 por ciento profesa la fe evangélica.

Los sondeos de opinión reflejan una competencia sumamente reñida de cara a la votación del próximo domingo. En caso de que ningún contendiente alcance una mayoría absoluta, la presidencia se definirá en una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.

Las aclaraciones del candidato y el trasfondo institucional

El origen de la polémica se remonta a una intervención pública realizada el 23 de agosto, cuando el senador Bolsonaro expresó su intención de «declarar que Brasil pertenece al Señor Jesucristo». Sectores católicos interpretaron estas palabras como un indicio de que su administración buscaría despojar a la Virgen de Aparecida de su nombramiento oficial.

Los detractores del político recordaron un proyecto de ley presentado en 2007 por un antiguo aliado legislativo con una finalidad similar, iniciativa que terminó siendo archivada en su momento. Pese a los señalamientos sobre supuestas conexiones con sectores eclesiásticos favorables a dichos cambios, el candidato ha insistido en que su alusión respondía exclusivamente a un pronunciamiento simbólico de carácter espiritual.

Cabe destacar que el jefe de Estado brasileño carece de atribuciones legales para modificar el patronazgo religioso del país, una facultad que recae de manera exclusiva en el Vaticano. El papa Pío XI proclamó a la Virgen de Aparecida como patrona de Brasil en 1930, estatus que posteriormente fue ratificado por el Estado.

Durante un mitin, el aspirante opositor culpó a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil de colaborar en la propagación del rumor. Desde la institución religiosa rechazaron los señalamientos mediante un comunicado en el que afirmaron que «una mentira no puede combatirse con otra mentira».

Temores demográficos y tensiones entre credos

Especialistas en la materia señalan que la desinformación caló hondo debido a la creciente preocupación de la grey católica ante el avance demográfico de la población evangélica en las últimas tres décadas. Las estadísticas muestran un incremento notable, al pasar del 9 por ciento en 1991 hasta alcanzar el 26.9 por ciento en 2022.

«A los católicos les preocupa que el aumento del evangelismo pueda traducirse en la eliminación de símbolos nacionales importantes y de marcadores culturales del catolicismo», advirtió Rodrigo Toniol, especialista en antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Ante un escenario electoral de empate técnico, este conflicto podría mermar las aspiraciones del candidato opositor, quien profesa la fe evangélica y busca captar apoyos entre los votantes católicos.

Por su parte, el presidente Lula da Silva, de religión católica, aludió al conflicto durante un mitin político al asegurar ante sus seguidores: «Mientras yo sea presidente de la República, nadie se burlará de Nuestra Señora de Aparecida».

La intervención de la justicia electoral

La disputa escaló hasta los tribunales después de que el equipo legal del candidato presidencial presentara recursos formales ante las autoridades correspondientes. Esto derivó en una serie de fallos contradictorios emitidos por distintos magistrados del poder judicial.

Inicialmente, el magistrado André Mendonca ordenó la supresión de contenidos digitales que aseguraban la destitución de la patrona nacional. No obstante, días más tarde, el juez Flávio Dino dejó sin efecto dicha disposición, la cual fue posteriormente restituida por el magistrado Luiz Fux tras una nueva revisión del caso.

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