El cerco financiero y político sobre el exfuncionario bajacaliforniano
El panorama político y legal de Carlos Alberto Torres Torres dio un giro radical tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vincula directamente con operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa. El exlegislador y exfuncionario público fue señalado por la administración estadounidense de formar parte de una red de complicidades al servicio de ‘La Mayiza’, facción criminal liderada por la familia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Las investigaciones internacionales apuntan a que el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, operó como un enlace de influencia política para blindar las actividades del grupo delictivo en la región fronteriza. De acuerdo con los reportes de inteligencia norteamericanos, el político habría otorgado protección institucional para inhibir las acciones de las corporaciones de seguridad tanto estatales como federales, lo que derivó en la revocación de su visa estadounidense desde mayo del año pasado.
Una trayectoria marcada por el paso partidista
Nacido el 18 de noviembre de 1975, Carlos Torres consolidó una extensa carrera en el servicio público y en la academia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y cuenta con una maestría en participación política y acción ciudadana, además de haber impartido cátedra en la Facultad de Economía de la misma institución educativa durante los años 2005 y 2006.
Sus inicios en la política institucional se remontan a 1994, año en el que se afilió al Partido Acción Nacional (PAN). Dentro de las filas del blanquiazul, ocupó diversos cargos internos como la dirigencia juvenil estatal y la coordinación general de la secretaría nacional de acción juvenil, además de presidir las Juventudes Democráticas Cristianas de América Latina. Su activismo partidista le abrió las puertas para desempeñarse como diputado federal suplente entre 2003 y 2006, y posteriormente como legislador federal en propiedad de 2006 a 2009.
En su intento por extender su influencia política a nivel municipal, compitió por la alcaldía de Tijuana en el año 2010, contienda en la que resultó vencido por Carlos Bustamante. Tiempo después, asumió la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social en la recta final de la administración de José Guadalupe Osuna Millán. Tras un periodo de menor exposición pública, regresó a la arena legislativa local bajo las siglas del PAN para el periodo comprendido entre 2016 y 2019. Su voto a favor de la reforma impulsada por el entonces gobernador Jaime Bonilla para ampliar el mandato estatal le costó la expulsión definitiva de su partido.
La transición a la administración guinda y la caída legal
Tras contraer matrimonio en 2019 con Marina del Pilar Ávila, quien en ese entonces gobernaba el municipio de Mexicali, Torres Torres comenzó a gravitar en torno a la estructura gubernamental afín a Morena. Aunque operaba sin un nombramiento oficial ni goce de sueldo, su presencia en actos públicos del gobierno estatal era constante. No obstante, las tensiones legales y políticas comenzaron a acumularse cuando se reportó el retiro de su documentación migratoria para ingresar a territorio estadounidense, situación que coincidió con el anuncio de su divorcio formalizado en octubre del año pasado.
Las indagatorias de las autoridades del vecino país sostienen que el exlegislador recibía recursos económicos de manera mensual procedentes de sobornos entregados por Pedro Ariel Mendivil, director de Seguridad de Mexicali, los cuales provenían directamente de la célula delictiva encabezada por Juan José Félix, alias ‘El Ruso’. Asimismo, la trama de blanqueo de capitales salpica a Luis Alfonso Torres, hermano del implicado, quien presuntamente operaba empresas fachada para inyectar recursos de procedencia ilícita en actividades financieras y contiendas electorales.
Como consecuencia directa de estos señalamientos internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a Carlos Torres e inició una indagatoria ministerial de carácter nacional. La dependencia federal confirmó que «se identificaron, entre algunos de los sujetos, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras», marcando un punto de quiebre definitivo en la trayectoria pública del exoperador político.
