Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones de la oposición sobre la existencia de una supuesta normativa orientada a censurar contenidos humorísticos en las plataformas digitales. La titular del Ejecutivo federal respaldó la propuesta de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, argumentando que su propósito central es combatir la piratería y salvaguardar la identidad gráfica del Estado mexicano frente a usos indebidos.
Aclaraciones desde Palacio Nacional
La funcionaria federal cuestionó el origen del término con el que se ha bautizado mediáticamente al proyecto, enfatizando que el articulado carece de disposiciones que restrinjan la creación de imágenes graciosas en el ecosistema digital. Según su perspectiva, calificar la normativa de esa manera carece de sustento técnico y legal.
«No hay ningún artículo que tenga que ver con eso», afirmó la presidenta, quien añadió tajantemente: «Es un invento».
Asimismo, detalló que el proyecto legislativo fue diseñado por la Secretaría de Economía mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El objetivo principal consiste en agilizar los procesos vinculados con patentes ya autorizadas y blindar los derechos de autor frente a prácticas comerciales irregulares.
«Hay una parte expresa que no se puede comercializar por un privado los símbolos del gobierno de la República o gobiernos estatales. No tiene que ver con que alguien ponga un símbolo en una red social o prohibir memes o algo así, es absurdo y no sé ni de dónde lo sacaron», puntualizó la jefa de Estado.
El alcance del artículo 403 Bis y las modificaciones en el Senado
El centro de la controversia política gira en torno al agregado del artículo 403 Bis dentro del marco legal citado, el cual regula de manera estricta la utilización de los elementos gráficos distintivos pertenecientes a los organismos gubernamentales.
De acuerdo con el dictamen legislativo, la ley contempla sanciones privativas de la libertad que van de uno a cinco años de prisión para aquellos actores que repliquen, imiten o exploten comercialmente la identidad visual, los portales web oficiales o la documentación gubernamental con el propósito deliberado de engañar a la ciudadanía y perpetrar conductas ilícitas.
Durante el proceso de análisis y debate legislativo en la Cámara alta, el texto inicial experimentó modificaciones importantes. La propuesta original planteaba inicialmente condenas severas de tres a siete años de cárcel; sin embargo, las comisiones dictaminadoras decidieron ajustar la penalización a un rango menor y delimitar el castigo exclusivamente a supuestos de explotación mercantil.
Posturas encontradas y críticas de la oposición
Por otro lado, diversos sectores de la oposición han expresado su preocupación ante el posible impacto que la medida podría tener sobre los derechos fundamentales de comunicación y libre manifestación de ideas.
Legisladores contrarios al oficialismo, entre ellos la senadora Lilly Téllez, han manifestado públicamente sus reservas respecto al dictamen. La representante del Partido Acción Nacional advirtió que la redacción actual podría constituir un instrumento de presión contra la ciudadanía, humoristas gráficos, caricaturistas y creadores de contenido digital que empleen símbolos institucionales como recurso crítico frente a las decisiones gubernamentales.
