El contraste entre la conectividad y el uso real del dinero digital
El sistema financiero mexicano atraviesa una profunda contradicción estructural. A pesar de contar con una sólida base tecnológica que incluye plataformas como SPEI, CoDi, DiMo y una amplia red de terminales, el uso del papel moneda sigue dominando de forma absoluta la economía cotidiana del país.
De acuerdo con el estudio titulado Digitalizar para crecer, elaborado por México Evalúa, cerca del 86% de la población cuenta con acceso a internet y el 77% de los adultos posee algún producto financiero formal. No obstante, estas cifras no se traducen en transacciones electrónicas frecuentes.
Tan solo el 41.4% de la población adulta realiza o recibe pagos por vías digitales. La situación se vuelve aún más evidente en las transacciones cotidianas de bajo monto: para compras menores a 500 pesos, el 85% de las operaciones se ejecuta utilizando efectivo.
Los límites de la nueva Ley de Economía Digital
Frente a este escenario, la propuesta de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, integrada dentro del Paquete Económico 2027, surge como una respuesta normativa para intentar corregir el rumbo. La iniciativa plantea extender la obligatoriedad en la aceptación de medios electrónicos, incorporar esquemas de identidad digital y otorgar mayores atribuciones a las dependencias reguladoras.
Sin embargo, especialistas señalan que la legislación omite una interrogante fundamental: ¿cuál es el incentivo para que un ciudadano abandone el uso del efectivo? Hoy en día, el dinero físico persiste porque resuelve las necesidades básicas de la población. Es un medio universal, inmediato, confiable y exento de percepciones de costo para el consumidor.
Por su parte, los establecimientos comerciales evitan invertir en infraestructura digital si la demanda de sus clientes sigue volcada hacia el papel moneda, e incluso fomentan su uso mediante descuentos directos. La tecnología por sí misma resulta insuficiente para transformar hábitos arraigados sin una estrategia integral de adopción masiva.
Estrategias clave para impulsar la adopción masiva
Para que la nueva legislación alcance sus objetivos, los expertos proponen complementar las normativas con mecanismos de gobernanza y estímulos económicos directos. Entre las medidas prioritarias destaca la creación de un comité de coordinación interinstitucional que involucre tanto al sector público como al privado, encargado de diseñar una estrategia nacional con metas claras, indicadores públicos y evaluaciones periódicas.
Asimismo, el Estado cuenta con una capacidad de intervención directa a través de sus propias operaciones financieras. Al condicionar la dispersión de apoyos sociales, la asignación de contratos gubernamentales y el pago a proveedores al uso progresivo de canales digitales, el sector público podría modificar las costumbres transaccionales con mayor velocidad que cualquier campaña publicitaria tradicional.
Incentivos fiscales y optimización de regímenes
Fuera del alcance estricto de la ley, los analistas sugieren explorar mecanismos fiscales de carácter experimental y focalizado. Esto incluiría condicionar devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al incremento de compras electrónicas o implementar esquemas de estímulos vinculados a las facturas digitales (CFDI).
De igual manera, se plantea optimizar el uso de los beneficios fiscales contemplados para el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), exigiendo que una proporción mayoritaria de las operaciones de los contribuyentes inscritos se realice por medios electrónicos. Esto permitiría mejorar la trazabilidad fiscal y evitar prácticas de evasión mediante el fraccionamiento de ingresos.
Cualquier modificación normativa debe considerar las disparidades socioeconómicas del país, garantizando que las restricciones al efectivo vayan acompañadas de alternativas seguras y accesibles para toda la ciudadanía.
