La estrecha dependencia fiscal y el desplome del sector minero-energético ponen en jaque la economía colombiana

El peso de la industria de minas y canteras dentro de la estructura macroeconómica del país ha sufrido un descalabro significativo a lo largo de la última década, arrastrando consigo su contribución al fisco nacional. Las estadísticas revelan que la incidencia de este sector en el impuesto de renta corporativa se desplomó de un 36,2% registrado en 2012 a un escaso 6,3% proyectado para 2025.

Este panorama crítico fue analizado con profundidad durante el seminario denominado “Energía para volver a crecer”, un espacio de discusión que congregó a líderes empresariales, representantes gremiales y autoridades gubernamentales para debatir sobre la seguridad de suministro, los retos de la inversión y la crisis energética regional.

Estrategias y soluciones frente a la crisis

Durante el evento, José Ignacio López, al frente de ANIF, enfatizó la urgencia de optimizar los tiempos en la expedición de licencias ambientales, blindar la seguridad jurídica y estimular el desarrollo de nuevos proyectos orientados a la generación de energía.

Por su parte, el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CREE), bajo la dirección del exministro Tomás González, diseñó una hoja de ruta estratégica para el próximo cuatrienio. Dicho plan propone salvaguardar los ingresos provenientes de la industria extractiva como pilar de la reactivación, priorizando simultáneamente la equidad social, la protección ambiental y la estabilidad del sistema.

La propuesta también aboga por acelerar la transición hacia la electrificación y la mitigación climática, asegurando la ejecución de los planes energéticos en estrecha colaboración con las administraciones locales y las comunidades.

“Una apuesta de esta magnitud não es posible de espaldas a las comunidades y va a ser mucho más difícil si no logramos construir consensos reales sobre el futuro energético del país”, advirtió González.

Contracción productiva y un hueco fiscal inevitable

Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) nacional experimentó un crecimiento del 37% entre finales de 2013 y el cierre de 2025, el sector extractivo experimentó una contracción aproximada del 30%. Esta desaceleración explica la pérdida de protagonismo tributario de la industria.

“Estas cifras muestran que la recuperación del sector es una necesidad fiscal: con las finanzas públicas en uno de sus momentos más estrechos, el país no puede prescindir de una fuente de recaudo que en 2012 aportaba más de un tercio del impuesto de renta de las empresas”, puntualizó López.

Desde el CREE insistieron en que minimizar la importancia de los hidrocarburos y la minería generaría un vacío imposible de llenar a corto plazo. Las proyecciones indican que por cada peso que disminuya el PIB petrolero, la economía necesitaría que otros sectores crezcan $2,8 adicionales para compensar la pérdida.

Asimismo, las estimaciones técnicas señalan que 44 centavos de cada peso producido por la actividad petrolera se traducen de forma directa en salarios, utilidades y tributos. Adicionalmente, cada empleo directo en las zonas de extracción dinamiza la creación de cerca de seis puestos de trabajo indirectos en sectores como comercio, servicios y transporte.

El centro de estudios calcula que un achicamiento desordenado de la industria extractiva restaría más de COP$400 billones en transferencias públicas hacia el horizonte de 2050, comprometiendo la financiación estatal destinada a salud, vivienda y programas de superación de la pobreza.

Soberanía energética amenazada por el gas importado

La recesión de la industria extractiva también plantea una seria vulnerabilidad en términos de abastecimiento. Mientras la extracción petrolera permanece estancada, la producción de gas natural encadena diez años consecutivos de retrocesos.

Como resultado directo de esta tendencia, la participación del gas extranjero en el consumo nacional pasó de niveles cercanos a cero hasta alcanzar el 30,8% con corte a julio de 2026. Los expertos alertan que, de no encontrarse nuevos yacimientos locales, la dependencia externa podría escalar hasta el 100% durante la próxima década.

Esta transición abrupta pondría en riesgo la estabilidad tarifaria para los hogares y las empresas, un desafío que se agrava ante la inminencia de choques climáticos adversos como el fenómeno de El Niño. Al respecto, ANIF proyecta que la inflación anual podría cerrar en 6,6%, pero advierte que el indicador treparía al 7,3% si los efectos climáticos golpean con severidad al país.

Mayor presión sobre los costos industriales y la competitividad

El encarecimiento generalizado de los energéticos representa otro factor de presión sobre la economía colombiana. En comparación con las cifras registradas antes de la pandemia, las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles experimentaron un incremento acumulado del 55,5% en el territorio nacional.

Dicho incremento posiciona a Colombia como el segundo país de América Latina con el mayor encarecimiento energético, superado únicamente por Chile, donde el alza llegó al 71,5%. Esta escalada de precios erosiona el atractivo del país para la inversión extranjera y resta competitividad al aparato productivo.

Las fábricas y complejos industriales figuran entre los actores más vulnerables debido a la alta incidencia de los costos energéticos en sus cadenas de valor, lo que eventualmente podría trasladarse a los precios finales pagados por los consumidores en el mercado interno y externo.