El proyecto del Paquete Económico para 2027 contempla un escenario financiero favorable para el sector salud en su conjunto. Al conjuntar los recursos destinados a la Secretaría de Salud, el IMSS-Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, el presupuesto proyectado asciende a 2 billones 641 mil millones de pesos, superando los 2 billones 368 mil millones de pesos aprobados para el ejercicio fiscal previo.
Un incremento con marcado énfasis en el IMSS y las pensiones
Esta asignación representa 272 mil millones de pesos adicionales y un crecimiento real del 8 %, mientras que el presupuesto federal global avanza de forma moderada con un 1.1 %. Sin embargo, un análisis detallado de la distribución de estos fondos revela asimetrías importantes entre las distintas dependencias que conforman el sistema.
Prácticamente ocho de cada diez pesos nuevos dentro del sector se concentran en el IMSS, el cual recibe un incremento de 212 mil 700 millones de pesos. No obstante, casi la mitad de los recursos de esta institución, específicamente el 49.4 %, se destinan a cubrir las pensiones del régimen anterior a 1997. Al descontar este rubro, el presupuesto operativo del instituto experimenta un repunte real del 11.3 %, aunque sus reservas financieras y actuariales muestran una contracción del 5.7 %, al pasar de 31 mil 316 a 30 mil 485 millones de pesos.
Situación del ISSSTE y de la Secretaría de Salud
Por su parte, el ISSSTE se posiciona con un crecimiento mucho más modesto, rondando el 2.8 % real, una cifra que equivale a menos de un tercio del ritmo observado en el Seguro Social. Dado que su gasto también está fortemente condicionado por el pago de pensiones, el margen real disponible para la atención médica resulta considerablemente limitado frente a su asignación total de 571 mil 592 millones de pesos.
En cuanto a la Secretaría de Salud, recibe 72 mil 305 millones de pesos, lo que implica un incremento del 5 % real respecto al año en curso. Aunque este repunte rompe con un ciclo de dos años de estancamiento, al compararlo con el presupuesto de 2024 —que ascendió a 96 mil 990 millones de pesos— se observa que el Ramo 12 se mantiene 32.6 % por debajo de aquel nivel, una reducción influenciada en parte por reasignaciones hacia el IMSS-Bienestar.
Transformación en subsidios y el reto del IMSS-Bienestar
Llama especialmente la atención la disminución en las transferencias de subsidios a los estados y al sector social, las cuales cayeron de 4 mil 529 millones de pesos en 2024 a 452 millones para 2027, lo que representa una baja del 90 %. De esta partida desaparecieron recursos clave para la vigilancia epidemiológica y la prevención de padecimientos como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, constituyendo un cambio en el instrumento operativo cuyo impacto definitivo aún genera incertidumbre.
Paralelamente, el IMSS-Bienestar registra un incremento real del 9 %, alcanzando 193 mil 987 millones de pesos. De este total, 91 mil 718 millones se encuentran etiquetados específicamente para la atención médica gratuita de la población carente de seguridad social, respaldando la meta gubernamental de poner en marcha 12 mil 750 consultorios de atención primaria en 24 entidades federativas a partir de enero de 2027.
El vacío financiero en la portabilidad de servicios
Uno de los temas centrales del debate legislativo se encuentra en el artículo 34 del proyecto de decreto, el cual busca dar sustento presupuestario al Servicio Universal de Salud mediante el intercambio progresivo de servicios entre las distintas instituciones públicas. Aunque la medida pretende garantizar la atención médica al paciente en el hospital disponible más cercano sin importar su afiliación, el mecanismo de financiamiento presenta interrogantes fundamentales.
El texto establece que cada dependencia deberá destinar una previsión de recursos con cargo a su presupuesto ya autorizado, conforme a lineamientos que la Secretaría de Hacienda definiría posteriormente. Sin embargo, en el proyecto actual no figura ninguna cifra, fórmula de compensación, tarifario ni anexo de seguimiento que permita auditar o dimensionar este costo operativo.
Ante este panorama, la Cámara de Diputados enfrenta el desafío de revisar y ajustar el marco presupuestario antes de la fecha límite del 15 de noviembre, exigiendo mayor claridad en las previsiones económicas por institución. Si bien el gasto funcional en salud alcanzará un 2.8 % del PIB —el nivel más alto de los últimos años—, la consolidación de un sistema verdaderamente universal dependerá indispensablemente de la transparencia y solidez en sus reglas financieras de liquidación.
