La deuda soberana de Chile se ubica muy por debajo del promedio de economías con su misma calificación, según Fitch
La situación financiera del Estado chileno destaca positivamente en el escenario internacional. De acuerdo con un informe reciente de la agencia Fitch Ratings, los pasivos gubernamentales del país se encuentran 17,3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) por debajo de la mediana registrada en naciones que comparten una categoría crediticia equivalente dentro de la escala de la calificadora.
Este desempeño macroeconómico llevó a la entidad a ratificar la semana pasada la nota de riesgo soberano de Chile en A-, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva estable para la economía nacional. Para los especialistas de la agencia, la solidez en el nivel de endeudamiento continúa configurándose como uno de los pilares fundamentales y fortalezas primordiales frente a sus competidores regionales y globales.
Comportamiento fiscal y proyecciones de endeudamiento
El análisis financiero subraya que los compromisos monetarios del Estado lograron un punto de inflexión importante. Al respecto, la agencia indicó que “La deuda pública (de Chile) se mantuvo estable por primera vez en dos décadas, en 41,7% del PIB en 2025, favorecida por el fortalecimiento del peso y un deflactor del PIB elevado impulsado por el cobre”.
No obstante, el panorama incluye ajustes en los techos de emisión. Tras las revisiones presupuestarias correspondientes al segundo trimestre del período, la administración central amplió en US$6.200 millones el tope de emisión de deuda para el presente ejercicio, situándolo en un total de US$23.600 millones. Pese a esta ampliación, los expertos económicos estiman que es altamente probable que el fisco no ejerza la totalidad de dicha línea de financiamiento, respaldado por los mejores resultados en las cuentas públicas obtenidos en los últimos meses.
Para el ciclo posterior, las proyecciones anticipan un leve incremento en la relación de pasivos. Se calcula que el indicador de deuda sobre el PIB alcance el 42,8% en 2026, antes de estabilizarse de manera definitiva en torno al 43%. Dicha proporción se mantiene holgadamente inferior al promedio de 59% que caracteriza a los países agrupados dentro de la categoría A.
Sobre esta trayectoria, la calificadora explicó que responde fundamentalmente a un mayor PIB nominal y a un déficit decreciente, elementos que logran compensar las necesidades de financiamiento ubicadas por debajo de la línea y estimadas en un promedio de 1,3% del PIB.
Fundamentos de la nota A- y retos económicos
La confirmación de la calificación de largo plazo en moneda extranjera se sustenta primordialmente en la prudencia fiscal histórica y las estructuras institucionales del país. Entre los factores positivos evaluados figuran la gobernanza del Estado y el historial en la aplicación de políticas macroeconómicas rigurosas, las cuales giran en torno a un esquema riguroso de metas de inflación y un sistema de tipo de cambio flexible.
A pesar de estas fortalezas estructurales, el informe advierte sobre ciertos desafíos persistentes que limitan una mejora mayor en la nota crediticia. Entre ellos sobresalen un ingreso per cápita que permanece rezagado en comparación con sus pares de categoría, una alta vulnerabilidad ante las fluctuaciones de las materias primas en los mercados internacionales, así como métricas de liquidez y endeudamiento externo consideradas relativamente débiles.
Reacciones oficiales y perspectivas de inversión
Desde el Ejecutivo nacional se valoró de manera muy positiva el respaldo de la agencia internacional, asociándolo directamente con la estrategia de consolidación fiscal impulsada de manera sostenida durante los últimos meses. Las autoridades gubernamentales subrayaron que este reconocimiento avala la agenda de reformas orientadas a dinamizar el aparato productivo.
En este contexto, la administración destacó el impulso de iniciativas orientadas a reducir la burocracia estatal y fomentar la reactivación, proyectando una cartera de inversión estimada en US$95.100 millones para el quinquenio que comprende entre 2026 y 2030, con el sector energético y la minería como los principales motores de este flujo de capitales.
Asimismo, el Gobierno recibió con beneplácito las estimaciones de la agencia sobre una contracción gradual del déficit fiscal, fenómeno que el organismo internacional atribuye a una mayor recaudación derivada de la cotización del metal rojo y a un control férreo sobre el gasto público corriente.
