Exige Claudia Sheinbaum a la fiscalía federal esclarecer el origen del histórico decomiso de combustible en Guanajuato
Durante su habitual conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado público a la Fiscalía General de la República para que esclarezca de manera oficial los detalles en torno al aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo detectados en el municipio de San José Iturbide.
La mandataria federal enfatizó que la institución procuradora de justicia debe transparentar si las operaciones intervenidas corresponden a prácticas ilícitas o cuáles fueron los factores determinantes que motivaron la intervención en dicha zona del estado de Guanajuato.
La postura institucional y la autonomía de la fiscalía
Cuestionada por los representantes de los medios de comunicación sobre los avances de esta indagatoria, la titular del Poder Ejecutivo federal recalcó que corresponde estrictamente a la dependencia autónoma dar a conocer los pormenores del caso para evitar especulaciones sobre la soberanía de las investigaciones.
“La Fiscalía tiene que informar si hubo una actividad ilegal o qué fue lo que llevó al aseguramiento de este lugar”, apuntó la mandataria, quien añadió que el operativo fue coordinado directamente por una delegación federal en territorio guanajuatense y que los informes detallados se encuentran en proceso de integración.
Asimismo, la jefa de Estado subrayó la importancia de mantener la separación institucional en este tipo de procesos: “Lo tiene que informar la Fiscalía, así es, porque si lo estuviera informando yo, dirían que no hay autonomía en la Fiscalía”.
Una indagatoria prolongada y el factor empresarial
El hallazgo de este volumen masivo de carburante representa uno de los operativos más relevantes de los últimos años en materia energética. Según los registros de las autoridades federales, la acción legal derivó de una investigación de 76 días en la que los agentes ministeriales recabaron diversos indicios probatorios.
Dicho periodo de seguimiento permitió a los ministerios públicos solicitar y obtener las autorizaciones judiciales de cateo correspondientes, culminando en la intervención de la terminal de almacenamiento señalada por presuntas irregularidades en la distribución de combustibles.
Por su parte, las empresas vinculadas al sitio han manifestado su postura ante las acusaciones preliminares. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo Simsa, emitió un posicionamiento en el que aseguró que sus actividades comerciales e industriales se apegan estrictamente al marco legal vigente.
“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, argumentó el corporativo a través de un comunicado oficial difundido tras los hechos.
Atrae la FEMDO el expediente por alta complejidad
Ante la magnitud de los bienes asegurados y las ramificaciones corporativas del caso, la Fiscalía General de la República decidió turnar el expediente a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada debido a la complejidad técnica y jurídica que envuelve a la carpeta de investigación.
Fuentes federales indicaron que las autoridades ministeriales se encuentran revisando documentación contable, fiscal y comercial, además de sostener entrevistas con diversos directivos de las empresas implicadas, con el firme propósito de esclarecer la procedencia legal y la trazabilidad económica del hidrocarburo retenido.
El avance de las diligencias ministeriales continuará en los próximos días mientras se definen las responsabilidades jurídicas correspondientes y se espera que la FGR emita un informe pormenorizado sobre el destino del energético asegurado en el estado de Guanajuato.
