Impacto económico de un posible apagón en Colombia alcanzaría los 204.000 millones de pesos por hora
El sistema eléctrico de Colombia se encuentra nuevamente bajo presión debido a las recurrentes amenazas climáticas asociadas con la variabilidad atmosférica. Ante un escenario hipotético de interrupción en el suministro, las pérdidas financieras se ubicarían entre los 175.000 millones de pesos y los 204.000 millones de pesos por cada hora de racionamiento, de acuerdo con proyecciones analizadas por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.
Las consecuencias de una falla generalizada golpearían de manera directa a los pilares productivos del país, abarcando actividades industriales, extractivas y comerciales. En conjunto, estos sectores concentran cerca del 24% del producto interno bruto nacional y sostienen aproximadamente el 30% de la fuerza laboral en todo el territorio colombiano.
El alto costo de revivir la crisis de los noventa
Las advertencias sobre la estabilidad del servicio se pusieron sobre la mesa durante el reciente encuentro anual del gremio energético, un espacio marcado por la inquietud generalizada ante la disminución de los caudales y los recursos hídricos disponibles para la generación.
Durante el evento, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, señaló que Colombia lleva más de tres décadas sin enfrentar apagones por falta de energía, periodo en el que se han realizado inversiones para fortalecer el sistema.
A pesar de este historial de resiliencia, los analistas insisten en que el panorama actual está condicionado por el incremento sostenido en el consumo general, las demoras administrativas y operativas en la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura y una menor oferta de respaldo firme.
Un episodio de escasez similar al vivido en la década de los noventa no solo comprometería la estabilidad inmediata, sino que frenaría de golpe el desarrollo macroeconómico. Investigaciones respaldadas por el gremio indican que una crisis de tal magnitud restaría 1,5 puntos porcentuales al crecimiento económico anual y destruiría cerca de 230.000 puestos de trabajo.
Estrategias operativas y el dilema de las reservas
Para sortear la escasez de lluvias sin comprometer la continuidad del servicio, las empresas del sector proponen intensificar la producción mediante plantas térmicas, permitiendo así conservar los niveles de agua almacenada en los embalses principales.
La meta técnica consiste en encarar las temporadas más áridas del año con tanques de reserva óptimos, capaces de cubrir la demanda en momentos críticos donde el recurso hídrico sea insuficiente. Sin embargo, esta táctica operativa conlleva un encarecimiento de los insumos.
Al depender en mayor medida de combustibles de respaldo e hidrocarburos importados, los costos operativos aumentan, lo que eventualmente podría repercutir en las tarifas finales para los usuarios. No obstante, las estimaciones sectoriales calculan que el ajuste en las facturas residenciales se mantendría moderado, oscilando entre el 3% y el 5%, protegido por los mecanismos contractuales vigentes.
Un reto estructural que trasciende las temporadas secas
Más allá de las contingencias climáticas de corto plazo, los expertos alertan sobre un desequilibrio estructural en la matriz energética nacional. Las proyecciones de disponibilidad revelan un déficit potencial frente a la demanda que se ubicaría en el 5,4% para 2026, escalaría al 7,8% en 2027 y se mantendría en el 7,6% hacia 2028.
Estas cifras demuestran que el desafío de abastecimiento no se esfumará tan pronto concluyan las alteraciones climáticas actuales. Resulta indispensable agilizar la culminación de los proyectos de generación que se encuentran en fase de pruebas o construcción, además de asegurar las cadenas logísticas de abastecimiento de gas y carbón.
Garantizar un clima de certidumbre jurídica y económica es visto como el camino idóneo para estimular la llegada de capitales frescos que robustezcan el parque generador. Mientras tanto, las autoridades y las empresas insisten en promover campañas de uso racional de la electricidad, buscando mitigar el estrés sobre la infraestructura y blindar la economía nacional frente al costoso escenario de un apagón prolongado.
