Gobernador de Puebla desata fuerte controversia tras asegurar que mujeres no deben gobernar zonas peligrosas

Declaraciones polémicas en torno a la seguridad y el género

El mandatario estatal de Puebla, Alejandro Armenta, se encuentra en el centro de la polémica luego de argumentar que la designación de hombres en concejos municipales de demarcaciones azotadas por la criminalidad responde a una medida de protección, bajo el argumento de que colocar a una mujer en esos cargos “representaría un riesgo”.

La controversia estalló a raíz de los cuestionamientos públicos sobre la notoria ausencia de mujeres al frente de los concejos municipales nombrados recientemente por el Congreso de Puebla, una situación particularmente visible en aquellas demarcaciones donde los alcaldes titulares han sido aprehendidos o se encuentran bajo investigación judicial.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el jefe del Ejecutivo local defendió su postura al señalar: “Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás, y es muy delicado exponer a una mujer”.

Para ilustrar su perspectiva, el gobernador hizo referencia a los municipios de Tepeyahualco y Esperanza, los cuales arrastran historiales complejos de criminalidad. En el caso específico de Esperanza, avaló la decisión del Poder Legislativo estatal de otorgar el gobierno interino a varones con trayectoria previa en la administración pública.

Asimismo, el político aludió a la presencia del grupo delictivo conocido como Los Rojos, organización que operaría en las zonas limítrofes entre las entidades de Puebla y Oaxaca. “Enviar a una mujer a Tepeyahualco o a Esperanza, donde desmantelaban vehículos; enviar a una mujer donde operan Los Rojos (…) lo considero como un tema de riesgo”, enfatizó.

La intervención institucional en el municipio de Esperanza

El panorama político y social en el municipio de Esperanza experimentó una crisis severa a partir de la captura del entonces alcalde en funciones, Isaac Rodríguez Ochoa, quien fue aprehendido el 7 de septiembre de 2026 durante un despliegue táctico coordinado por instancias federales de seguridad.

Como parte de las acciones derivadas del denominado Operativo Enjambre, las fuerzas del orden ejecutaron 23 cateos simultáneos que culminaron con la captura del presidente municipal, la exdirectora de la policía local y otras siete personas señaladas por presuntos nexos con redes delictivas dedicadas al trasiego de mercancía.

Durante las inspecciones ministeriales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisó un arsenal compuesto por 35 armas de fuego —incluyendo fusiles Barrett de uso exclusivo de las fuerzas armadas—, además de 11 vehículos (algunos dotados de blindaje artesanal), equipos especializados de comunicación y dispositivos aéreos no tripulados.

Ante el vacío de poder provocado por la caída del edil, el Congreso poblano asumió la facultad de intervenir la demarcación para nombrar a los funcionarios que encabezarían de manera provisional el ayuntamiento.

Cuestionamientos ciudadanos y brecha de género institucional

Las afirmaciones del gobernador generaron una ola de indignación en las plataformas digitales, donde diversas colectivas feministas y ciudadanas recriminaron que se cuestione la capacidad técnica y operativa de las mujeres mediante la reproducción de estereotipos patriarcales que las encasillan en roles de vulnerabilidad.

Activistas y defensoras de derechos humanos recalcaron que las deficiencias en materia de seguridad pública y la presencia del crimen organizado no pueden ni deben servir como pretexto para excluir a las mujeres del ejercicio de la función pública y la toma de decisiones. Asimismo, diversos sectores reprocharon la incongruencia de este discurso frente al hecho de que la Presidencia de la República es ocupada actualmente por una mujer.

Por su parte, el mandatario estatal intentó matizar el debate señalando que los problemas estructurales de violencia heredados en estas regiones provienen de gestiones gubernamentales pasadas vinculadas a fuerzas políticas tradicionales como los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El intercambio de opiniones ocurre en un contexto institucional donde la paridad de género aún enfrenta importantes rezagos en el territorio poblano. De acuerdo con las estadísticas disponibles sobre la materia, únicamente 44 de los 217 municipios que conforman la entidad son gobernados por mujeres, una cifra que equivale a menos de una quinta parte del total estatal.

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