Tribunal federal tumba proceso contra excolaborador de Rosario Robles vinculado a la llamada estafa maestra
Un nuevo revés judicial golpea los esfuerzos de la fiscalía mexicana dentro de las investigaciones vinculadas a la red de desvíos conocida públicamente como la Estafa Maestra. En esta ocasión, la justicia federal determinó echar abajo la acusación formal que pesaba sobre uno de los colaboradores cercanos de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, debilitando la postura persecutoria del organismo autónomo en este expediente específico.
Revocan vinculación a proceso en segunda instancia
La decisión estuvo a cargo del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, el cual analizó exhaustivamente los agravios y las constancias que integraban la causa penal. Tras la revisión jurídica de segunda instancia, los magistrados concluyeron que los datos probatorios aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) carecían de la solidez indispensable para sostener un juicio penal en contra del exfuncionario federal.
El imputado beneficiado por esta resolución judicial es Enrique González Tiburcio, quien durante la administración pasada se desempeñó como subsecretario dentro de la dependencia agraria. Con este fallo, el tribunal dejó formalmente sin efecto la determinación judicial previa que lo había dejado sujeto a proceso penal, liberándolo de las acusaciones directas que empañaban su situación legal desde el inicio de las indagatorias ministeriales.
El origen del contrato señalado por la fiscalía
La acusación que la fiscalía federal había formulado contra el excolaborador de Robles Berlanga se centraba en la firma de un convenio específico realizado en el año 2016. Según la hipótesis ministerial, dicho acuerdo administrativo se suscribió de manera irregular, comprometiendo recursos públicos federales bajo esquemas que la dependencia investigadora consideró constitutivos de delito.
Conforme a los registros de la investigación, el instrumento legal cuestionado contemplaba la transferencia de fondos por una cantidad superior a los 100 millones de pesos. Dicho monto fue destinado al Instituto Tecnológico de Comalcalco con el propósito formal de llevar a cabo diversas tareas de campo, específicamente el empadronamiento de las mujeres usuarias que acudirían al Centro Ciudad Mujeres, un complejo social localizado en la región de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero.
Insuficiencia de pruebas y alcance de la sentencia
Para los integrantes del órgano colegiado de apelación, los elementos de prueba presentados por la representación social no lograron demostrar de manera fehaciente la culpabilidad ni la responsabilidad penal de González Tiburcio en la firma y ejecución del convenio con la institución educativa. Ante la falta de argumentos incriminatorios sólidos que justificaran mantener la medida procesal, los juzgadores optaron por revocar el auto de vinculación.
No obstante el impacto mediático y político de este fallo, las autoridades judiciales aclararon que esta determinación se circunscribe estrictamente al análisis particular de la situación jurídica del exsubsecretario. Por lo tanto, la resolución no representa un posicionamiento definitivo ni un fallo general absolutorio sobre el entramado global de las indagatorias relativas a la red de contratos irregulares celebrados entre diversas secretarías de Estado y universidades públicas durante el sexenio anterior.
