Mercado bursátil peruano proyecta la puesta en marcha de su cámara de riesgo para 2027
El sistema financiero de Perú avanza de manera sostenida hacia una transformación estructural profunda en su mercado de capitales. Las autoridades regulatorias del país andino han fijado una hoja de ruta clara para dotar a la plaza bursátil de una infraestructura largamente esperada por los inversionistas y los intermediarios financieros. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el país sudamericano prevé consolidar la puesta en marcha de una entidad especializada en la gestión de riesgos transaccionales durante los primeros seis meses del año 2027.
Avances normativos y el rol de la Superintendencia
Juan Pichihua Serna, superintendente del Mercado de Valores de Perú, detalló que el proceso regulatorio ha superado fases cruciales. Durante el mes de junio, el organismo supervisor sometió a consideración ciudadana y del sector privado un conjunto de modificaciones normativas destinadas a transformar el marco de actuación de las entidades dedicadas a la compensación y liquidación de valores. Tras valorar las observaciones y comentarios recogidos durante este periodo de consulta, el directorio de la institución dio luz verde a la propuesta definitiva.
La normativa actual presenta un vacío operativo que las autoridades buscan subsanar con urgencia. Si bien las instituciones de compensación y liquidación tienen entre sus mandatos teóricos asumir funciones de contraparte central y mitigar riesgos, la firma que opera actualmente en el mercado peruano, denominada Cavali, carece de estas atribuciones debido a la ausencia previa de una regulación específica que lo permita.
Para solucionar esta limitación estructural, el proyecto normativo aprobado será remitido próximamente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Su destino inmediato será la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, instancia encargada de evaluar la concesión de una dispensa frente al análisis de impacto regulatorio ordinario. El superintendente expresó optimismo respecto a esta tramitación burocrática, estimando que “esperamos que este trámite sea muy rápido y no dure más de unas semanas”.
Cronograma hacia la autorización operativa
Siguiendo el calendario trazado por el regulador, la promulgación oficial del reglamento definitivo podría concretarse en la recta final del próximo año, específicamente en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2026. A partir de esa ventana temporal, el proceso entrará en una fase netamente operativa donde los actores interesados deberán gestionar formalmente las licencias de organización y funcionamiento.
El máximo representante del ente supervisor profundizó en los plazos y los pasos subsiguientes tras la promulgación legal: “De esta manera, para el último trimestre, entre octubre y diciembre, ya deberíamos tener un reglamento publicado y continuar con los pasos operativos para que se pueda solicitar la autorización de organización y el licenciamiento de funcionamiento de una entidad central de contrapartida que, como bien señalaste, actualmente no tenemos”, puntualizó Pichihua.
Retos tecnológicos y gestión integral de riesgos
El camino hacia la apertura formal de esta infraestructura financiera no estará exento de complejidades técnicas. Una vez obtenida la venia regulatoria, la institución seleccionada deberá desplegar una serie de mecanismos de alta exigencia vinculados a su gobernanza operativa, sus protocolos de seguridad informática y sus políticas de control de contingencias.
La implementación incluirá la adecuación estricta de normativas internas, el diseño de planes de continuidad y el fortalecimiento de un sistema transversal para contener exposiciones financieras adversas. Entre las prioridades institucionales figurará la capacidad de respuesta ante escenarios críticos de impago por parte de los participantes, así como la protección reforzada frente a incidentes cibernéticos u otros eventos fortuitos que amenacen con paralizar las operaciones bursátiles cotidianas.
Al respecto, la máxima autoridad del mercado de valores advirtió sobre la naturaleza crítica de estos preparativos: “En particular, si ocurrieran ciberataques u otros eventos que pudieran implicar paralizaciones, necesitamos que la entidad garantice un fondo de liquidación y establezca las garantías correspondientes”.
Asimismo, los protocolos exigirán que la plataforma tecnológica supere rigurosas pruebas de estrés y simulacros de ataques digitales. De igual forma, se demandarán herramientas automatizadas para agilizar la recuperación de la operatividad y la emisión inmediata de alertas tempranas ante movimientos inusuales en la plaza financiera. “De modo que la restitución de la capacidad operativa sea relativamente simple y que, obviamente, los reportes de alerta ante cualquier situación de mercado puedan ser generados también de manera rápida”, añadió el funcionario.
Debido a la magnitud técnica que entraña cumplir con estos rigurosos estándares de seguridad y supervisión, el liderazgo regulador mantiene prudencia y sitúa en el horizonte del primer semestre de 2027 la culminación exitosa de este proyecto fundamental para el desarrollo económico del país.
