El panorama más adverso de las cuentas públicas
El proyecto del Presupuesto 2027 presentado por la administración De la Espriella contempla un panorama financiero sumamente complejo, calculando un déficit fiscal de 9,4% del PIB para el próximo año. Esta cifra representa el mayor desbalance en las cuentas de la nación en los últimos tiempos, impulsada por un gasto total proyectado en COP$634,9 billones, lo que significa un incremento de COP$60 billones en comparación con el nivel heredado por el gobierno anterior.
De acuerdo con un reporte elaborado por el equipo de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, este incremento no obedece a un aumento discrecional del gasto, sino a un ejercicio de sinceramiento de las cuentas fiscales. Dicho proceso refleja presiones acumuladas en rubros sensibles como el sistema pensional, la salud, la nómina estatal, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y, de manera muy significativa, el servicio de la deuda externa e interna.
Específicamente, el costo de la deuda aumentó en COP$37,4 billones bajo la premisa conservadora de que la administración no realizará operaciones de refinanciación o roll-over sobre los vencimientos de la deuda interna programados para 2027. Del total del incremento presupuestal, aproximadamente COP$30 billones corresponden a ese sinceramiento contable, mientras que los otros COP$30 billones se derivan del supuesto de que el Ejecutivo no implementará medidas previas para aligerar las amortizaciones de dicho periodo.
El riesgo inercial y el impacto de los ingresos no recaudados
La estrategia del Ejecutivo consistió en plasmar un escenario estrictamente inercial, es decir, el resultado financiero que se obtendría si el Estado adoptara una postura pasiva sin aplicar correctivos adicionales. Este mismo modelo de proyección ya había situado el déficit para el cierre de 2026 en 7,2% del PIB, incorporando un recorte de gastos por COP$21,9 billones, de los cuales COP$16,3 billones son de carácter obligatorio por ley —derivados de la no aprobación de la anterior reforma tributaria— y COP$5,6 billones corresponden a recortes discrecionales.
Por su parte, el centro de pensamiento económico ANIF advirtió que este deterioro fiscal se gesta principalmente porque el balance primario para 2027 pasó de un saldo negativo de 0,5% del PIB (calculado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo) a un déficit de 4,5% en el nuevo Plan Financiero. Dicho cambio obedeció a la exclusión de COP$30,2 billones en ingresos tributarios contingentes que dependían de una iniciativa legislativa que finalmente nunca cursó trámite en el Congreso.
La estrategia oficial para evitar el colapso financiero
Para contrarrestar la posibilidad de alcanzar el umbral del 9,4%, el Ministerio de Hacienda apostó por un punto de partida sumamente riguroso. De este modo, cualquier medida posterior de contención del gasto, optimización de ingresos o mejora macroeconómica se traducirá en un alivio financiero y no en una sorpresa negativa, evitando el error de administraciones pasadas que presupuestaban ingresos basados en reformas inciertas.
En este sentido, el ministro de Hacienda anunció la radicación de una Ley de Ajuste Fiscal orientada a recortar el déficit en 2,2 puntos del PIB —cerca de COP$45 billones— para lograr estabilizarlo en 7,2% al finalizar 2027. No obstante, el propio Gobierno admite que, incluso cumpliendo esta meta, el indicador se mantendría como el segundo más elevado de la historia moderna del país, únicamente superado por el registro histórico de la pandemia.
Entidades financieras internacionales como Goldman Sachs y Citi estiman que, si la mencionada ley obtiene luz verde en el legislativo, el déficit se movería en una horquilla de entre 7,2% y 7,4% del PIB. A pesar de ello, instituciones como JPMorgan advierten que la aprobación de este marco legal constituye el riesgo clave de ejecución para la viabilidad de las finanzas públicas.
Alternativas para la sostenibilidad y necesidades de financiamiento
Adicionalmente al trámite legislativo, el Banco de Bogotá identifica tres palancas complementarias que permitirían blindar la economía sin depender exclusivamente del Congreso. Estas incluyen una gestión activa de la tesorería orientada al canje de deuda para disminuir las amortizaciones internas en al menos COP$32 billones; un incremento moderado del salario mínimo en un rango de 8% a 9% que desindexe las presiones inflacionarias sobre las pensiones; y una reducción en la prima de riesgo país que abaratara el costo global de financiación.
Las repercusiones en el mercado de deuda ya son tangibles. El cupo de emisión de TES para 2026 se elevó de COP$85,25 billones a COP$110,25 billones, y el Ministerio de Hacienda anticipó una nueva colocación de bonos en los mercados internacionales por aproximadamente US$3.000 millones. De persistir la inercia sin ajustes, la oferta de TES en 2027 podría rebasar los COP$150 billones y las necesidades de endeudamiento externo escalarían hasta los US$26.100 millones, marcando máximos históricos que pondrían a prueba la capacidad de absorción del mercado local.
