Garantiza nueva Suprema Corte estabilidad financiera y certidumbre para los capitales, sostiene Hugo Aguilar Ortiz

Garantiza nueva Suprema Corte estabilidad financiera y certidumbre para los capitales, sostiene Hugo Aguilar Ortiz

Durante la presentación de su informe de labores al cumplirse el primer año de gestión de la primera generación de magistrados elegidos mediante el sufragio ciudadano, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que las determinaciones emitidas por los nuevos órganos impartidores de justicia otorgan bases sólidas a los capitales y al desarrollo económico nacional.

Un sistema autónomo comprometido con la Carta Magna

Ante la presencia de la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, así como de los líderes de ambas cámaras legislativas y diversos representantes del sector jurídico, Aguilar Ortiz enfatizó que el máximo tribunal del país opera bajo estrictos principios de independencia y soberanía institucional, deslindándose por completo de presiones coyunturas o intereses particulares.

“Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, aseveró el ministro presidente durante su discurso oficial.

Asimismo, envió un mensaje directo a las diferentes fuerzas políticas, comerciales y agrupaciones civiles del país al recalcar que la ciudadanía y los sectores productivos pueden respaldarse en una institución renovada que prioriza el rigor técnico y la claridad jurídica en un contexto de profunda transformación nacional.

“Certidumbre, porque el desarrollo nacional necesita confianza para invertir, innovar y consolidar un Estado de derecho a la altura de la época, y confianza, porque después de muchos años todas y todos tienen un lugar en la patria”, ahondó el funcionario judicial.

Crítica severa al modelo judicial del pasado

En el espacio destinado a los murales históricos del edificio sede en la capital del país, y arropado por numerosos asistentes, el representante del poder judicial realizó un balance crítico respecto al funcionamiento que caracterizó a las administraciones anteriores de la SCJN.

El magistrado calificó la estructura heredada como un aparato burocrático lento, aislado de las demandas ciudadanas y carente de mecanismos efectivos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad.

Bajo esta perspectiva, apuntó que la ciudadanía mexicana ejerció su derecho soberano para transformar radicalmente un sistema que históricamente había convertido el acceso a la impartición de justicia en un privilegio exclusivo para los sectores más acomodados.

“Decidió cerrar los métodos que hicieron del Poder Judicial el espacio al que solo accedían los más acomodados de la sociedad, el reducto donde el derecho se convirtió en obstáculo para el cambio y el foro desde el cual, con lenguaje elegante y elitista, se daba la espalda al pueblo”, puntualizó.

Cifras del primer año de ejercicio

Al detallar el volumen de trabajo atendido por la actual integración del alto tribunal, el ministro informó que se recibieron 15 mil 51 expedientes, cifra que contempla el rezago heredado por la administración pasada. De este total global, las ponencias lograron concluir satisfactoriamente 13 mil 231 asuntos, divididos en 2 mil 640 resoluciones a cargo del pleno y 10 mil 591 acuerdos sustanciados.

“Esto significa que resolvimos 88% de todo lo ingresado”, destacó el presidente de la SCJN al ilustrar el ritmo de trabajo implementado durante este ciclo inicial.

De igual manera, advirtió que aún subsisten inercias y prácticas burocráticas ancladas en modelos tradicionales que se resisten a la modernización, por lo que exhortó a todos los colaboradores y trabajadores del organismo a comprometerse con este nuevo paradigma de servicio público.

Para finalizar su intervención, el ministro presidente sentenció que han quedado atrás las viejas costumbres de archivar expedientes en los escritorios o utilizar los recursos legales del tribunal para obstaculizar procesos en beneficio particular, reiterando que los expedientes que hoy en día reciben trámite responden estrictamente a criterios de relevancia e impacto social.

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