El ocaso del sistema electoral mexicano y el inminente riesgo de violencia política de cara al futuro
El cierre formal de la breve transición democrática en México se consumó a lo largo del proceso federal de 2024. Aunque los comicios de 2021 ya habían evidenciado anomalías severas, como la intromisión abierta de células del crimen organizado en favor de determinadas fuerzas partidistas, el marco normativo e institucional todavía mantenía vigencia general. Aquellas deficiencias no recaían exclusivamente en las autoridades electorales, sino en la estructura misma del Estado mexicano.
La situación dio un giro radical en 2024, un escenario marcado por la falta absoluta de equidad, campañas anticipadas prolongadas durante años, el uso faccioso de recursos públicos y la intervención directa desde la Presidencia. Ante estas irregularidades, el Instituto Nacional Electoral optó por la pasividad. Posteriormente, la combinación de resoluciones entre el propio instituto y el Tribunal Electoral derivó en una sobrerrepresentación que otorgó a Morena y sus aliados 20 puntos porcentuales que no obtuvieron en las urnas, un hecho calificado por analistas como un golpe de Estado técnico.
Un panorama adverso rumbo a las elecciones intermedias
Las perspectivas de cara a la contienda intermedia de 2027 anticipan un escenario aún más complejo. Actualmente, la integración del consejo general del INE responde a intereses partidistas afines al oficialismo. Esto se refleja en el hostigamiento constante contra organizaciones civiles opositoras, las cuales han sido forzadas a modificar su identidad gráfica y denominación. Asimismo, se han eliminado candados históricos, permitiendo que miles de beneficiarios de programas sociales, conocidos como «siervos de la nación», participen como observadores electorales.
A esta serie de cuestionamientos se suma la incapacidad institucional para frenar el proselitismo anticipado y la omisión ante alertas sobre posibles irregularidades en el manejo de las boletas. La gestión actual del órgano electoral ha demostrado una tendencia a coartar la libre expresión tanto de actores políticos contrarios como de ciudadanos críticos, convirtiendo la incompetencia administrativa en una amenaza directa para el debate público.
La magnitud del próximo proceso y la ruptura institucional
El horizonte electoral contempla una renovación sin precedentes en la historia reciente del país. Estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, cifra que incluye 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara baja con 500 diputados federales, además de cerca de 2 mil presidencias municipales y congresos locales. Todo este entramado sucederá bajo la tutela de un árbitro debilitado y carente de autonomía real.
Este proceso cierra un ciclo histórico que comenzó a gestarse a mediados de la década de 1980, cuando facciones políticas desplazadas del poder comenzaron a articular demandas bajo la bandera de la democratización. Con el paso de los años, diversas corrientes confluyeron en un bloque opositor que, al llegar a los espacios de decisión, reprodujo prácticas de confrontación y erosión de los acuerdos institucionales fundamentales.
La pérdida de efectividad de las urnas como mecanismo legítimo de decisión devuelve al país a dinámicas similares a las de hace cuarenta años, donde los conflictos postelectorales definían a las autoridades. En un contexto nacional marcado por la expansión del crimen organizado y la proliferación de armas de fuego, la ausencia de cauces democráticos funcionales traslada la disputa por el poder hacia terrenos peligrosos. La función primordial de la democracia radica precisamente en garantizar la transmisión pacífica del mando, un principio cuya erosión compromete la estabilidad general de la nación.
