Rogelio Ramírez de la O recupera influencia con la nueva normativa contra capitales chinos
La propuesta para transformar la Ley de Inversión Extranjera dentro de la actual administración no surgió de imprevisto en semanas recientes. De acuerdo con información recabada al interior de las finanzas públicas, la estrategia se encontraba preparada desde el arranque del sexenio y fue impulsada en su origen por Rogelio Ramírez de la O durante su titularidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Una estrategia coordinada para la agenda internacional
Tras su transición como asesor de la presidencia, el exfuncionario retomó la iniciativa junto al actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en un periodo crítico para las conversaciones bilaterales sostenidas en Washington. La influencia de Ramírez de la O en el tablero político ya se había evidenciado previamente con el nombramiento de su cercano colaborador Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos.
Con este nuevo movimiento, el exjefe de Hacienda demuestra sintonía con las prioridades de la Unión Americana. Al interior del gobierno federal se reconoce que la normativa busca restringir los capitales provenientes de China en sectores fundamentales para la economía nacional, especialmente mientras el bloque oficialista se prepara para la revisión del T-MEC.
Un alto ejecutivo con conocimiento directo de los procesos diplomáticos señaló al respecto: «No lo llamaría como condiciones formales, pero sí es una petición desde el Tesoro y el USTR». La presentación oficial de la iniciativa ocurrió a finales de agosto, en el mismo periodo en que Ebrard viajaba al país vecino para abordar aranceles en la industria automotriz, del acero y del aluminio, además de discutir las reglas de origen y las cadenas de suministro.
Inquietudes y reacciones del sector empresarial
Si bien los liderazgos corporativos reconocen que la propuesta alinea al país con los estándares de la OCDE, también advierten riesgos de que se incremente la volatilidad económica. Uno de los puntos más debatidos es la inclusión del gabinete de seguridad dentro del comité encargado de avalar la llegada de recursos extranjeros cuando estos superen el 49% de participación en compañías mexicanas, lo cual es interpretado por el sector privado como un símbolo de mayor intervencionismo estatal.
Otra modificación que causa escepticismo es la supresión de la afirmativa ficta para sustituirla por la negativa ficta, un cambio que, según los empresarios, podría generar mayores retrasos burocráticos. José Medina Mora, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó severamente el periodo elegido para lanzar la reforma al señalar que «No es el momento», sobre todo cuando se busca proyectar certidumbre a los mercados.
A pesar de los reparos del sector privado, los cálculos en Palacio Nacional respondían a la necesidad de establecer mecanismos estrictos de trazabilidad para el origen del dinero extranjero. Para analistas especializados como Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), la medida resulta coherente con los compromisos internacionales del país.
«Esta nueva ley sería congruente con los capítulos respectivos de los tratados que México tiene: el TPP, el T-MEC y el TLCUEM. Además, homologa la metodología para registrar la IED entre Banxico y Economía», puntualizó el especialista, quien destacó que el gobierno federal tendrá que intensificar el diálogo y el cabildeo con los empresarios para mitigar las resistencias iniciales.
