Exigiendo que rinda cuentas ante un tribunal estadounidense, Derek Maltz, quien fuera titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), manifestó públicamente que México debería entregar al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las declaraciones del exfuncionario norteamericano se producen en un contexto de alta tensión política, marcado por señalamientos que vinculan a diversos actores políticos con las estructuras del narcotráfico.
La exigencia de un juicio en territorio estadounidense
A través de sus plataformas digitales, el exmandos de la agencia antidrogas insistió en que Rubén Rocha sea expulsado de México y trasladado hacia un juzgado en Nueva York para enfrentar la justicia en un tribunal federal en Estados Unidos. Aunque el exfuncionario reconoció formalmente que el exmandatario estatal es inocente hasta que se demuestre lo contrario, subrayó que la gravedad de los señalamientos amerita un proceso penal exhaustivo.
La postura de Maltz estuvo acompañada de una fuerte carga simbólica en internet, donde compartió una gráfica generada mediante inteligencia artificial que simulaba el arribo del político sinaloense a una instalación de seguridad custodiada por elementos federales de su país. ¡Espero que veamos su llegada pronto!, escribió el exdirector de la DEA en redes sociales, avivando la discusión bilateral sobre la rendición de cuentas de servidores públicos latinoamericanos ante cortes extranjeras.
Movimientos políticos y separación de bancadas en México
En el ámbito nacional, las repercusiones de estos señalamientos provocaron una serie de reacomodos institucionales y políticos en los últimos 10 días. Tras un proceso de idas y vueltas donde la mandataria federal Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena evaluaron la situación, Rocha Moya solicitó formalmente una licencia definitiva que fue ratificada por el Congreso local, permitiendo la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina.
Paralelamente, en el Poder Legislativo federal se registraron tensiones significativas. Enrique Inzunza comunicó su decisión de apartarse formalmente de la bancada oficialista en el Senado de la República. El legislador argumentó que su salida busca no dar elementos para cuestionar a la 4T y evitar que la oposición utilice su situación jurídica como herramienta de golpeteo político contra el movimiento y contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró el blanco final de dicha ofensiva.
La defensa ante la falta de evidencias formales
Durante su posicionamiento, el senador hizo énfasis en que, a más de tres meses de haberse lanzado las acusaciones desde el extranjero, las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas contundentes que sustenten los presuntos nexos con la facción criminal de Los Chapitos, ni en su contra ni respecto a los demás funcionarios señalados del estado de Sinaloa.
Frente a este panorama de señalamientos internacionales y disputas legislativas, Inzunza ratificó que asumirá su defensa por la vía estrictamente personal, manteniendo sus responsabilidades parlamentarias como legislador sin partido de cara al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
