El gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, desmintió categóricamente haber recibido algún tipo de comunicación formal, citatorio o notificación oficial por parte de instancias judiciales, tanto nacionales como extranjeras, respecto a una supuesta indagatoria en su contra vinculada con el crimen organizado.
Las declaraciones del mandatario estatal, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se producen a raíz de un trabajo periodístico difundido recientemente por la cadena de televisión mexicana N+, el cual señalaba la existencia de expedientes abiertos en territorio estadounidense.
Rechazo categórico y acusación de propaganda
Durante una conferencia de prensa realizada el viernes, el jefe del Ejecutivo tamaulipeco calificó los señalamientos en su contra como totalmente falsos y aseguró que se trata de un ejercicio de propaganda política disfrazada de noticia que busca dañar su imagen pública y la de su administración.
“Jamás he recibido notificación, citatorio o comunicación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense que me informe que exista una investigación en mi contra relacionada con delito alguno”, afirmó de manera contundente el político.
Asimismo, el gobernador anunció que ya solicitó de manera formal ejercer su derecho de réplica ante el medio de comunicación involucrado, exigiendo que se difunda su postura de forma íntegra para aclarar los señalamientos que lo relacionan con actividades ilícitas durante procesos electorales pasados.
El contexto de las indagatorias periodísticas
El reportaje difundido por N+ apuntaba que diversas agencias de seguridad e inteligencia en Estados Unidos habrían abierto expedientes de investigación contra Américo Villarreal y contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, bajo la presunción de delitos como lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas políticas ocurridas en los años 2021 y 2022.
Dicha investigación periodística se sustentaba en testimonios y registros audiovisuales de operadores políticos y financieros. No obstante, el caso generó controversia debido a que una de las fuentes citadas en el trabajo, identificada como Jocelyn Hernández Jiménez, declaró posteriormente que sus expresiones habían sido sacadas de contexto y manipuladas.
Ante esta situación, el mandatario tamaulipeco reprochó que se revivan acusaciones del pasado sin aportar elementos probatorios novedosos y restando peso a las aclaraciones públicas que desmienten dichos vínculos.
El antecedente de Sinaloa y la presión política
La controversia actual se inserta en un escenario político más amplio marcado por los señalamientos que el gobierno de Estados Unidos formuló en el mes de abril contra Rubén Rocha Moya y otros actores políticos sinaloenses, a quienes se acusó de brindar protección operativa a células delictivas, específicamente a la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
A pesar de haber rechazado inicialmente los cargos, Rocha Moya solicitó licencia al cargo el pasado 1 de mayo para facilitar las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR). Tras retomar brevemente sus funciones el 21 de agosto, luego de pasar 112 días apartado del puesto y asegurar que no existían pruebas en su contra, su regreso desató fuertes fricciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la dirigencia de su propia fuerza política.
Ante la presión institucional y los llamados de la Secretaría de Gobernación para esclarecer la solicitud de información enviada al vecino país del norte, el Congreso del estado de Sinaloa aprobó nuevamente la separación definitiva del cargo para el político sinaloense.
Mientras tanto, el gobierno de Tamaulipas mantiene su postura de defensa legal y política, exigiendo mesura informativa y rechazando cualquier vinculación con estructuras delictivas transnacionales.
