Nueva política migratoria genera zozobra en territorio colombiano
Las recientes directrices emitidas por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para poner en marcha operativos de control y expulsión de extranjeros en situación irregular han provocado un clima de profunda incertidumbre. La medida, anunciada de manera enérgica desde la ciudad de Barranquilla, pone en la mira principal a miles de ciudadanos venezolanos que aún no han logrado legalizar su situación documental dentro del territorio nacional.
Durante su intervención, el mandatario conservador fue enfático al señalar las prioridades de esta estrategia de seguridad y control fronterizo.
“Que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales: primero, los que están cometiendo delitos; segundo, los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia (de inmediato) tendrán que ser deportados”, aseguró el conservador mandatario el domingo en esa ciudad del norte del país.
Ante este escenario, representantes legales y organizaciones sociales han reportado un incremento exponencial en las consultas de ciudadanos extranjeros que intentan comprender el impacto real de estas directrices en su vida diaria. Los temores se multiplican debido a la magnitud de la presencia venezolana en el país sudamericano.
El impacto demográfico y los retos institucionales
Colombia se ha consolidado como el principal destino de acogida para la diáspora venezolana en la región, al albergar a 2.8 millones de migrantes procedentes de esa nación, según datos oficiales. Este flujo masivo forma parte de los casi siete millones de personas que han abandonado su país durante la última década como consecuencia de la prolongada crisis política y social.
Registros públicos de Migración Colombia indican que en la actualidad existen más de 527.000 venezolanos que ingresaron o permanecen en el país sin cumplir con las normativas migratorias vigentes. Sin embargo, al ser consultados sobre la puesta en marcha de estas nuevas directrices, fuentes de la entidad administrativa señalaron que aún está pendiente la posesión del nuevo director, quien asumirá la responsabilidad de coordinar las medidas de control y los eventuales procesos de deportación.
Desde su etapa de campaña electoral, De la Espriella había manifestado afinidad con las posturas del presidente estadounidense Donald Trump, advirtiendo que implementaría medidas drásticas contra aquellos ciudadanos extranjeros que infringieran las leyes nacionales.
Por su parte, expertos en materia migratoria advierten sobre las complejidades logísticas y geográficas que enfrenta el Estado colombiano. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, destacó que la frontera común supera los 2.200 kilómetros y cuenta con numerosos pasos informales.
“El Estado colombiano, a diferencia de otros países que pueden jugar un poco con la dinámica de la contención o incluso de la expulsión, no tiene capacidad para hacer eso”, explicó Rodríguez. “Más se demora y más gasta el Estado colombiano en trasladarlos hasta la zona de frontera y entregar a las autoridades migratorias, que esa persona en volver”, agregó.
Exigen alternativas y advierten riesgos de xenofobia
Organizaciones no gubernamentales han hecho un llamado urgente al Ejecutivo para evitar la persecución indiscriminada y abrir canales de diálogo que permitan canalizar la situación de la población venezolana. Ana Karina García, al frente de la Fundación Juntos Se Puede, enfatizó la necesidad de establecer mecanismos viables de regularización.
“No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización, porque recordemos que el Estatuto Temporal de Protección se encuentra cerrado desde hace más de tres años”, aseguró García.
Asimismo, los líderes comunitarios alertan sobre el peligro de que estas medidas gubernamentales potencien conductas xenófobas entre la ciudadanía local, alimentadas por la asociación directa entre criminalidad y flujos migratorios.
“Obviamente esto dispara la xenofobia porque la gente no mide cuando habla del tema de deportar”, aseguró Arles Pereda, presidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, quien añadió que el malestar se acrecienta al observar un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en otras naciones sudamericanas como Chile, Perú y Ecuador.
