Claudia Sheinbaum valora perfil de Mónica Soto para el gobierno, aunque la ley frena su incorporación
La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó abierta la posibilidad de que la magistrada electoral Mónica Soto Fregoso se sume a la administración federal tras su reciente dimisión al cargo. No obstante, el marco legal vigente establece restricciones temporales específicas que imposibilitan su integración inmediata en el aparato gubernamental actual.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal abordó el futuro profesional de la juzgadora y reconoció sus capacidades técnicas y desempeño institucional. “Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento”, declaró al ser cuestionada directamente sobre la probable incorporación de la exfuncionaria a las filas de la autodenominada cuarta transformación.
Durante su gestión al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Soto Fregoso mantuvo determinaciones jurisdiccionales que en diversas ocasiones coincidieron con los intereses políticos del bloque gobernante, un factor que la colocó frecuentemente en el centro del debate público nacional.
Impedimentos legales y restricciones normativas
A pesar de la apertura manifestada desde el Poder Ejecutivo, la legislación mexicana impone candados estrictos para los juzgadores electorales que concluyen sus funciones de manera anticipada. Específicamente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe de manera tajante que la magistrada asuma un empleo dentro del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo federal o local.
Esta restricción aplica de forma directa sobre aquellos cargos cuyas elecciones hayan sido calificadas formalmente durante el periodo en el que el funcionario se desempeñó como impartidor de justicia electoral, tal como ocurrió con la contienda presidencial que validó la propia institución. El periodo de restricción establecido en la norma se extiende hasta por dos años posteriores a la conclusión del encargo. El incumplimiento de esta disposición contempla sanciones económicas severas, con multas que oscilan entre los 400 y 800 días de salario.
Postura presidencial ante la renuncia y el Congreso
Por otro lado, la titular del Ejecutivo evitó emitir valoraciones críticas respecto a la decisión del Congreso de la Unión de avalar la dimisión de la magistrada, a pesar de que la solicitud no estuvo acompañada por una justificación de causa grave, requisito que constitucionalmente se exige para aceptar la separación voluntaria de un puesto de esta naturaleza.
“No, no voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del Tribunal. Considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse. Y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal”, expresó la mandataria, al tiempo que reiteró su reconocimiento a la conducción que Mónica Soto mantuvo tanto en calidad de integrante del pleno como en su posición como presidenta del órgano jurisdiccional.
Impacto institucional rumbo a los procesos electorales
Ante las dudas sobre el funcionamiento operativo del máximo tribunal en materia electoral de cara a los comicios intermedios y la renovación de gubernaturas programada para los próximos años, la presidenta minimizó las consecuencias de mantener vacante dicho espacio dentro de la estructura tribunalicia.
La jefa del Estado mexicano recordó que los vacíos institucionales o las ausencias de magistrados no paralizan el desarrollo constitucional de los procesos electorales del país. Asimismo, recordó que tras las modificaciones derivadas de la reciente reforma judicial, los nuevos integrantes del tribunal deberán emanar de procesos de elección popular, por lo que será necesario aguardar a los comicios correspondientes para la integración definitiva del pleno.
