Exalmirante vinculado al huachicol fiscal ingresa al penal del Altiplano y FGR anuncia más capturas
Las autoridades federales mexicanas confirmaron que el exalmirante de la Secretaría de Marina señalado como presunto cabecilla de una compleja estructura de contrabando de combustible fue ingresado formalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México. La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, advirtió durante una conferencia de prensa que este traslado forma parte de una indagatoria en curso que derivará en la emisión de nuevas órdenes de aprehensión contra otros probables implicados en el fraude fiscal.
El caso cobró relevancia nacional cuando las instituciones de seguridad detectaron un cargamento irregular en el puerto de Altamira, Tamaulipas. En dicho punto, las autoridades interceptaron un buque que transportaba 8 millones de litros de combustible no reportado, maniobra con la cual los operadores buscaban evadir de manera sistemática las obligaciones fiscales correspondientes ante la hacienda pública.
Modus operandi de la red criminal de contrabando de hidrocarburos
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, la estructura delictiva operaba mediante una red de complicidades institucionales. “Con la participación de servidores públicos deshonestos, se realizaba el transporte y distribución de los combustibles a través de empresas legalmente constituidas”, explicó Ernestina Godoy al detallar el esquema que facilitaba la introducción ilegal de energéticos al territorio nacional.
Las pesquisas ministeriales han documentado que las actividades ilícitas de esta organización se extendieron por diversas entidades federativas, abarcando operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Derivado de estas acciones de fiscalización y persecución penal, los operativos conjuntos han permitido hasta el momento la detención de al menos 15 personas presuntamente involucradas en la red.
Asimismo, la dependencia federal aclaró los detalles legales en torno a la repatriación del exmando naval. La FGR precisó que no se trató propiamente de un proceso de extradición tradicional, sino de una expulsión procedente de Argentina, nación a la que el exalmirante había ingresado en abril utilizando documentación falsa para evadir la acción de la justicia mexicana. Para concretar este movimiento operativo, la institución ministerial reconoció el respaldo diplomático de la Cancillería de Argentina y la cooperación de agencias de los Estados Unidos.
Imputaciones legales y control aduanero
Las líneas de investigación apuntan a que el exalmirante encabezaba la red de contrabando de hidrocarburos en colaboración directa con su familiar cercano. El puesto estratégico que ocupaba dentro de la administración pública le habría otorgado el control sobre áreas sensibles de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), facilitando la ejecución de los ilícitos.
El mecanismo consistía en introducir masivas cantidades de carburantes desde la frontera norte mediante la falsificación de documentos oficiales. Las declaraciones aduaneras presentadas falseaban la naturaleza de la carga, registrando la gasolina o el diésel bajo la clasificación comercial de aceites lubricantes, lo que permitía burlar los controles fiscales y no pagar los aranceles establecidos.
Por estos hechos, la FGR fincó cargos formales contra el exmando naval por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Adicionalmente, el expediente judicial en su contra incluye acusaciones graves por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y el delito de defraudación fiscal equiparada.
