Investigan vínculos entre Alejandro Arcos Romero, operador financiero ligado a la mafia rumana, y figuras clave de Morena
El partido político Morena enfrenta un nuevo escrutinio público luego de que se confirmara que un individuo señalado como presunto operador financiero de una red criminal internacional mantiene su militancia en la fuerza política desde el año 2013 y colabora cercanamente con actores políticos de relevancia, de acuerdo con declaraciones recientes emitidas por la dirigencia partidista.
Diversas indagatorias periodísticas expusieron los lazos existentes entre Alejandro Enrique Arcos Romero, quien ha sido vinculado con actividades ilícitas de la denominada mafia rumana, y Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo. Los registros oficiales indican que Arcos Romero laboró dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México durante el periodo en el que Marín Mollinedo encabezaba dicha institución gubernamental.
Ante la controversia suscitada por estos señalamientos, las autoridades internas del partido guinda solicitaron a su instancia de disciplina y fiscalización una revisión exhaustiva del expediente para definir las acciones pertinentes, aunque los estatutos vigentes establecen que las sanciones aplicables se limitarían a la pérdida de los derechos partidarios del señalado.
Antecedentes delictivos y el rastro financiero de Arcos Romero
El nombre de Alejandro Enrique Arcos Romero figura en expedientes de agencias de procuración de justicia tanto mexicanas como estadounidenses desde hace varios años. No obstante la existencia de indagatorias sobre sus supuestas actividades criminales, estos antecedentes no impidieron su integración en la estructura operativa de dependencias federales clave.
A finales del mes de noviembre de 2020, la identidad del colaborador cercano a Rafael Marín Mollinedo apareció integrada en una relación de 72 personas y empresas sobre las cuales el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la inmovilización de bienes y activos financieros, debido a sus presuntos nexos con redes de delincuencia organizada internacional, según información divulgada por organizaciones de transparencia periodística.
Meses más tarde, en febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al congelamiento de las cuentas bancarias pertenecientes a Arcos Romero como parte de una estrategia coordinada para desarticular la infraestructura económica de la red criminal transnacional, la cual operaba esquemas de clonación de tarjetas bancarias y fraudes en destinos turísticos del país.
Los expedientes revelan que el operador financiero estuvo presuntamente involucrado en la creación de 14 empresas fachada, las cuales eran utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita mediante la adquisición de bienes raíces, vehículos de lujo y joyería fina. Adicionalmente, se documentó que Arcos Romero controlaba 21 cuentas bancarias con patrones de operaciones atípicas y flujos monetarios injustificados.
Colaboración en la función pública y actividades proselitistas
A pesar de las alertas y los bloqueos financieros dictados en su contra, el colaborador ingresó a laborar en la Agencia Nacional de Aduanas de México durante la gestión de Marín Mollinedo, ocupando responsabilidades directivas entre diciembre de 2022 y junio de 2023. Documentos internos de la administración pública confirman su paso por la institución con el rango de director general.
Tras la salida de Marín Mollinedo de la dependencia federal para enfocar sus esfuerzos en la contienda electoral, Arcos Romero se integró de manera directa a sus actividades políticas y labores proselitistas en el estado de Quintana Roo. Su presencia ha quedado registrada de forma reiterada en diversos actos públicos de campaña, acompañando de cerca al aspirante a la gubernatura, lo que ha generado cuestionamientos sobre los filtros de selección y revisión de antecedentes al interior de los equipos políticos actuales.
