De acuerdo con la magistrada, habrá repercusiones en contra de quienes hubiesen ejercido las presiones que han comenzado a denunciar actores políticos, así como el propio juez Samuel Uriel Mendoza, con el fin de modificar los dictámenes del poder judicial.
“Son conductas que no deben pasarse por alto”, sentenció Hernández.
Pero reiteró que será necesario que los denunciantes lleven a cabo los procesos correspondientes para hacer oficial las denuncias y no sólo de forma pública.
“Sin embargo una denuncia pública que no tenga un sustento más allá del dicho público de la persona no genera ninguna convicción.
Existen los procedimientos para interponer las quejas, a partir de ahí nosotros podemos instaurar los procedimientos que se requieran”.
Reiteró además lo dicho en días pasados sobre otras investigaciones derivadas de las denuncias en torno a otros servidores del TSJE:
“Vamos a esperar la interposición y desde luego que habrá algunas otras investigaciones que se hagan de oficio en base a los elementos que ya nosotros tenemos ahí en el Tribunal”.
No son los únicos servidores públicos que estarán sujetos a investigaciones.
Y agregó: “habrá consecuencias”.
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