Sergio Ruiz Dávila, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y Responsabilidades del Estado de Chihuahua informó durante el programa Logros con Valor, que de octubre de 2016 a junio de 2021 fueron iniciados 290 procedimientos administrativos contra integrantes del funcionariado.
Durante el programa Logros con Valor, el funcionario estatal aseguró que con este trabajo Chihuahua se convirtió en punta de lanza en el país y un referente para otros estados de la República Mexicana, al atender el compromiso de combate frontal a la corrupción”.
Explicó que de los 290 procedimientos de responsabilidad administrativa comenzados, 238 se analizaron con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y 52 conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Respecto a los 238 primeros, la Subsecretaría emitió 216 resoluciones de las que se desprendieron 180 inhabilitaciones, 9 destituciones del puesto, 16 suspensiones, 46 amonestaciones por escrito, y 107 sanciones económicas por un monto de 623.9 millones de pesos, detalló Ruiz Dávila.
“Obviamente siguen su camino y su curso legal correspondiente, hay que entender que al final de cuentas estos procesos llevan un trámite y que esta Subsecretaría ha atendido, en todo momento, el derecho humano a la defensa técnica y al debido proceso”, afirmó.
El subsecretario comentó que a lo largo de la presente administración estatal, a cargo del gobernador Javier Corral Jurado, algunos de los resultados se han documentado ampliamente, principalmente los derivados de la Operación Justicia para Chihuahua, en la materia administrativa, que incluso se han expuesto en otros foros.
“Una de las principales encomiendas cuando iniciamos estos trabajos fue abatir la impunidad, y abatir impunidad significa de una manera muy tajante y preponderante, pues iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidades, dentro del marco legal obviamente vigente en ese momento”, indicó.
Lo anterior, se logró mediante estudios jurídicos muy técnicos e inclusive de compartir las conclusiones y determinaciones con otros entes como órganos de control estatal en diversos estados, la Función Pública Federal, Auditoría Superior del Estado y demás instancias que comparten las obligaciones de fiscalización, mencionó.
Ruiz Dávila dijo la dependencia a su cargo trabaja bajo una dinámica de implementación de un nuevo marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del perfeccionamiento del recién creado Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, que fueron resultado de las reformas de 2015.
“Hay que tomar en cuenta que estas nuevas implementaciones o la creación de estos nuevos órganos como el Sistema Estatal Anticorrupción pues se vieron perfeccionados hasta finales de 2019, con la creación y entrada en funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Hasta antes de eso, pues estaba vigente la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, observó.
Expuso que el Sistema Estatal Anticorrupción no estuvo completo hasta tener ese órgano principal del organismo jurisdiccional, de manera que una vez creado se logró que de octubre de 2016 a junio de 2021, la Subsecretaría emitiera 290 procedimientos administrativos de responsabilidades.
Destacó que en todos los casos que se siguen, se ha procurado proporcionar una interpretación pro persona a todas las personas involucradas, además de que tienen la posibilidad de acceder a medios de defensa.
En relación con las resoluciones emitidas dio a conocer que a la fecha representan un monto cercano a los 624 millones de pesos.
“Puesto de una manera muy transparente, en un ejercicio precisamente de continuar con esta lucha contra la impunidad, es que se ha tomado la decisión de reponer 37 de estos procedimientos para que se lleve el trámite conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, añadió.
Informó que la Subsecretaría ha atendido poco más de 113 juicios de amparo, algunos de ellos todavía están en trámite ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, casi 40 juicios de oposición no contencioso administrativo y 66 recursos de revocación.
“Con esto lo que queremos establecer es que los medios de defensa se han proporcionado, se han implementado por parte de la defensa de los involucrados y de los propios involucrados, y que nosotros estamos totalmente comprometidos con garantizarles el debido proceso a cada uno de los señalados como responsables”, concluyó.
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