site loader
22 de noviembre de 2022 FP recibe 6 mil alertas de burócratas corruptos

FP recibe 6 mil alertas de burócratas corruptos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido 6 mil 523 alertas ciudadanas y de funcionarios en las que acusan a burócratas federales de cometer presuntos actos de corrupción como cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.
A través del programa «Ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción», plataforma ideada para crear una red de informantes para combatir la corrupción en el gobierno, se han logrado abrir investigaciones que derivan en sanciones y hasta destituciones.
De acuerdo con la información proporcionada por la Función Pública , de las 6 mil 523 alertas, han sido desechadas 5 mil 621; 2 mil 198 por falta de elementos y 3 mil 423 por incompetencia y 10 están en espera de información complementaria.
Es decir, apenas fueron avaladas 892 alertas, equivalente al 13 por ciento del total.
En este último universo, se procedió en las investigaciones resultando en inhabilitaciones, amonestación privada y suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos y obras púbicas.
Pese a que se reciben denuncias detalla que pueden proceder en este tipo de castigos para los que cometen actos de corrupción, la SFP no transparentó la información sobre el nivel de los funcionarios sancionados.
Su argumento fue que la plataforma «no está diseñada con algún formulario que registre datos específicos como lo es el nivel de los funcionarios denunciados, por lo que existe imposibilidad jurídica y material para reportar la información solicitada por el ciudadano».
Y aunque son los administradores de esta estrategia, se declararon incompetentes para informar de qué dependencias son los funcionarios sancionados.
«La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara».
Según la presentación de esta plataforma, su objetivo es facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin sufrir represalias.
A través de este sistema se garantiza la confidencialidad de las denuncias, protege el anonimato del alertador y sirve como herramienta en el combate a la corrupción y la impunidad.
«El alcance de esta herramienta comprende a cualquier persona que conozca de un hecho grave de corrupción (sobre cohecho, peculado, desvío de recursos públicos) en el que estén involucradas personas servidoras públicas federales».
Los requisitos para presentar una alerta son:
Entrar a la plataforma para describir los hechos de tal forma que faciliten la identificación de los actos que se alertan,
Datos de identificación de la persona servidora pública que presuntamente se encuentra involucrada.
Nombre de la dependencia o entidad en la que ocurrieron los actos y elementos probatorios de la denuncia como fotografías, escritos, notas y hasta audios y videos.
Esta plataforma se originó desde antes de iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con quien se convertiría en su primera secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Incluso antes de entrar al gobierno, anunció el arranque de esta red.
«Estamos previendo tener una ley de protección y estímulo a los informantes, alertadores internos que nos den el modus operandi de cómo combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas, dentro de las instituciones privadas y las corporaciones y en todas las  arenas de la vida social, política y cultural», dijo Sandoval en octubre de 2018.
20 de febrero de 2022 La cacería SFP: 71 expedientes en contra de la administración de Javier Corral

La cacería SFP: 71 expedientes en contra de la administración de Javier Corral

Mediante un comunicado, se reveló que dichos expedientes se encuentran con las autoridades investigadoras que integran la Función Pública, por lo que esto permitirá profundizar respecto a conductas como peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, daño patrimonial, irregularidad en la integración de expedientes, por mencionar solo algunas.

Asimismo, se detalló que debido a la etapa procesal en que se encuentran, resulta imposible dar detalles al respecto ya que esto pudiera obstaculizar las investigaciones.

En el documento se resalta que, algunas de esas conductas, también se encuentran previstas en el ámbito penal, por lo que le corresponderá en todo caso a las autoridades competentes en esta materia investigar al respecto, tomando en consideración que muchas de ellas ya han sido dadas a conocer a través de los medios.

“Es importante resaltar que la Secretaria de la Función Pública, a través de la Subsecretaria de Fiscalización, cuenta con el Plan Anual de Trabajo del cual deriva el Programa Anual de Auditoría, mismo que contempla la práctica de 59 de ellas en la Administración Pública del Estado, de las cuales ya se han aperturado 14, con la intención de llegar a profundidad al estado que prevalece en los entes de gobierno, con lo que se permitirá identificar incumplimiento en los objetivos y metas de la administración y posibles irregularidades, sin dejar a un lado que con ello también se está apoyando al fortalecimiento y desarrollo administrativo de la presente gestión” versa el comunicado.

De igual forma se detalló que la Secretaría de la Función Pública, está llevando a cabo un trabajo técnico jurídico, muy serio y profesional con el personal de las subsecretarías de Fiscalización, Investigación, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades, así como los Órganos Interno de Control, siguiendo en todo momento la línea que ha establecido la gobernadora de hacer un trabajo legal, profesional e imparcial y sobre todo, pensando en todo momento en el beneficio de los chihuahuenses, por lo que se refrenda el compromiso de hacer el mejor trabajo.

14 de octubre de 2021 La SFP va contra la CONADE y funcionarios por enriquecimiento ilícito

La SFP va contra la CONADE y funcionarios por enriquecimiento ilícito

SFP revela investigación contra la Conade por enriquecimiento ilícito de funcionarios El secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reveló que la dependencia a su cargo investiga a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), derivado de una serie de denuncias que se han realizado en contra del organismo.

Al comparecer ante las Comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, expuso que se trata de una serie de querellas que han llegado a la oficina de la SFP por presuntos actos de enriquecimiento ilícito de diversos funcionarios y que se unen a otras denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por el mismo delito.

«Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro órgano interno de control en la Conade. Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía especializada, de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito. Tenemos varias carpetas integrando varios ilícitos y por el sigilo procesal no podemos señalar más, estén seguros de que estamos actuando», señaló, aunque aclaró que por el sigilo de las indagatorias, no puede revelar si en las querellas está involucrada o no la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara.

El funcionario federal detalló que las investigaciones involucran la entrega ilícita de recursos a entrenadores y deportistas, principalmente, por más de 77 millones de pesos.

Agregó que al interior de la Conade también ha habido 14 sanciones por faltas no graves, de las cuales seis derivados en la inhabilitación por seis meses del subdirector de calidad, así como la suspensión del director de Alto Rendimiento por seis meses.

En otra de las indagatorias, continuó, se comprobó el uso de 9.5 millones de pesos sin que se pudiera comprobar el destino de ese recurso, por lo que se analizan 71 contratos de prestadores de servicios.

«Tenemos abiertas unas auditorías a cada uno de estos, estamos con la lupa en la Conade, tengan la certeza y de que varios asuntos están en la Fiscalía, como debe de ser», reiteró.

Fuente: El Universal

 

7 de julio de 2021 Implementa SFP 58 Comités de Control y Desempeño Institucional en el combate a la corrupción

Implementa SFP 58 Comités de Control y Desempeño Institucional en el combate a la corrupción

A través del Sistema de Control Interno y el Programa de Ética Pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP) trabaja en la prevención de la corrupción y el correcto desempeño de las dependencias estatales, logrando a la fecha la capacitación de 26 mil 679 servidoras y servidores públicos y la implementación de 58 Comités de Control y Desempeño Institucional (Cocodi).

En el programa de Logros con Valor de Gobierno del Estado, el subsecretario de Buen Gobierno, José Enrique Herrera, explicó que se trabaja principalmente en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, a través de mecanismos especializados.

Respecto al Sistema de Control Interno, agregó que es un concepto que se trabaja a nivel federal desde el año 2000. “Nosotros lo estamos retomando y fortaleciendo a través del modelo COSO, un modelo internacional de mejores prácticas en materia de control interno, que se estableció en el 2013”.

Comentó que por primera vez en Chihuahua se han establecido procesos prioritarios a través de los cuales se evalúa la función de los controles para evitar la corrupción, ser más eficaces y también  para identificar los riesgos.

Esto, agregó Herrera, “permite a nivel directivo tomar las mejores decisiones y anticiparnos a cualquier problema, inclusive en el tema de la corrupción”.

El Control Interno ayuda a tener una operación ordenada, ética, eficiente y efectiva, para cumplir totalmente y a cabalidad las obligaciones, la razón de ser de cada institución y el cumplimiento de leyes y regulaciones, sobre todo ayuda a salvaguardar los recursos públicos contra la pérdida por cualquier cuestión que pueda implicar un riesgo.

Explicó que mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a través de su plataforma virtual de aprendizaje, se ha capacitado a  26,679 servidoras y servidores públicos y se implementó el tema de gobierno corporativo en todas las instituciones por medio de los Cocodi.

En la actualidad, dijo, se cuenta con 58 Comités de Control y Desempeño Institucional, donde se evalúan los riesgos, desempeño institucional, se toman decisiones y se elaboran programas para mejorar el desempeño laboral en cada dependencia.

Se han llevado a cabo 87 evaluaciones de control interno, lo que ha permitido desarrollar actividades relacionadas a las diferentes normas que componen el Sistema de Control Interno.

Paralelamente, explicó José Enrique Herrera, se han establecido tableros de mando y sistemas de comunicación internos que permiten mayor eficiencia y eficacia, relacionados  con la transparencia y la rendición de cuentas.

En el tema de la ética y la conducta de los servidores públicos, la promoción del Código de Ética para el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua,  ha sido una prioridad para la actual administración.

Este Código establece  principios, valores,  líneas de acción y también todas las actividades que se deben realizar para el buen funcionamiento y la buena tarde los servidores públicos.

“Hemos establecido la Unidad de Ética como la unidad rectora en la materia, logrando la implementación de 53 Comités de Ética conformados por servidoras y servidores públicos elegidos entre sus compañeros como las personas con los valores y los principios más destacados de cada institución”. Resaltó que a la fecha se cuenta con 40 códigos de conducta aprobados.

Con la plataforma virtual de aprendizaje de la UACJ se ha capacitado a 11 mil 729 servidores públicos, 4,525 hombres y 7,204 mujeres.

Se han generado 53,604 constancias en temas de ética e integridad, responsabilidades administrativas, derechos colectivos de los pueblos indígenas, perspectiva de género, entre otras acciones.

Por otra parte, el funcionario informó que se trabaja con el Cecade para la capacitación en materia de ética y desde 2019 con instituciones especializadas de la sociedad civil como ICMA, auspiciada por USAID, en la armonización  del Código de Ética, conforme a los lineamientos que establece el Sistema Nacional Anticorrupción.

La Función Pública ha recibido reconocimientos por la gran labor que realiza, no solo al interior de la propia dependencia sino al interior de todas las instituciones.

En ese sentido, podemos concluir que de manera general, la Función Pública ha sentado las bases para que las dependencias y entidades del gobierno estatal y los servidores públicos, se desempeñen en un marco ético, operativo, de gestión, encaminado a la eficiencia y eficacia de las acciones que impacten en el cumplimiento cabal de los objetivos de cada institución, puntualizó.

7 de julio de 2021 Transparenta Gobierno de Javier Corral la contratación de obras y servicios

Transparenta Gobierno de Javier Corral la contratación de obras y servicios

La administración del gobernador Javier Corral transparentó la contratación de obras y servicios en todas las áreas del Gobierno del Estado, mediante la creación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y dotando de un marco jurídico adecuado para prevenir y combatir la corrupción.

Durante la emisión del programa Logros con Valor de la Secretaría de la Función Pública, se destacó que el portal de contrataciones públicas del Gobierno de Chihuahua es uno de los mejores de la República al ser de los más operativos y mejor diseñados y mediante el cual se dio seguimiento de supervisión a 2 mil 494 eventos de contratación.

El portal es uno de los mecanismos desarrollados para prevenir la corrupción, permite brindar a las y los ciudadanos la confianza sobre el uso de recursos públicos, eficientando y transparentando los procedimientos de contrataciones gubernamentales.

La creación de este sistema se deriva de la nueva normatividad en materia de contrataciones públicas promulgada en esta administración, como fue la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obras Públicas y su respectiva reglamentación.

De esta manera se dotó al estado de un marco jurídico adecuado a las demandas de transparencia y permite a la ciudadanía por primera vez en la historia, conocer cuánto y en qué gasta su gobierno.

Todos los entes públicos están obligados a cargar en el Sistema Electrónico, la información sobre sus procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, planes anuales de proveedores o contratistas, etcétera.

Al respecto, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Sergio Alejandro Ruiz Dávila, señaló que una de las necesidades era además de que las contrataciones públicas fueran transparentes, que todas las empresas que participaran lo hicieran en igualdad de condiciones.

Señaló que el sistema se implementó en dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, órganos autónomos, los Poderes Legislativo y Judicial, así como en 18 municipios del estado y fueron capacitados mil 373 servidoras y servidores públicos.

A la fecha se han supervisado 2 mil 494 eventos de contratación, de los cuales 199 tienen que ver con el Plan de Inversión 2019-2021 y se han atendido mil 124 tickets de servicio en la mesa de ayuda del sistema para la correcta captura de datos y funcionamiento del sistema.

Se cuenta además con un Portal de Contrataciones Abiertas, el cual permite que cualquier ciudadano pueda acceder a la información referente a procedimientos de licitación pública, invitación a tres proveedores o contratistas, así como adjudicaciones directas que sean superiores a 620 veces el valor diario de la UMA, incluyendo documentos públicos.

En el portal también están contenidos los programas anuales de adquisiciones y obra pública, el padrón de proveedores y contratistas, así como de quienes son sancionados y los directorios de los comités de adquisiciones y obra pública.

Detalló que de los 2,494 procedimientos de licitación pública, en 499 se realizó alguna observación o recomendación; se tramitaron 112 inconformidades de proveedores y contratistas e intervenciones de oficio en materia de adquisiciones y obra pública, así como 33 procedimientos de conciliación y 24 de sanción a proveedores.

Reconocimiento como entidad libre de corrupción en obra pública

Gracias a estas las acciones para asegurar la transparencia y mejor asignación de los recursos en las contrataciones públicas, el Estado de Chihuahua fue reconocido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) como una entidad libre de corrupción en obra pública, dado que la mayoría de los procesos se asignan mediante licitación pública, así como por priorizar la inversión pública en sectores relevantes para la sociedad.

7 de julio de 2021 Logra Función Pública aplicación de 290 procedimientos administrativos

Logra Función Pública aplicación de 290 procedimientos administrativos

Sergio Ruiz Dávila, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y Responsabilidades del Estado de Chihuahua informó durante el programa Logros con Valor, que de octubre de 2016 a junio de 2021 fueron iniciados 290 procedimientos administrativos contra integrantes del funcionariado.

Durante el programa Logros con Valor, el funcionario estatal aseguró que con este trabajo Chihuahua se convirtió en punta de lanza en el país y un referente para otros estados de la República Mexicana, al atender el compromiso de combate frontal a la corrupción”.

Explicó que de los 290 procedimientos de responsabilidad administrativa comenzados, 238 se analizaron con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y 52 conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Respecto a los 238 primeros, la Subsecretaría emitió 216 resoluciones de las que se desprendieron 180 inhabilitaciones, 9 destituciones del puesto, 16 suspensiones, 46 amonestaciones por escrito, y 107 sanciones económicas por un monto de 623.9 millones de pesos, detalló Ruiz Dávila.

“Obviamente siguen su camino y su curso legal correspondiente, hay que entender que al final de cuentas estos procesos llevan un trámite y que esta Subsecretaría ha atendido, en todo momento, el derecho humano a la defensa técnica y al debido proceso”, afirmó.

El subsecretario comentó que a lo largo de la presente administración estatal, a cargo del gobernador Javier Corral Jurado, algunos de los resultados se han documentado ampliamente, principalmente los derivados de la Operación Justicia para Chihuahua, en la materia administrativa, que incluso se han expuesto en otros foros.

“Una de las principales encomiendas cuando iniciamos estos trabajos fue abatir la impunidad, y abatir impunidad significa de una manera muy tajante y preponderante, pues iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidades, dentro del marco legal obviamente vigente en ese momento”, indicó.

Lo anterior, se logró mediante estudios jurídicos muy técnicos e inclusive de compartir las conclusiones y determinaciones con otros entes como órganos de control estatal en diversos estados, la Función Pública Federal, Auditoría Superior del Estado y demás instancias que comparten las obligaciones de fiscalización, mencionó.

Ruiz Dávila dijo la dependencia a su cargo trabaja bajo una dinámica de implementación de un nuevo marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del perfeccionamiento del recién creado Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, que fueron resultado de las reformas de 2015.

“Hay que tomar en cuenta que estas nuevas implementaciones o la creación de estos nuevos órganos como el Sistema Estatal Anticorrupción pues se vieron perfeccionados hasta finales de 2019, con la creación y entrada en funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Hasta antes de eso, pues estaba vigente la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, observó.

Expuso que el Sistema Estatal Anticorrupción no estuvo completo hasta tener ese órgano principal del organismo jurisdiccional, de manera que una vez creado se logró que de octubre de 2016 a junio de 2021, la Subsecretaría emitiera 290 procedimientos administrativos de responsabilidades.

Destacó que en todos los casos que se siguen, se ha procurado proporcionar una interpretación pro persona a todas las personas involucradas, además de que tienen la posibilidad de acceder a medios de defensa.

En relación con las resoluciones emitidas dio a conocer que a la fecha representan un monto cercano a los 624 millones de pesos.

“Puesto de una manera muy transparente, en un ejercicio precisamente de continuar con esta lucha contra la impunidad, es que se ha tomado la decisión de reponer 37 de estos procedimientos para que se lleve el trámite conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, añadió.

Informó que la Subsecretaría ha atendido poco más de 113 juicios de amparo, algunos de ellos todavía están en trámite ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, casi 40 juicios de oposición no contencioso administrativo y 66 recursos de revocación.

“Con esto lo que queremos establecer es que los medios de defensa se han proporcionado, se han implementado por parte de la defensa de los involucrados y de los propios involucrados, y que nosotros estamos totalmente comprometidos con garantizarles el debido proceso a cada uno de los señalados como responsables”, concluyó.

7 de julio de 2021 Impuso la Función Pública sanciones económicas por 558.8 mdp en la Operación Justicia para Chihuahua

Impuso la Función Pública sanciones económicas por 558.8 mdp en la Operación Justicia para Chihuahua

Con la Operación Justicia para Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones económicas por 558.8 millones de pesos (mdp) y 78 inhabilitaciones a cargos públicos hasta por 10 años, en contra de los saqueadores de los recursos de las y los chihuahuenses.

Así lo dio a conocer la titular de la secretaría, Mónica Vargas Ruiz, en el programa Logros con Valor, en donde informó los alcances logrados hasta el momento en la Operación Justicia y los avances en general de la dependencia a su cargo.

Destacó que con la Operación Justicia se derivaron 86 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, en las cuales se estima un daño a la hacienda pública por 2 mil 671 millones 515 mil 952.92 pesos.

Por otra parte, se iniciaron 75 procedimientos de responsabilidad administrativa en los cuales se involucra a 73 funcionarios públicos y en cinco de los casos, al exgobernador de Chihuahua, todo ello con un daño estimado por 1,760 millones 792 mil 163.35 pesos.

Mónica Vargas indicó que han sido parte fundamental en la Operación Justicia para Chihuahua, luego de que al recibir la administración, en octubre de 2016, tuvieron conocimiento de un sin número de denuncias por parte de diferentes entes de la administración pública.

Explicó que recibieron denuncias de la Secretaría de Hacienda, del Fideapech, de la Secretaría de Desarrollo Rural, del DIF, entre otras y una vez que se iniciaron las investigaciones y se estudiaron los expedientes, se detectó que se habían cometido diferentes irregularidades.

Las irregularidades, dijo, iban desde adjudicaciones directas hechas sin apego a la ley, contrataciones de las cuales no se recibió ningún bien o servicio, pagos indebidos o beneficios otorgados a personas o personas físicas o morales que no estaban o que no acreditaban para ser beneficiarios.

“Esto fue muy evidente, sobre todo en dos personas morales de donde el exgobernador era socio o bien, presidente de estas asociaciones cómo fue la Asociación Ganadera de la División del Norte y la Financiera de la División del Norte”, expuso.

En cuanto a los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial, Vargas Ruiz informó que hasta principios de este año se trabaja en 75 denuncias, de las cuales reiteró, serán  repuestas 37 para adecuarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo estableció una jurisprudencia publicada en octubre pasado.

En cinco de esos procedimientos está involucrado el exgobernador, de los cuales ha sido notificado. Cuatro de estos procesos están dentro de los que serán repuestos.

5 de julio de 2021 Detalla Secretaría de la Función Pública avances y pendientes en proceso de entrega-recepción

Detalla Secretaría de la Función Pública avances y pendientes en proceso de entrega-recepción

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua informa que para transparentar el proceso de entrega-recepción, se puso a disposición del público un portal web, que se irá actualizando conforme se desarrolle la transición de la administración 2016-2021 a la 2021-2027,

Por medio de este portal al que se puede acceder en la dirección https://entregarecepcion.chihuahua.gob.mx/. Se busca continuar con uno de los ejes fundamentales del Gobierno Saliente: rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados y retos de la Administración Pública Estatal, involucrar a actores sociales relevantes y determinar mecanismos de vigilancia y seguimiento a las políticas públicas.

Actualmente, dicho portal web contiene la reglamentación y primeras evidencias de los trabajos de entrega recepción, y también se irán cargando los documentos generados durante las próximas semanas y hasta el 8 de septiembre, cuando se carguen finalmente las actas de entrega recepción.

La SFP destaca que como parte de los trabajos de coordinación para la entrega-recepción se realizó el pasado 29 de junio del año en curso la primera reunión entre la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Transición del gobierno entrante, de la cual se generó una minuta en donde destacan los siguientes acuerdos:

1. Establecer la conformación de los Grupos de Trabajo.

2. La Comisión de Transición enviaría la agenda de reuniones y el listado de enlaces para cada Dependencia.

3. Los titulares de las Dependencias y Entidades tendrán preparada la información del listado proporcionado, para su entrega a la Comisión de Transición.

4. Se proporcionarán usuarios de consulta del sistema de entrega recepción a la Gobernadora electa y al Coordinador de la Comisión de Transición para consultar la información de todas las dependencias y entidades, así como usuarios por dependencia y entidad para cada enlace.

5. Los enlaces de la Comisión de Transición con las dependencias que tendrán reunión esta semana (del 28 de junio al 2 de julio) son:

●       María de los Ángeles Álvarez, enlace con la Secretaría de la Función Pública.

●       César Jáuregui Moreno, enlace con la Secretaría General de Gobierno.

●       Sergio Ochoa Muñoz, enlace con la Secretaría de Seguridad Pública.

●       Roberto Fierro enlace con la Fiscalía General del Estado.

Por parte del Gobierno Saliente, los participantes del Comité Coordinador para la Entrega Recepción, son:

●       La Secretaría de la Función Pública

●       La Secretaría General de Gobierno

●       La Secretaría de Hacienda

●       La Coordinación Ejecutiva de Gabinete

●       El Secretario Técnico

Las reuniones antes mencionadas ya han sido celebradas, habiéndose pospuesto a petición de la Comisión de Transición del Gobierno Entrante, la que se realizaría el día de hoy con la Secretaría de Hacienda.

Este órgano de control interno, continúa a la espera de la información a la que se comprometió a entregar la Coordinación de Transición del Gobierno Entrante, misma que es necesaria para continuar con el proceso, como lo son: nombres y correos electrónicos de las personas que fungirán como Enlaces de la Comisión de Transición, a fin de generar usuarios y contraseñas para la consulta de información cargada en el Sistema, misma que se encuentra cargada con corte hasta el 31 de mayo.

Durante las siguientes semanas y hasta el 8 de septiembre, se continuará actualizando la información en el Sistema de Entrega Recepción.

La Secretaría de la Función Pública, también da a conocer que la figura del Testigo Social que fue implementada jurídicamente y puesta en práctica por el Gobierno Saliente, será clave en la transición, a fin de desarrollar un proceso transparente de entrega-recepción en el que se integrará la participación de la sociedad civil organizada y para lo cual se generó una “Guía para la participación ciudadana”.

La “Entrega ciudadana” es una herramienta de participación social, mediante la cual, el Ejecutivo Estatal, en un ejercicio de rendición de cuentas, entrega a la sociedad, ya sea a través de actores sociales relevantes y con experiencia técnica o al público en general, información sobre los temas, programas o proyectos que dan respuesta a políticas públicas para su evaluación, vigilancia, monitoreo y seguimiento.

Ahora, en el proceso de entrega-recepción, se determinan los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana, con énfasis en el periodo de transición

Por lo anterior, la información publicitada en la herramienta de “Entrega ciudadana” tendrá el carácter de pública, para lo cual se integrarán a los portales de internet de las dependencias y entidades que participen con temas, proyectos o programas objeto de entrega, la información pública relacionada a la herramienta.

La SFP señala los antecedentes jurídicos mediante los cuales se rige el proceso Entrega Recepción, como lo son:

●       Artículo 23 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua.

●       “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS CON DETERMINADO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA”, publicado el 23 de enero 2021.

●       “ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN”, publicado el 3 de febrero 2021.

●       “ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS Y MEMORIAS DOCUMENTALES”, publicado el 3 de febrero 2021.

●       “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LAS BASES PARA LA COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN”, Publicado el 5 junio 2021.

30 de junio de 2021 4T: Nepotismo, tráfico de influencias y corrupción con Irma Eréndira

4T: Nepotismo, tráfico de influencias y corrupción con Irma Eréndira

Con el relevo de Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública (SFP), quedó de manifiesto una gestión ineficaz en el propósito de la 4T de combatir la corrupción.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno.

Nadie espera que el Presidente resuelva esa promesa de campaña en los tres años restantes. Sin embargo, todo México quiere ver  señales de compromiso y un plan serio.

Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos.

La gestión de Irma Eréndira Sandoval entregó saldos negativos a su jefe. La otrora “poderosísima” secretaria gozaba de la gracia y confianza de AMLO y había logrado colocar a varios  familiares en puestos públicos. Un hermano, Netzai Sandoval Ballesteros, es director general del Instituto de la Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Su otro hermano, Pablo Sandoval, era superdelegado de programas sociales en Guerrero, pero tuvo la osadía de enfrentar a Félix Salgado, eso le costó el puesto a él y a su hermana.

ADQUIRIÓ 6 PROPIEDADES INMOBILIARIAS EN 9 AÑOS

La encargada de vigilar la rendición de cuentas, el conflicto de interés y el combate a la corrupción protagonizó gran escándalo cuando se publicó un reportaje realizado con base en documentos obtenidos a través de “fuentes públicas” que “pese a tener un salario modesto como investigadora universitaria, compró de contado -junto con su esposo, John Ackerman- seis propiedades inmobiliarias en sólo nueve años”.

ckerman esperaba ser nombrado director de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a que se supo que en diciembre de 2020 su esposa Irma Eréndira convenció al Presidente de nombrar a su sobrino, Arturo Reyes Sandoval, como director general del IPN.

De Reyes Sandoval lo único que se sabía es que era buen investigador en Inglaterra en la Universidad de Oxford. Tenía once años de no vivir  en México, ni haberse parado nunca en el IPN. Se hicieron a un lado a candidatos con más méritos y a toda la comunidad politécnica.

Por el bien del IPN, Arturo Sandoval debería aclarar su pretendido parentesco por aquello del “conflicto de interés” y de los padrinazgos políticos.

Por su desempeño y resultados da la impresión que la ex titular de la SFP nunca se enteró que existe un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Tampoco explicó por qué el gobierno de la 4T no cumple con los procedimientos que ordena la Constitución en su Artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que el 75% de sus adquisiciones se ha hecho por medio de adjudicaciones directas.

El caso “Bartlett” se volvió emblemático para la SFP, no porque el titular de la CFE tuviera o no alguna responsabilidad administrativa, sino porque Irma Eréndira Sandoval dio carpetazo al asunto sin realizar su trabajo y demostrar ante la opinión pública la “no responsabilidad” del funcionario.

Al final su actuación dócil y sumisa poco le valió porque su relevo se debió más a motivos políticos.

CUENTAS PENDIENTES

De la misma manera debería haber actuado en otros casos que se hicieron públicos, manifestando al menos que se iniciarían las investigaciones correspondientes, ya que, en el afán del sometimiento ciego, poco ayudó a su jefe, el Presidente de la República.

Está el caso de Felipa Guadalupe Obrador, la prima con contratos millonarios en Pemex, ISSSTE, y ASA. También el escándalo de Pío López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero de David León Romero. Otro golpe mediático fue el caso de Jaime Cárdenas, a quien el Presidente había nombrado director  del “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (SAE), pero al darse cuenta de el “cochinero” y la corrupción que priva (en tiempo presente) en esa institución prefirió no sólo renunciar, sino tuvo la valentía de hacer las denuncias legales correspondientes de las que nunca dio cuenta la SFP ni la Fiscalía General de la República (FGR).

En relación a los célebres casos de Lozoya y de Rosario Robles, nunca hizo declaración alguna.

CIUDAD DE MÉXICO, 30ABRIL2019.- Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad; Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Trabajadores Unidos Mexicanos (Concamin), e Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, durante la 188 asamblea general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
23 de junio de 2021 Con Irma Eréndira, 12 empresas eludieron sanciones y ganaron contratos

Con Irma Eréndira, 12 empresas eludieron sanciones y ganaron contratos

La mañana del 15 julio de 2019, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval , hizo una aparición inusual en el escenario de la conferencia mañanera. Con el rostro sin expresión, se paró en el pódium, que, generalmente, es del presidente, e informó que su dependencia tenía siete investigaciones relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, el empresario que era delegado del gobierno federal en Jalisco.

“Sobre el caso Lomelí Bolaños se tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan datos de posibles conductas irregulares”, destacó la zar anticorrupción, quien dijo que cuatro de ellas eran con empresas relacionadas con él y eran contratistas del gobierno.

Entre ellas se encontraban Laboratorios Solfrán y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), dos empresas de productos médicos que, según reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se encontraban en un predio propiedad de Lomelí y que desde el principio de esta administración recibió contratos públicos.

Sandoval, con voz firme y sin hacer pausas en su discurso, dijo que refrendaba su compromiso con llevar las siete investigaciones hasta las últimas consecuencias. Continuó y aseguró que, desde el principio de la administración, se advirtió que no se tolerarían conflictos de intereses, y quien los tuviera no debería ni podría trabajar en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’. Ese día anunció la renuncia de Lomelí Bolaños a su cargo en el gobierno federal.

Para septiembre de ese año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de Laboratorios Solfrán y, en julio de 2020, la de Abisalud. A pesar de las sonadas sanciones, esta última empresa continuó recibiendo contratos, según se advierte en Compranet, la página de compras del gobierno de México.

De acuerdo con una base de datos elaborada por Expansión Política (*) a partir del directorio de la propia SFP, las empresas que siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones vía un tribunal son: Transportes y Enlaces Especializados; BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas; Laboratorios Solfrán; Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC; Valuación Operativa y Referencias de Mercado, y Servoil.

Mientras que las que lograron evadir las multas gracias al fallo de un tribunal fueron Carimed Equipos; Centro para el Desarrollo Integral y la Competitividad del Turismo en Áreas; Construcción Integral y Estructuras Metálicas, así como Grupo Fármacos Especializados y Laboratorios Solfrán.

Igual que Abisalud, al menos 12 empresas sancionadas por la misma dependencia siguieron obteniendo beneficios por parte del gobierno federal y se mantienen en el padrón de proveedores, a pesar de que la propia SFP las acusó de falsear información durante los procesos de contratación. La razón: han ganado en tribunales amparos para poder seguir en la cancha gubernamental. Son compañías de distintos ramos que, según el propio portal, falsificaron información y recibieron multas que iban de 100,000 a 1 millón de pesos.

Las farmacéuticas

Entre las empresas que obtuvieron contratos a pesar de “falsear información” están dos del ramo farmacéutico: Laboratorios Solfrán y Abisalud. De acuerdo con el Directorio de Proveedores Sancionados del gobierno federal, la causa fue que proporcionaron información falsa durante el proceso de contratación.

En una revisión a la base de datos de compras públicas Compranet, se pudo comprobar que Abisalud recibió al menos tres contratos después de haberse hecho pública la inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del año 2020.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sandoval anunció, el 27 de julio de 2020, la inhabilitación: Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes y, de acuerdo con la información oficial, proporcionó “información falsa”.

Esta empresa ni siquiera aparece en el Directorio de Sancionados, por lo tanto, no es posible ver el historial en la página de la SFP. Sin embargo, esta situación queda clara en la demanda de amparo –a la cual se tuvo acceso– presentada por la empresa en julio de 2020 y que fue promovida por su representante legal, Juan Carlos Tadeo Martínez, esposo de la diputada morenista por Jalisco Érika García, y quien, hasta ese momento, era accionista mayoritario de Abisalud.

Inconformes con la resolución de la SFP, en el sistema de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aparecen 27 procesos judiciales relacionados con amparos promovidos por Abisalud contra el gobierno de México. Según se puede leer, las resoluciones finales han sido aplazadas debido a la contingencia de COVID-19.

Sin embargo, en medio de la disputa legal, Abisalud continúa recibiendo contratos desde que fue anunciada su sanción el pasado 27 de julio de 2020.

En total, esta empresa ha ganado 4 millones 290,000 pesos en contratos con el Instituto Nacional de Perinatología y con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde que fue sancionada. En lo que va del actual gobierno, ha acumulado 304 millones 920,774 pesos, según información publicada por la página de Compranet.

Las transportistas

El 3 de febrero, la SFP perdió ante Lomelí. Un tribunal anuló, en definitiva, la inhabilitación en contra de otra de las empresas con las que se encuentra relacionado: Lomedic, que había sido proveedora del sistema de salud en gobiernos pasados. Con este fallo entre las manos, Lomelí se registró como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco.

Lomedic es una empresa que, como se define en su página de internet, se dedica al abasto de medicamentos. Según la modificación que realizó el exdelegado en 2019 en su declaración patrimonial, su participación era ocasional, como administrador de la compañía.

Solfrán es otra de las empresas sancionadas por malas prácticas, fue inhabilitada el 13 de septiembre de 2019. Irma Eréndira Sandoval anunció, a través de sus redes sociales, que esa compañía no podría recibir más contratos durante dos años y seis meses. En diciembre de ese mismo año, la empresa presentó una demanda de nulidad en contra de la resolución, y una sala regional especializada en materia administrativa le concedió la suspensión provisional. De esta manera, Solfrán continuó “con el desempeño de sus actividades regulares”.

Para el 22 de enero de 2020, la SFP publicó en el Directorio de Sanciones que Laboratorios Solfrán podría participar de nuevo en concursos de gobierno, a razón de la decisión de la sala regional.

A partir de entonces, la compañía recibió ocho contratos entre enero y abril de 2020, por más de 14 millones 496,000 pesos con el IMSS, con Prevención y Readaptación Social y Servicios de Atención Psiquiátrica del gobierno federal.

Las transportistas

La empresa Transportes y Enlaces Especializados presentó documentación que no cumplió con los requisitos de las bases de una convocatoria en el año 2019. Según la Función Pública, el 15 de enero de 2020 fue notificada de que debería pagar una multa por 130,959 pesos.

La SFP nunca especificó públicamente si pagó la multa, pero inmediatamente después de que la dependencia detectó las irregularidades que cometió durante el proceso gubernamental, la empresa obtuvo dos contratos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por 642,000 pesos.

Otro transportista, BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas, que da servicios de carga, proporcionó información falsa en el procedimiento de una licitación de 2018 para la contratación del servicio de mudanzas para la Secretaría de Cultura. Según la SFP, anexó tres cartas de recomendación a su propuesta técnica que resultaron no verídicas.

La inhabilitación era por un año y medio a partir del 4 de enero de 2019, aun así, para el 1 de marzo de 2020 –tres meses después–, ya había recibido un pequeño contrato de casi 70,000 pesos; mientras que, el 16 de diciembre de 2020, recibió uno por 164,000 pesos, con el gobierno de Jalisco, según se puede leer en Compranet.

Mantenimiento y construcción

Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC es una empresa dedicada a la reparación de caminos. Según la relación de sanciones de la SFP, proporcionó información falsa en una licitación pública en 2018, pues presentó la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del IMSS, pero, de acuerdo con la autoridad, eso nunca aconteció.

La sanción fue impuesta el 21 de febrero de 2020 y obtuvo una inhabilitación de un año, pero seis meses después, recibió un contrato con Caminos y Puentes Federales, por 11 millones 752,000 pesos. Por su parte, Servoil SA de CV, compañía dedicada al mantenimiento de elevadores, celebró un contrato en 2019 con la Secretaría de Cultura; sin embargo, nunca cumplió con el servicio.

Fue inhabilitada el 16 de enero de 2020 por un año, pero el 8 de abril, es decir, tres meses después, recibió un contrato por 225,000 pesos con el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Finalmente, la otra empresa beneficiada a pesar de incumplir las condiciones de un contrato es Valuación Operativa y Referencias, que, según su propia página de internet, ofrece “servicios integrales de cálculo, información, análisis y riesgos”.

El 9 de julio de 2019 se publicó una resolución en la que la SFP la multaba por 30,804 pesos por no formalizar un contrato.

Desde enero hasta mayo de 2020 recibió seis contratos con el IMSS, Banobras, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Fideicomiso de Fomento Minero, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por 3 millones 790,000 pesos.

Problema estructural

A decir de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, desde hace años se dieron cuenta de que la SFP tenía un problema estructural que han venido platicando con cada secretario de esta dependencia para saber qué porcentaje de las investigaciones que se abren llegan a una sanción y cuántas de las que aplican quedan activas.

“Hay una gran expectativa de que existan resultados concretos, por lo que imponen las sanciones y multas, pero una vez que los revisa, el Poder Judicial no le da la razón a la SFP y las empresas retoman su derecho de participar en procedimientos de gobierno y las multas no llegan a cobrarse. Es un problema que hemos señalado por muchos años”, señala Bohórquez.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera que uno de los problemas radica en que hace falta una plataforma digital de contrataciones, para que los funcionarios no puedan enviar invitaciones a los procesos de licitación a empresas inhabilitadas. “Como no tenemos una buena plataforma, muchas veces hay errores de gestión. La plataforma permitiría automatizar muchos procesos”, expresa. Campos lamenta que, hasta hoy, todo se haga en papel y sin permitir una gestión efectiva.

NOTA: Se buscó a las compañías a través de sus páginas de internet y vía correos electrónicos. Algunas dijeron que revisarían la petición, sin tener respuesta antes del cierre de esta edición, mientras que otras no pudieron ser contactadas. Por su parte, la secretaria de la Función Pública tampoco dio respuesta a la petición de información a través de su vocería.

“Se partió de falsedades”

Graham Zubia, abogado de Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y quien también habla en nombre de Laboratorios Solfrán y Lomedic, lamenta que la titular de la ahora extitular de la Función Pública haya basado sus acusaciones en contra de estas empresas en suposiciones que no se pudieron probar en los tribunales.

“Esto que pasó fue únicamente chisme, sobreexposición, lo que estudian los tribunales es si se cumplió con lo que establecen las leyes y se comprobó que los elementos que consideró la Función Pública para iniciar los procedimientos de sanción no eran suficientes. Lo que ellos quisieron dar a entender no era cierto y partieron de falsedades, ese fue su problema”, señala en entrevista.

Zubia subraya que el hecho de que la funcionaria relacionara los tres corporativos con el exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, ha dañado a las empresas, pues asegura que se demostró que, para entonces, el político ya no tenía participación en ellas y que así, “tumbaron”los procesos de la SFP en los tribunales.

En el caso de Abisalud, el abogado señala que se demostró que en el proceso licitatorio de 2015 (por el cual se inició la sanción) no se mintió al presentar una carta donde se manifestaba que ningún socio de la empresa era servidor público, como lo aseguró la dependencia. Zubia explica que la SFP argumentó que la carta no debió firmarse porque Lomelí era administrador de ella.

“La ley de adquisiciones dice que no pueden suscribir contratos si alguien que sea parte de la empresa es funcionario público, pero la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que únicamente son parte de la empresa los socios, no los administradores”, subraya.

Con ello, promovieron un amparo en contra del inicio del procedimiento y les otorgaron una suspensión para efectos de que la SFP no resolviera el procedimiento. Sin embargo, asegura que la SFP violó esta orden y entonces promovieron un incidente de suspensión. Hoy, Abisalud no está inhabilitada oficialmente.