Colocada en el centro de la controversia por la imparable violencia en el país, la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un aval de facto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde los primeros meses de la presente administración el máximo tribunal ha sido requerido para revisar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales en la materia, principalmente el reforzamiento de la militarización y las amplias facultades otorgadas al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN).
La primera gran encomienda del encargado de la seguridad pública a nivel nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, fue la disolución de la Policía Federal para convertirla en Guardia Nacional, un cuerpo policial con mando civil que prometía entregar a los ciudadanos elementos verdaderamente preparados para actuar con absoluto respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, desde la creación de la GN en 2019 el Ejecutivo federal estableció la formación mayoritaria de ese cuerpo de seguridad con policías militares y navales.
Para justificarlo, en mayo de 2020 López Obrador emitió un acuerdo que establece que los militares apoyarán a la GN de manera complementaria y hasta que ésta se consolide completamente, lo que se prevé que ocurra hasta el 27 de marzo de 2024.
Contra todos estos actos se han tramitado amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por parte de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e integrantes de la oposición.
Estos asuntos ya llegaron a la SCJN, donde desde 2019 se desconoce para cuándo los ministros van a discutirlos y a definir si la estrategia militarizada de López Obrador es o no contraria a la Constitución.
Fuente: Proceso
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