En las últimas fechas mucho se ha dado a conocer del modus operandi que el exgobernador Javier Corral realizaba en coordinación con su equipo de trabajo para llevar a cabo la tan conocida “Operación Justicia”. “Nosotros contamos con información verídica en donde se demuestra que muchos documentos fueron alterados o en su defecto modificados para que estos generaran la creación de carpetas de investigación”, aseguro Fermín Ordóñez.
Ordóñez Arana destacó que estas acciones se hicieron con el único objetivo de inculpar al exgobernador César Duarte y a la actual Gobernadora. Asimismo señaló que tanto el exconsejero jurídico y los ministerios públicos González I y Arturo Fuentes fueron los encargados de falsificar pruebas para llevar a cabo este tipo de acciones.
“Así nos lo hicieron saber fuentes que trabajaban en la Secretaría de Hacienda del Estado, quienes actualmente no laboran en la misma, pero anexamos y acreditamos todo lo que describimos”, indico Fermín.
De igual manera indicó que la alteración básica de los documentos consistía en omitir algunas de las cosas y/o información para poder generar pruebas que se acumularan más causas para el juzgamiento del exgobernador.
Tal es el caso de la entrega de más 4 millones de pesos, que aun cuando se justificó la entrega del mismo a dos empresas ligadas al exgobernador, se cuenta con información oficial donde hubo instrucciones para que se modificara la evidencia y con ello crear un motivo de investigación ante la Fiscalía.
“Fue durante el 2018 que la Secretaría de Hacienda que en ese momento representaba Fuentes Vélez obtuvo toda la información oficial de dos programas del campo, los cuales contaban con toda la justificación pertinente para cumplir a cabalidad con la legalidad de los mismos, pero a través de un oficio se solicitó que los informes indicaran que tras un revisión exhaustiva se concluye la inexistencia de la información, es decir que faltaba justificación y con ello diera pie a un acción ilegal”.
Lo anterior se refiere a través de un oficio identificado como SFP 1522-2018, la Función Pública solicitó a Hacienda toda la información sobre el convenio 0995/2013 que se había destinado a la Unión Ganadera Regional División del Norte, como documentación que acredite el apoyo económico, si fue ejercido, solicitud, aprobación y otros detalles.
El 13 de agosto la Secretaría de Hacienda entregó el resumen de documentos, donde se estableció que la Unión Ganadera si tuvo contrato, pero no tuvo deudor diverso, y se pagó el préstamo, así como se comprobó dicho gasto, por lo cual se estableció que sí cumplió con lo acordado en el convenio 995/2013.
Por su parte, como la Financiera División del Norte, también fue ligada al exgobernador César Duarte, recibió 12 millones de pesos a través de otro convenio, del cual también se elaboró contrato, y se tuvo un deudor diverso, al cual se pagó y se comprobó el gasto; en este caso si existen los informes contables, por lo cual no se debía argumentar irregularidades.
En septiembre del 2018, en la Secretaría de Hacienda se instruyó por medio de correos electrónicos hacer modificaciones a oficios entregados a la Secretaría de la Función Pública, en la que se determinaría que no había elementos suficientes para establecer que el dinero que se entregó a la Unión Ganadera se había hecho de forma legal.
Esto quiere decir que la Secretaría de Hacienda concluyo que no cuenta con información que pueda acreditarse que el apoyo económico otorgado a la Unión Ganadera Regional de División del Norte fue destinado para los fines establecidos, considerando así que la información en ambos casos, debería solicitarse a su vez a la Secretaria de Desarrollo Rural, dependencia enfocado a dichos rubros y donde seguramente debían contar con la información.
En dicho correo ordena hacer la modificación de los oficios marcados como 425/20
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