Partido guinda expulsa definitivamente a munícipe señalada de fingir plagio para ocultar millonario desfalco

Partido guinda expulsa definitivamente a munícipe señalada de fingir plagio para ocultar millonario desfalco

La fuerza política oficialista tomó la decisión irrevocable de separar de sus filas a Nancy Nápoles Pacheco, quien fungía como alcaldesa en el municipio de Tenancingo. La medida se concretó luego de que la autoridad judicial dictara la vinculación a proceso el pasado 9 de julio, tras acumular fuertes sospechas sobre la simulación de su propia privación de la libertad con el presunto propósito de encubrir un faltante de 40 millones de pesos procedentes del erario.

Mediante una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), la dirigencia partidista ratificó la expulsión de la edil tenancinguense, consolidando una sanción que previamente había comenzado con la suspensión de sus prerrogativas como militante ante la gravedad de los señalamientos emitidos por las instituciones de procuración de justicia.

No obstante, la funcionaria municipal no figuró como la única afectada por las determinaciones disciplinarias del organismo partidario. En la misma sesión, el comité interno dictaminó la baja definitiva de Blanca Yaneth Chiu López, quien encabezara previamente la administración en Jiquipilas, Chiapas, así como de Olivia Espinosa, desempeñándose como regidora en el municipio de Ocozocoautla, ambas bajo indagatorias ministeriales por su probable participación en conductas tipificadas como abuso de autoridad y extorsión agravada.

Protestas ciudadanas y exigencias de destitución en la sede legislativa

Paralelamente a las acciones disciplinarias internas, la presión social escaló de manera significativa cuando diversos sectores organizados de la población decidieron alzar la voz. Integrantes del Colectivo Tenancingo se apostaron en las inmediaciones del Congreso del Estado de México con el propósito central de exigir la destitución inmediata de Nancy Nápoles Pacheco, además de demandar una indagatoria exhaustiva sobre las múltiples anomalías financieras detectadas a lo largo de su mandato.

La representación de los manifestantes, encabezada por el activista Javier Calzada, solicitó de manera formal la intervención urgente tanto de los legisladores mexiquenses como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el fin de deslindar responsabilidades y esclarecer el destino de los recursos públicos comprometidos.

Durante la movilización, el portavoz indicó que el movimiento cuenta con el respaldo directo de más de 100 personas en primera línea, aunque advirtió que dicho contingente refleja el malestar latente de miles de habitantes de la demarcación que desaprueban el manejo administrativo actual. Asimismo, denunció que un sector importante de la ciudadanía prefiere mantenerse al margen de las protestas públicas debido al temor fundado a sufrir represalias o intimidaciones por cuestionar a la administración en turno.

“No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Su trabajo es rendir cuentas y esclarecer lo que está sucediendo”, manifestó el representante al exigir una respuesta institucional por parte de los poderes estatales.

Observaciones financieras y opacidad en contratos municipales

El descontento generalizado cobró mayor fuerza tras darse a conocer los resultados emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). Al revisar la Cuenta Pública correspondiente, la institución fiscalizadora acumuló un total de 163 observaciones derivadas de la auditoría financiera aplicada al Ayuntamiento de Tenancingo.

Entre los hallazgos más preocupantes destacan la dispersión de pagos económicos a favor de colaboradores que carecían de registro en la plantilla laboral autorizada oficialmente, la asignación de percepciones salariales por encima de los tabuladores legalmente permitidos y diversas inconsistencias técnicas en la ejecución del gasto corriente.

Para los miembros de la organización civil, estos elementos documentales justifican plenamente la intervención legislativa para esclarecer el manejo de la hacienda local. Adicionalmente, el análisis de 27 contratos municipales derivó en cuatro resultados finales, acompañados de 10 recomendaciones específicas y dos pliegos formales de observaciones.

El ente fiscalizador apuntó que los expedientes deben transitar por su fase de seguimiento institucional, permitiendo que la administración municipal aporte las pruebas necesarias para solventar las irregularidades detectadas. Sin embargo, el liderazgo del colectivo subrayó que las anomalías trascienden la nómina, alcanzando rubros críticos como la obra pública, las licitaciones y la selección de proveedores externos.

Por este motivo, los inconformes reiteraron su exigencia de transparentar la identidad de los beneficiarios de los contratos y la comprobación física de los trabajos supuestamente realizados, urgiendo a las instituciones de justicia a actuar con firmeza ante el presunto daño patrimonial ocasionado al municipio.

Related Articles

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Stay Connected

0SeguidoresSeguir
0SuscriptoresSuscribirte
- Advertisement -spot_img

Latest Articles