Admiten recurso de apelación al exprocurador chihuahuense César ‘N’ por acusaciones de traición a la patria

Avanza el proceso legal para el exfuncionario chihuahuense

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito dio luz verde al recurso jurídico interpuesto por los representantes legales de César “N”, quien se desempeñara como fiscal general del estado de Chihuahua. La acción legal busca echar atrás la resolución que lo vinculó formalmente a proceso bajo el grave señalamiento de cometer el delito de traición a la patria.

Tras una evaluación exhaustiva, la instancia judicial resolvió que el recurso presentado por la defensa reúne los parámetros y formalidades exigidos por la ley. En consecuencia, se estableció que la audiencia de alegatos crucial para el futuro jurídico del imputado se llevará a cabo el 20 de enero de 2027 a las 11:30 horas, empleando para ello herramientas tecnológicas de comunicación a distancia mediante videoconferencia.

El objetivo central de esta impugnación radica en lograr que los magistrados integrantes del tribunal superior analicen a detalle la determinación tomada previamente por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes. Fue el pasado 25 de octubre cuando dicho juzgador dictó el auto de vinculación en contra del exservidor público, ordenando además la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Como parte de las diligencias iniciales de este trámite, la autoridad judicial giró instrucciones precisas a la dirección del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, identificado comúnmente como El Altiplano. El propósito es que las autoridades penitenciarias implementen los protocolos necesarios para asegurar la conexión y legítima participación del acusado durante el desahogo de la audiencia programada.

El trasfondo de la acusación federal

La carpeta de investigación encabezada por la Fiscalía General de la República sustenta sus cargos en el argumento de que el exprocurador estatal presuntamente consintió la incursión de elementos operativos de nacionalidad extranjera en territorio mexicano. Específicamente, los hechos imputados giran en torno a una intervención en un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de narcóticos, ubicado en la comunidad de El Pinal, perteneciente al municipio serrano de Morelos, Chihuahua.

Los acontecimientos tuvieron lugar en abril de 2026. Según los reportes recabados en torno al expediente, en aquella misión clandestina convergieron tanto elementos pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación como cuatro ciudadanos extranjeros adscritos orgánicamente a la Agencia Central de Inteligencia.

No obstante, la situación escaló trágicamente luego de que el operativo culminara en un aparatoso accidente automovilístico. En aquel siniestro perdieron la vida de forma instantánea dos oficiales de la corporación estadounidense y un par de agentes adscritos a la fiscalía local.

Bajo la perspectiva de la FGR, el entonces titular de la procuración de justicia permitió que personal extranjero portara armamento y ejecutara maniobras operativas sin contar con los permisos y la coordinación obligatoria de las instancias federales mexicanas, omitiendo además notificar a la federación sobre estos movimientos.

Por su parte, los abogados defensores han refutado categóricamente estas imputaciones, argumentando una total ausencia de elementos probatorios que demuestren que su representado tuviera conocimiento previo o hubiera avalado la presencia de los agentes de la potencia del norte. Asimismo, han puesto en tela de juicio la solidez de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Es importante destacar que la reciente admisión del recurso de apelación no representa una exoneración ni implica la anulación inmediata de la vinculación a proceso. El futuro procesal de César “N” dependerá exclusivamente del fallo que emita el tribunal al confirmar, modificar o revocar la decisión inicial del juez de control.

Mientras se desahogan estas etapas procesales y se define la fecha para la confrontación de argumentos jurídicos, el exfuncionario continuará recluido bajo un estricto régimen de vigilancia en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, situado en el municipio de Almoloya de Juárez dentro del Estado de México.

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