Preparan nuevas normativas ante el acelerado crecimiento del parque vehicular de motocicletas
El incremento exponencial en la circulación de motocicletas en territorio nacional ha encendido las alarmas de especialistas y legisladores, quienes advierten sobre la urgencia de redefinir el marco normativo actual. Este fenómeno de movilidad urbana plantea retos mayúsculos en materia de salvaguarda ciudadana, abarcando desde la protección física de los tripulantes hasta la delimitación de responsabilidades corporativas en el sector de entregas a domicilio y transporte privado.
Frente a esta coyuntura, diversos colectivos ciudadanos y congresistas han puesto sobre la mesa una serie de disposiciones legales. Entre las propuestas sobresalen la exigencia de un seguro de responsabilidad civil, la estandarización del uso de equipo protector y la creación de un registro nacional de motocicletas coordinado a nivel federal.
Dichas directrices fueron expuestas ante la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados. En este espacio, la legisladora Patricia Mercado adelantó que ya se encuentran diseñando un proyecto legislativo con alcance nacional para ordenar el sector.
Nuevos requerimientos y licencias diferenciadas para conductores
Durante los encuentros de trabajo con defensores de la movilidad segura, se delinearon modificaciones específicas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Uno de los puntos nodales consiste en obligar a los operadores a contar con una protección financiera mediante pólizas que respondan ante siniestros viales.
Voceros de organizaciones civiles subrayaron la necesidad de incluir salvaguardas especiales para proteger a niñas, niños y adolescentes que viajan como pasajeros, así como homologar los derechos de este sector poblacional. Paralelamente, se sugirió expedir dos tipos de licencias: una destinada al desplazamiento cotidiano y otra enfocada en actividades laborales intensivas.
Adicionalmente, se exigirá aprobar un curso de formación en educación vial como condición indispensable para obtener la habilitación vehicular, la cual tendría una vigencia de al menos cinco años. Las autoridades también buscan combatir prácticas temerarias, tales como rebasar de manera imprudente entre carriles.
Una nueva regulación para el uso de motocicletas es una necesidad apremiante pero también es un tema complejo, donde estamos haciendo el esfuerzo por llegar a los mayores acuerdos posibles.
Este martes, en la Comisión de Movilidad de @Mx_Diputados estamos presentando una…
— Patricia Mercado (@PatriciaMercado) November 17, 2026
Corresponsabilidad para plataformas digitales y empresas armadoras
La estrategia gubernamental también apunta hacia las marcas fabricantes y las aplicaciones tecnológicas de reparto. La propuesta contempla que las compañías vendedoras entreguen las unidades con la documentación en regla y placas vehiculares desde el momento de su adquisición.
En el caso de las aplicaciones digitales, se busca que las corporaciones garanticen la capacitación de sus colaboradores y se abstengan de imponer esquemas de rendimiento peligrosos. Sobre este punto, expertos advirtieron que los bonos por rapidez fomentan la conducción a exceso de velocidad, por lo que urgieron a prohibir los estímulos que comprometan la vida de los repartidores.
Clasificación vehicular y urgencia de frenar siniestros viales
Especialistas en la materia recomendaron agrupar los vehículos de dos y tres ruedas según sus capacidades técnicas, estableciendo categorías de muy baja, baja, mediana y alta potencia respaldadas por una Norma Oficial Mexicana.
Las estadísticas oficiales presentadas revelan un panorama alarmante: actualmente transitan aproximadamente 10 millones de motocicletas en México. Tan solo en un año reciente se documentaron cerca de 380 mil accidentes, y las estimaciones indican que en el país pierden la vida unas 16 mil personas anualmente por hechos de tránsito, estando involucrada una motocicleta en cerca del 25 por ciento de los casos.
Finalmente, la discusión legislativa continuará su curso con la meta de presentar las iniciativas formales antes de que concluya el periodo ordinario, buscando construir consensos con las distintas fuerzas políticas y comisiones especializadas en salud, economía y transporte.


