El contrabando y la subfacturación de importaciones le costarían al Estado argentino unos US$2.855 millones en ingresos fiscales durante 2026, equivalentes al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). La estimación surge de un informe de MAP LATAM que analiza 15 sectores de la economía y advierte sobre el avance del comercio ilegal en el país.
La cifra contempla únicamente las actividades relevadas por el estudio, que representan el 2,6% del PIB y el 14,5% del producto manufacturero. Aun con ese alcance acotado, la pérdida fiscal equivale al 120% de la recaudación estimada por Impuestos Internos y a 1,6 veces los ingresos por Bienes Personales.
Del total calculado, US$2.283 millones corresponden al contrabando y otros US$572 millones a la subfacturación. Esta última práctica consiste en declarar una importación por debajo de su valor real, lo que permite que la mercadería ingrese legalmente al país, pero tribute menos impuestos.
El impacto también puede dimensionarse en términos de gasto público. Según las equivalencias incluidas en el informe, los recursos que el Estado dejaría de percibir alcanzarían para financiar la construcción de unas 2.400 escuelas, 120 centros de salud ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.
¿Qué sectores concentran las mayores pérdidas fiscales?
El impacto no se distribuye de manera uniforme entre las actividades relevadas. Las bebidas espirituosas encabezan la estimación de pérdida de ingresos fiscales, con unos US$1.400 millones. Le siguen la indumentaria, con US$470 millones; los celulares, con US$255 millones; los cigarrillos, con US$230 millones; y los agroquímicos, con US$205 millones.
En términos de penetración del comercio ilegal, la perfumería árabe presenta la mayor incidencia: el 83% de su mercado correspondería a contrabando. En celulares, la proporción alcanza el 40%, mientras que en juguetes llega al 33%. En otros rubros, como textiles, marroquinería y televisores, el problema se manifiesta principalmente a través de importaciones subfacturadas.
El relevamiento también identifica operaciones ilegales en yerba mate, neumáticos, calzado, pequeños electrodomésticos y cigarrillos. Además, advierte que el fenómeno alcanza a otros segmentos que no fueron cuantificados, entre ellos medicamentos, productos médicos, alimentos y materiales de construcción.
¿Por qué crece el comercio ilegal en Argentina?
El informe describe al comercio ilícito como un fenómeno estructural, cuya incidencia se agravó en un contexto de apertura y desregulación de la economía. Entre los cambios recientes menciona la eliminación, en 2024, del control documental y físico obligatorio para textiles, calzado y productos alcanzados por medidas antidumping.
También señala la eliminación de los valores criterio de importación, una herramienta que permitía detectar y frenar la subfacturación antes del despacho de la mercadería. Actualmente, el control de valor es posterior y selectivo.
🚨La venta ilegal y el contrabando perjudican a quienes invierten, generan empleo y cumplen con las normas.
Desde la CAC planteamos esta preocupación ante autoridades nacionales y acordamos trabajar en conjunto para combatir esta problemática.
Conocé los detalles del encuentro:… pic.twitter.com/X80qTletOy
— CAC (@CACteinforma) October 26, 2026
A esas modificaciones se suman problemas de larga data, como tecnología de control aduanero obsoleta y falta de capacitación del personal en puertos y fronteras. MAP LATAM sostiene que Argentina cumple con los estándares internacionales en materia de información anticipada, gestión de riesgo y operadores económicos autorizados, pero presenta un cumplimiento parcial en control de valor e inspecciones físicas y no intrusivas. Además, no cumple con los estándares de medición de resultados.
La evolución de los indicadores internacionales también refleja el deterioro. Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el componente de comercio ilícito sectorial del índice de TRACIT de 2025.
A su vez, el Global Organized Crime Index de GI-TOC ubica al país en el puesto 16 entre 193 en comercio ilícito de bienes gravados, frente al puesto 27 que ocupaba en 2023.
¿Qué otras consecuencias tiene para la economía?
La pérdida de recaudación no es el único efecto fiscal y económico identificado. El estudio estima, a su vez, que el contrabando impide generar 11.300 empleos formales en siete sectores donde fue posible realizar el cálculo. Esa cifra representa un 22% adicional respecto de los puestos que esas actividades tenían en 2025.
El comercio ilegal también desplaza ventas de empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y regulatorias, al permitir competir con precios que no incorporan los mismos costos. Esto puede reducir los incentivos para invertir e innovar y erosionar la base tributaria de la economía formal.
El impacto también alcanza a los consumidores. Según el informe, la mercadería de contrabando no atraviesa necesariamente inspecciones sanitarias, de calidad o seguridad, lo que puede exponer a quienes la compran a riesgos para su salud. Además, la falta de información sobre el origen, las condiciones de fabricación y la fecha de ingreso al país dificulta el seguimiento de los productos ante eventuales problemas. A esto se suman la ausencia de facturas, garantías y servicios de posventa.
En ese sentido, el informe advierte que la evasión y la circulación de dinero ilegal pueden generar un efecto multiplicador: aumentan la presión sobre las empresas que operan legalmente y debilitan los incentivos para mantenerse dentro de la formalidad.
La apertura comercial, concluye MAP LATAM, requiere mecanismos de fiscalización acordes con las buenas prácticas internacionales para evitar que la mayor circulación de mercadería facilite el avance del comercio ilegal.
La advertencia de Lumilagro respecto de los termos
Un caso que ilustra los riesgos sanitarios asociados al comercio ilegal es el de los termos. Martín Nadler, propietario de Lumilagro, advirtió en marzo sobre el ingreso de productos fabricados con acero de la serie 200, un material que, según sostuvo, no es apto para el contacto con alimentos y podría liberar metales al entrar en contacto con bebidas calientes.
El empresario también señaló que Bolivia había importado cerca de cuatro millones de termos de acero, un volumen que consideró difícil de explicar en un país que tiene algo más de 11 millones de habitantes que, en su enorme mayoría, no consumen mate.
La advertencia tuvo un correlato en investigaciones oficiales. En enero de 2026, la ANMAT informó que análisis realizados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre recipientes secuestrados en una causa judicial detectaron aleaciones metálicas no autorizadas para el contacto con alimentos y contaminantes por encima de los límites permitidos.
El organismo advirtió que la exposición crónica a esos elementos puede generar acumulación en el organismo y efectos adversos a largo plazo. En noviembre, nuevos informes toxicológicos de los hospitales Gutiérrez y Posadas volvieron a señalar riesgos potenciales en termos falsificados analizados en causas judiciales.
