Un análisis a diez años revela los retos de la hacienda pública
Tras una maratónica jornada legislativa que se prolongó por casi veinte horas y tras desechar miles de reservas, la Cámara de Diputados dio luz verde al Presupuesto de Egresos de la federación. Con una votación contundente de 352 votos a favor y 130 en contra, el nuevo plan financiero gubernamental comenzará a regir los destinos económicos del país, mostrando una variación mínima frente al ejercicio anterior pero exponiendo profundas transformaciones al contrastarlo con el horizonte de una década.
Al revisar las tendencias económicas en un periodo de diez años, resulta evidente que el manejo del erario nacional se encuentra ante una encrucijada compleja. Sin una reestructuración profunda en el corto o mediano plazo, los analistas advierten sobre un posible descarrilamiento de las cuentas nacionales. A continuación, se detallan diez aspectos fundamentales que deja al descubierto este ejercicio fiscal comparado con el año 2017.
1. Expansión general del gasto neto
El desembolso total previsto para el año 2027 ascenderá a 10.6 billones de pesos, lo que representa un incremento de 442 mil millones respecto al periodo previo. Esta cifra equivale al 27 por ciento del Producto Interno Bruto. En contraste, el gasto aprobado para 2017 fue de 4.9 billones, equivalente al 21.7 por ciento de la economía. En términos reales, el presupuesto actual es más de un tercio mayor, a pesar de que el crecimiento acumulado del PIB nacional en ese mismo lapso rondará apenas el 11 por ciento.
2. La presión insostenible de las pensiones contributivas
Las obligaciones de retiro para extrabajadores del IMSS, el ISSSTE y las entidades corporativas del Estado demandarán 1.84 billones de pesos, lo que significa que 17 de cada 100 pesos del gasto se destinarán a este fin. Hace una década, este rubro absorbía 720 mil millones, pasando de representar el 3.2 al 4.7 por ciento del PIB. Las proyecciones de la Secretaría de Hacienda estiman que esta proporción continuará escalando hasta alcanzar el 5.1 por ciento hacia el año 2032.
3. El crecimiento exponencial de las pensiones no contributivas
Los apoyos sociales universales para sectores vulnerables contarán con una asignación de 640 mil millones de pesos. Específicamente, el esquema dirigido a los adultos mayores absorberá 543 mil millones, un incremento drástico si se compara con los 39 mil millones registrados en 2017. En conjunto, estos programas vieron su asignación multiplicada por dieciséis, abarcando ya el 1.6 por ciento del PIB frente al 0.2 por ciento de hace diez años.
4. El elevado costo financiero de la deuda
Atender los compromisos relacionados con el servicio de la deuda implicará un desembolso de un billón 575 mil millones de pesos, cifra que representa el 4 por ciento del PIB. En 2017, este concepto se situaba en 573 mil millones, es decir, el 2.5 por ciento de la economía. Este incremento de un punto y medio sitúa el costo financiero actual como el segundo más alto registrado desde 1991, superado únicamente por el presupuestado para el año en curso.
5. Los tres grandes bloques que absorben los recursos
Los apartados de pensiones contributivas, apoyos sociales y costo de la deuda explican por sí solos 4.4 de los 5.3 puntos porcentuales del PIB en que creció el gasto general. Mientras que en 2017 estos componentes concentraban 27 de cada 100 pesos, para 2027 acapararán 38 pesos. Sectores fundamentales como la educación, la sanidad y la seguridad pública apenas experimentaron un movimiento marginal, pasando de 6.6 a 6.8 por ciento del PIB en el mismo periodo.
6. El comportamiento de la nómina gubernamental
El sostenimiento del aparato de personal del sector público, que abarca a docentes, profesionales de la salud y elementos de las Fuerzas Armadas, requerirá 2.03 billones de pesos. Aunque este rubro experimentará un avance real del 7.3 por ciento, su peso relativo frente a la economía se ha mantenido estable en el 5.2 por ciento del PIB. Un dato revelador es que, hace una década, la nómina superaba en 53 por ciento al gasto en pensiones, mientras que ahora las pensiones superan a la nómina en un 22 por ciento.
7. La inversión física frente a los intereses
Las obras de infraestructura y capital contarán con un billón 26 mil millones de pesos, equivalentes al 2.6 por ciento del PIB, donde una cuarta parte recae directamente sobre Petróleos Mexicanos. Hace diez años, la inversión y el pago de intereses recibían montos prácticamente idénticos; sin embargo, en las proyecciones actuales, los intereses superan a la inversión por 548 mil millones de pesos, anticipando recortes adicionales para los años venideros.
8. Prioridad presupuestal para los programas sociales
Los recursos destinados a las estrategias sociales prioritarias ascenderán a un billón 25 mil millones de pesos, una cifra casi simétrica a la destinada a la inversión física. La Secretaría de Bienestar concentrará la mayor parte con 897 mil millones, reflejando un cambio estructural absoluto frente a los esquemas asistenciales aplicados una década atrás, cuando el principal programa de la época manejaba montos radicalmente inferiores.
9. El comportamiento de los ingresos públicos
El incremento en el gasto ha sido posible gracias a una mayor recaudación, lograda sin modificar las tasas impositivas del Impuesto Sobre la Renta o el Valor Agregado. La Ley de Ingresos prevé captaciones por 9.2 billones de pesos, lo que equivale al 23.2 por ciento del PIB. Los ingresos tributarios pasaron del 12.2 al 15.9 por ciento, compensando la contracción de los recursos petroleros, que descendieron del 3.5 al 2.5 por ciento de la economía.
10. Desbalance fiscal y trayectoria de la deuda
A pesar de que los ingresos gubernamentales aumentaron en 3.8 puntos porcentuales del PIB a lo largo de esta década, los compromisos de pensiones y pago de intereses crecieron 4.4 puntos. Esta divergencia impulsó el déficit presupuestario hasta el 3.4 por ciento del PIB, elevando simultáneamente el endeudamiento público desde el 45 por ciento registrado en 2017 hasta una proyección del 55 por ciento al cierre de 2027.
De mantener estas trayectorias financieras durante los próximos diez años, la expansión del gasto público alcanzará un punto de insostenibilidad a menos que se implemente un incremento sustancial en los ingresos del Estado. El reto para la administración pública radica en definir en qué momento se impulsará la postergada reforma fiscal que las finanzas del país exigen con urgencia.
