Reclaman avance urgente en la indagatoria por tentativa de violación
La fuerza política de Movimiento Ciudadano intensificó su presión jurídica y política para exigir a la Fiscalía General del Estado de Morelos que acelere de manera definitiva las diligencias pendientes en el expediente judicial abierto en contra del actual diputado federal y exgobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta una acusación formal por el presunto delito de violación en grado de tentativa.
Durante una sesión legislativa, la diputada federal Anayeli Muñoz Moreno impulsó un punto de acuerdo formal para exhortar a las instancias ministeriales del estado a concluir con la integración de la carpeta procesal. La legisladora enfatizó la necesidad indispensable de aplicar estrictamente una perspectiva de género y asegurar condiciones óptimas para que la denunciante, identificada como Nidia Fabiola y media hermana del exmandatario, pueda ejercer plenamente su derecho fundamental al acceso a la justicia sin trabas burocráticas.
Asimismo, la representante popular cuestionó duramente la dilación institucional, recordando que a pesar de que en enero de 2026 la propia fiscalía morelense confirmó públicamente que la investigación seguía su curso y contaba con diversas diligencias por desahogar, a la fecha no existe un calendario claro ni una fecha estimada para cerrar esta fase indagatoria.
“No estamos juzgando al legislador de Morena, estamos diciendo que una mujer que está presentando una denuncia y que además ha señalado que ha sido amenazada en diferentes ocasiones, debe tener derecho al acceso a la justicia”, sostuvo Muñoz.
Exigen medidas urgentes de protección para la denunciante
Dentro de los planteamientos presentados por la bancada naranja destaca también la exigencia de actualizar de inmediato la valoración oficial de riesgo para la afectada, con el firme propósito de blindar su integridad física y prevenir cualquier escenario de intimidación o revictimización institucional.
Adicionalmente, el partido naranja solicitó que la procuración de justicia estatal otorgue máxima prioridad a las carpetas relacionadas con feminicidios, homicidios dolosos y delitos de índole sexual en agravio de las mujeres. Del mismo modo, demandaron que la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, consolide una coordinación interinstitucional eficiente para dar cumplimiento estricto a las disposiciones contempladas en la Alerta de Violencia de Género.
Insisten en retirar el fuero constitucional al exgobernador
El posicionamiento del partido opositor contempla además que, en caso de reunirse los indicios jurídicos necesarios y solventarse las observaciones técnicas emitidas en su momento por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la fiscalía local promueva nuevamente una petición formal de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco.
Cabe recordar que en marzo de 2025, la instancia legislativa federal determinó desechar la solicitud inicial para remover la inmunidad procesal al exgobernador, argumentando deficiencias técnicas y la falta de solidez investigativa en el expediente remitido por las autoridades del estado de Morelos.
Por su parte, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, dio a conocer que el 5 de noviembre se interpuso una solicitud ciudadana directa ante la fiscalía del estado para demandar resultados tangibles en el proceso. Paralelamente, se ingresó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local para supervisar que se atiendan con rigor las recomendaciones técnicas del Congreso federal.
Ortega subrayó que el exmandatario debe enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones, sin recibir ningún tipo de privilegio o trato diferenciado derivado de su posición política actual en el Poder Legislativo.
Antecedentes del caso y retiro de escoltas
El escándalo judicial estalló en octubre de 2024, momento en el cual trascendió públicamente la apertura de la indagatoria ministerial en contra del entonces gobernador por la denuncia interpuesta por su media hermana.
La situación de vulnerabilidad de la víctima se agravó en marzo de 2026, cuando la propia denunciante alertó sobre amenazas en su contra y denunció públicamente que las autoridades le retiraron el esquema de vigilancia policial que se le había asignado como mecanismo elemental de salvaguarda.
Ante este panorama adverso, las representantes de la fuerza política naranja reiteraron que las instituciones del Estado mexicano tienen la obligación indeclinable de salvaguardar la vida de la denunciante y agilizar las pesquisas para esclarecer los hechos conforme a la ley.
