Tras una serie de intensas negociaciones institucionales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y las dirigencias sindicales, se logró concretar una modificación profunda al esquema de evaluación del desempeño que afecta a los colaboradores del sistema de impartición de justicia en todo el territorio nacional.
El entendimiento mutuo surge como respuesta directa al paro nacional de labores que inició el pasado 6 de noviembre, cuando miles de empleados decidieron suspender sus actividades presenciales y realizar movilizaciones públicas, incluyendo cierres viales en la Ciudad de México y diversas entidades federativas, ante el temor latente de que los nuevos filtros de supervisión profesional se utilizaran como mecanismos de castigo laboral.
Modificaciones clave al esquema de evaluación
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las máximas instancias del alto tribunal, las modificaciones acordadas buscan brindar total certidumbre jurídica y laboral a la base trabajadora. Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación absoluta de las evaluaciones extraordinarias, las cuales previamente podían ser solicitadas de manera discrecional por los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, se determinó ajustar los porcentajes correspondientes a aquellos criterios que presentaban un factor considerable de subjetividad. Con estas adecuaciones, las autoridades judiciales reafirmaron que las evaluaciones tendrán como única finalidad optimizar la eficacia, eficiencia y calidad en el servicio que se brinda a la ciudadanía, descartando tajantemente que los resultados puedan derivar en sanciones punitivas o en la separación definitiva del cargo para cualquier integrante de la carrera judicial.
La #SCJN, el @OAJ_Mex y los Comités Ejecutivos Nacionales de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron modificar el proceso de evaluación del desempeño para que no tenga efectos sancionatorios ni implique la separación del cargo. ➡️… pic.twitter.com/VZva4mOXXC
— Suprema Corte (@SCJN) November 8, 2026
Orígenes del conflicto y el rechazo al acuerdo general
La tensión laboral se detonó tras la promulgación y publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre. Dicha normativa establecía un nuevo procedimiento de control y medición de capacidades dirigido específicamente a secretarios, actuarios, oficiales judiciales y demás personal operativo.
Aunque el propósito inicial consistía en verificar los conocimientos técnicos y el rendimiento profesional, la redacción original del documento generó desconfianza entre los empleados, quienes advirtieron riesgos inminentes para su estabilidad laboral, el respeto a su antigüedad y la permanencia en sus plazas de trabajo. Esta incertidumbre motivó la pronta respuesta sindical y la organización de protestas masivas en distintos circuitos judiciales del país.
Diálogo abierto y mesas de trabajo permanentes
Ante la escalada del conflicto, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo encuentros bilaterales de carácter urgente con los principales líderes gremiales: Jesús Gilberto González Pimentel, representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF).
Durante estas mesas de concertación, el titular del máximo tribunal manifestó apertura absoluta para escuchar las demandas de la base trabajadora y encauzar las inconformidades a través de vías institucionales. Aguilar Ortiz enfatizó que cualquier política de supervisión interna debe servir como una herramienta para consolidar las capacidades profesionales dentro de la carrera judicial, y nunca como un instrumento de hostigamiento o intimidación laboral.
Como resultado de estos acuerdos, la Suprema Corte confirmó que los cambios sustantivos al marco normativo serán publicados próximamente en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente, se acordó la creación de mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento puntual a las inquietudes del personal y asegurar la continuidad operativa en los tribunales y juzgados federales, los cuales retomaron sus actividades con absoluta normalidad el lunes 9 de noviembre.
