La reciente propuesta de la Ley de Rescate Fiscal impulsada por la administración de Abelardo de la Espriella ha generado un intenso debate nacional. El núcleo de la controversia gira en torno al alcance real del reordenamiento en las cuentas estatales y, de manera muy particular, al peso impositivo que recaerá sobre los hogares de ingresos medios y bajos en el territorio nacional.
Desde el Ministerio de Hacienda, el viceministro Juan Sebastián Betancur salió al paso de los cuestionamientos y aseguró: “No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie”. Sin embargo, analistas políticos advierten que socializar e implementar estas medidas en la antesala de un ciclo electoral regional podría convertirse en el detonante de una fricción mayúscula entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El Estado es el primero en abrocharse el cinturón. 🇨🇴
El Viceministro Técnico de Hacienda, @juansbetancur, explica el ajuste: 20 % menos en planta y gastos de personal, 50 % menos en contratos, salida de activos improductivos y reorganización de entidades.#LeyDeRescate pic.twitter.com/PgGEUkBPGx— MinHacienda (@MinHacienda) October 31, 2026
Diversos sectores políticos señalan que este paquete de modificaciones tributarias ostenta todos los elementos para transformarse en un nuevo episodio de confrontación institucional, similar al histórico ‘florero de Llorente’, poniendo a prueba la gobernabilidad y las alianzas del mandatario en el Parlamento.
El Gobierno defiende su estrategia fiscal y promete devoluciones
Frente a las críticas generalizadas, el viceministro Betancur detalló que la arquitectura del proyecto contempla mecanismos compensatorios para proteger a la población más vulnerable. Según los cálculos oficiales, la iniciativa busca beneficiar a 19 millones de colombianos de menores recursos mediante el reintegro total del tributo al consumo que pagan habitualmente.
“19 millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio COP$138.000 al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso”, puntualizó el funcionario, añadiendo que dos de cada tres ciudadanos —lo equivalente a 35 millones de personas— no experimentarán un incremento en su presión tributaria.
Asimismo, el Ejecutivo enfatizó que los artículos de primera necesidad se mantendrán al margen de los cambios impositivos. “La canasta básica está fuera de esta discusión, ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”, aseveró Betancur.
Reacciones encontradas en el Congreso y análisis macroeconómico
En el ámbito legislativo, la senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas, del partido Centro Democrático, reconoció la urgencia de sanear las maltrechas cuentas públicas heredadas de la administración anterior, respaldando los componentes orientados al recorte del gasto operativo.
“Colombia estaba necesitando un proyecto de ley de rescate fiscal que resuelva los graves problemas en las finanzas del Estado que resultaron, en gran medida, de las irresponsabilidades de la anterior administración”, expresó la congresista, quien además abogó por fusionar superintendencias y departamentos para optimizar el aparato estatal.
Por su parte, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo catalogó el ajuste como una apuesta de proporciones monumentales, calculando que el esfuerzo fiscal equivaldría al 2,4% del PIB en 2027, alcanzando el 4,3% en 2028 y trepando hasta el 4,7% en 2030.
“La Ley de Rescate Fiscal en Colombia plantea un ajuste de las finanzas públicas de enorme magnitud. Es una propuesta muy ambiciosa, con medidas que seguramente generarán controversia y enfrentarán dificultades en el trámite legislativo”, advirtió Pardo, destacando a su vez que el 10% de los hogares más ricos asumiría el 97% del esfuerzo tributario total de las familias.
El temor por el impacto en la clase media y los trabajadores independientes
A pesar de las defensas gubernamentales, el articulado ha despertado rechazo en sectores clave. El representante a la Cámara Daniel Briceño manifestó su rotundo desacuerdo con gravar a las clases medias y anunció su intención de proponer recortes drásticos en el presupuesto de órganos como la Procuraduría, la Contraloría y el Congreso.
“Sobre los impuestos a la clase media no pienso apoyarlos. Así como voté negativamente a las nefastas reformas tributarias de Galán en el Concejo, mantendré la coherencia”, sentenció Briceño.
Ley de Rescate: ¿cuánto menos recibiría al mes un asalariado?⁰(Con 1 dependiente. Incluye el nuevo aporte a salud y los cambios en el impuesto de renta.)
💼 $2 millones → sin cambio⁰💼 $3 millones → sin cambio⁰💼 $4 millones → −$60.000⁰💼 $5 millones → −$75.000⁰💼 $6…— Jose Ignacio Lopez (@JoseILopez) October 30, 2026
En una línea similar, parlamentarios de la oposición, como Gustavo Bolívar y Alejandra Omaña, compararon la iniciativa con políticas económicas pasadas y advirtieron sobre aumentos en tarifas de productos como café, azúcar, chocolate y granos, además de mayores cotizaciones en salud para empleados y independientes, así como un umbral más bajo para la declaración de renta.
“Si usted compraba café, azúcar, chocolate, avena, pasta, fríjoles o lentejas pagando poco o nada de IVA, ahora pagará el 19% de impuesto”, alertó Omaña, cuestionando que se alivien las cargas a las grandes corporaciones mientras se endurecen los requisitos para los ciudadanos del común.
Competitividad y el futuro del articulado en el legislativo
Desde la perspectiva de la competitividad internacional, economistas como Daniel Gómez defendieron algunos aspectos de fondo de la propuesta, señalando que el impuesto de renta corporativo en Colombia se ubica muy por encima de los estándares de la OCDE, lo que históricamente ha desalentado la inversión extranjera y local.
“La ley de Rescate Fiscal está, en general, bien enfocada y busca responder a la urgencia de desactivar la bomba fiscal que dejó el gobierno Petro y a la vez avanzar en una reforma de fondo en línea con buenos principios de tributación y gasto”, concluyó Gómez, dejando abierta la puerta a modificaciones sustanciales durante el trámite de debates que se avecina en el Capitolio.
