El crecimiento del mercado cripto en Colombia supera la media regional
Mientras que la valoración global de los activos digitales experimentó una caída cercana a la mitad de su valor máximo, el ecosistema colombiano adoptó una dinámica totalmente opuesta. De acuerdo con las cifras analizadas por Colombia Fintech, el volumen de operaciones con criptoactivos en el país se incrementó un 13,8% entre los meses de julio de 2025 y junio de 2026, alcanzando la cifra de US$29.100 millones.
Dicho ritmo de expansión logró superar con holgura el promedio del 9,8% registrado en el conjunto de América Latina. Con estos resultados, la nación se consolidó firmemente como el quinto mercado más importante de la región, ubicándose por detrás de potencias como Brasil, Argentina, México y Venezuela.
Respecto a esta tendencia, Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, señaló: “Colombia ya es uno de los mercados cripto más grandes de la región y millones de personas usan estos activos para pagar, ahorrar y enviar dinero”. Asimismo, el dirigente advirtió sobre la urgencia de establecer normativas claras para la actividad: “Cada año sin reglas, el país cede terreno frente a los mercados que ya decidieron regular”.
Utilidad financiera y el peso de las stablecoins
A diferencia de lo que ocurre en otros territorios donde la especulación con el bitcoin acapara la atención, la adopción de estos instrumentos en suelo colombiano responde prioritariamente a necesidades de carácter operativo y transaccional. Según el reporte sectorial, casi la mitad de las adquisiciones realizadas en las plataformas de intercambio locales —un 48%— corresponden a stablecoins, es decir, criptomonedas cuyo valor se encuentra vinculado al dólar estadounidense.
Este comportamiento se produce en un entorno macroeconómico que mantiene cierta estabilidad, pero donde las restricciones y complicaciones para abrir cuentas bancarias en moneda extranjera persisten. Prueba de ello es que, únicamente durante el segundo trimestre de 2026, las transferencias de monedas estables hacia plataformas operadas por usuarios nacionales totalizaron US$3.500 millones.
El impacto de esta tecnología es especialmente notable en el terreno de las remesas financieras. Mientras que los operadores tradicionales suelen cobrar comisiones que oscilan entre el 5% y el 7% por cada envío, las transacciones respaldadas en criptoactivos logran reducir estos costos por debajo del 2%. Esta diferencia adquiere gran relevancia si se considera que el país acumuló un flujo récord de remesas por US$13.098 millones durante 2025, al que se sumaron otros US$7.752 millones entre enero y julio de 2026, según datos oficiales del Banco de la República. De este volumen anual, cada punto porcentual de ahorro en comisiones representa aproximadamente US$130 millones que dejan de destinarse a intermediarios financieros.
Infraestructura tecnológica y el dilema legal
Dentro del panorama empresarial, la Encuesta de Caracterización del Ecosistema Fintech revela que la vertical especializada en blockchain y criptomonedas representa el 8,2% del total de iniciativas en el país. La mayoría de estas compañías operan como proveedoras de tecnología orientadas al sector corporativo: el 66,7% se desempeña en el ámbito de los servicios Web3 y blockchain, mientras que el 55,6% suministra infraestructura para procesamiento de pagos.
No obstante, el principal obstáculo para el desarrollo óptimo de esta industria radica en la ausencia de un marco jurídico integral. Los intentos legislativos previos, como el Proyecto de Ley 510 de 2025, no lograron consolidarse y terminaron archivados antes de superar su segundo debate. Mientras tanto, las entidades de control han mantenido posturas restrictivas mediante circulares que dificultan la relación bancaria de las empresas del sector.
La falta de un marco protector contrasta con el aumento de las obligaciones tributarias y de reporte. A partir del año gravable 2026, la DIAN exige a los operadores cumplir con estándares internacionales de intercambio de información de la OCDE, a pesar de que el régimen cambiario nacional sigue sin reconocer formalmente a los criptoactivos como divisas. En palabras del informe institucional, “el país ha construido las obligaciones sin construir los derechos”, dejando a los usuarios y empresas en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a mercados vecinos que ya han modernizado su legislación.
