La falta de visión en el territorio mexicano va mucho más allá de un reto médico individual, ya que implica un deterioro profundo en la calidad de vida de las familias y un lastre financiero considerable para la nación. Cuando un ciudadano pierde la capacidad de ver con claridad, con frecuencia se enfrenta a la exclusión laboral, a la pérdida de su autonomía personal y a la dependencia de terceros para cumplir con sus actividades cotidianas más elementales.
El impacto financiero de la ceguera
De acuerdo con las estimaciones presentadas recientemente por expertos en la materia, el país alberga a 16 millones de personas con algún grado de deterioro visual, de las cuales 540 mil padecen ceguera total. Este escenario genera una merma económica anual estimada en 50 mil millones de pesos debido a la baja en la productividad laboral, lo que equivale a un costo diario superior a los 137 millones de pesos.
El análisis sociodemográfico revela que siete de cada 10 afectados superan los 50 años de edad, mientras que las mujeres concentran el 55% de los casos registrados. Estas proporciones evidencian la urgencia de atender el envejecimiento poblacional con políticas preventivas que garanticen la autosuficiencia y el bienestar de los sectores más vulnerables.
Una estrategia institucional en marcha
Ante este panorama, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Colegio Nacional (SMOCN), liderada por el doctor David Lozano Rechy, unió fuerzas con la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) para consolidar la Alianza para la Salud Visual en México. La presentación oficial de esta iniciativa se llevó a cabo el pasado miércoles 28 de octubre.
El objetivo principal de esta coalición consiste en diseñar una ruta de acción gubernamental enfocada en el periodo 2027-2030, priorizando rubros como la gobernanza, la asignación presupuestal, el fortalecimiento de redes médicas, la capacitación de talento humano y el impulso a la investigación científica.
Durante el evento, la doctora Valeria Sánchez Huerta, quien funge como presidenta regional de la IAPB para América Latina, advirtió sobre la necesidad imperiosa de traducir el diagnóstico técnico en acciones concretas:
“El desafío consiste en transformar el conocimiento acumulado sobre el problema en decisiones, recursos y servicios accesibles para la población.”
Retos en la infraestructura médica
Uno de los obstáculos más significativos para abatir esta problemática radica en la escasez y distribución inequitativa de los especialistas. Las estadísticas de la alianza señalan que el país cuenta con apenas 0.32 oftalmólogos certificados y 0.52 optometristas titulados por cada 10 mil habitantes, concentrándose la mayoría de ellos en los grandes centros urbanos.
Para los habitantes de zonas alejadas o comunidades rurales, recibir atención oftalmológica oportuna implica trasladarse largas distancias, incurrir en gastos extraordinarios de hospedaje y transporte, y perder jornadas de trabajo. Esta dinámica propicia que padecimientos tratables evolucionen hasta convertirse en discapacidades irreversibles por falta de un diagnóstico a tiempo.
Iniciativas y proyecciones futuras
Entre los ejes prioritarios de la nueva agenda destacan la detección temprana de patologías como la retinopatía diabética y las cataratas, la ampliación en la entrega de lentes graduados y la integración de tecnologías avanzadas como la telemedicina y la inteligencia artificial en los centros de salud.
El doctor Jorge E. Valdez García, secretario general de la SMOCN y coordinador de la alianza, asumió la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de la comunidad médica con las instituciones del Estado. Del mismo modo, se espera una participación activa por parte de la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor David Kershenobich, para que las propuestas se conviertan en políticas públicas efectivas.
De persistir las condiciones demográficas actuales, las proyecciones indican que el número de mexicanos con deficiencias visuales podría trepar hasta los 27.5 millones hacia el año 2040, lo que representaría un incremento del 72%.
Especialistas coinciden en que el Estado mexicano debe dejar de relegar la salud visual a un plano secundario. Cada diagnóstico tardío no solo trunca el desarrollo de un individuo y su familia, sino que también frena el crecimiento económico del país.
