Abelardo De la Espriella lanza plan de emergencia para sanear las finanzas de las EPS en Colombia

El panorama del sistema sanitario en Colombia enfrenta un nuevo giro estratégico luego de que el presidente Abelardo De la Espriella diera a conocer una ambiciosa hoja de ruta destinada a rescatar la estabilidad económica del sector. Como eje central de esta iniciativa, el Ejecutivo estableció que el punto de partida indispensable consistirá en auditar con total transparencia los pasivos acumulados por cada una de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Esta directriz gubernamental pretende optimizar la circulación del dinero dentro de la red asistencial y esclarecer la situación operativa de cada operador sanitario en el territorio nacional. Durante su alocución sobre los derroteros que guiarán a su administración en materia de salud, el jefe de Estado subrayó la urgencia de rescatar aquellos mecanismos que operan de forma eficiente mientras se intervienen las deficiencias estructurales.

“Tenemos que diseñar y poner en marcha cuanto antes un plan de choque para la estabilización financiera del sistema, partiendo de la definición clara de las deudas con cada una de las EPS”, afirmó el mandatario.

Criterios técnicos y futuro de las entidades

El gobernante enfatizó que cualquier determinación vinculada al aseguramiento, la financiación, la entrega de fármacos y los procedimientos médicos tendrá que sustentarse estrictamente en análisis técnicos y en el impacto real sobre los usuarios. Asimismo, lanzó una advertencia sobre el papel que desempeñan los administradores de recursos en la actualidad.

“Las EPS no son enemigas, pero las malas EPS no son intocables”, afirmó el presidente, aludiendo a la postura que mantendrá su administración frente a las organizaciones del sector.

Bajo este lineamiento, aquellas compañías que demuestren solvencia, una administración correcta y capacidad de respuesta para sus cotizantes mantendrán garantías para operar. Por el contrario, las instituciones que arrastren fallas subsanables deberán someterse a programas estrictos de saneamiento. Aquellas consideradas inviables, que manejen de forma negligente los fondos públicos o incumplan la garantía de asistencia, se enfrentarán a procesos de intervención, reestructuración o sustitución, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía.

Avances del plan de choque previo en la atención

Esta nueva estrategia financiera se acopla a las acciones que el Ejecutivo implementó desde septiembre para destrabar citas médicas represadas y asegurar la continuidad en los tratamientos médicos. En aquella primera etapa operativa, la cartera de Salud detectó 1.069.196 pacientes con trámites pendientes de medicamentos o cirugías, logrando este diagnóstico mediante el cruce de datos institucionales.

El programa ha priorizado patologías de alto riesgo que pueden comprometer la vida o generar daños irreversibles, tales como el cáncer, padecimientos huérfanos, insuficiencias renales, VIH, diabetes insulinodependiente, trasplantes y dolencias neurodegenerativas. Igualmente, se vigila de cerca a gestantes y a personas con asma, insuficiencia cardíaca y afecciones pulmonares crónicas.

Los operadores tienen la obligación directa de ubicar estos casos pendientes, coordinar las citas y verificar de manera rigurosa que los insumos farmacéuticos lleguen efectivamente a las manos de los ciudadanos o que las intervenciones quirúrgicas se lleven a cabo.

Primeros saldos y la perspectiva oficial

De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud con fecha de corte al cinco de octubre, 273.000 pacientes ya habían recibido sus fármacos, superando la cifra previa de 177.000 usuarios atendidos. El porcentaje acumulado de unidades entregadas alcanzó el 39,2 % de los volúmenes reportados originalmente como rezagados.

En el ámbito de los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, las autoridades contabilizaron 168.422 casos solucionados, un incremento considerable frente a los 120.586 reportados en el balance anterior.

Pese a estos progresos iniciales, la ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que estas medidas coyunturales no resuelven por completo las dificultades históricas del modelo.

“El Plan de Choque es una respuesta inmediata para atender a las personas que más lo necesitan, pero no es, por sí solo, la solución a los problemas estructurales del sistema”, señaló la funcionaria.

Las autoridades sanitarias mantendrán la supervisión semanal sobre las entidades prestadoras de servicios hasta finalizar el año 2026, garantizando la veracidad de los reportes entregados.

Inyección de liquidez y compra de cartera

Como complemento a estas acciones operativas, el Gobierno nacional habilitó en septiembre un esquema extraordinario enfocado en la adquisición de carteras atrasadas, diseñado para inyectar recursos frescos y respaldar financieramente a los actores del sistema.

Dicho instrumento financiero contempla una tasa de interés del 0 % junto con un periodo de gracia de un año para las obligaciones monetarias derivadas de los servicios incluidos en el programa. El objetivo primordial es proveer liquidez inmediata para honrar los pagos pendientes con hospitales, clínicas y laboratorios, bajo la premisa de que no se duplicarán pagos por atenciones ya saldadas con anterioridad.

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