Rechazan cambios administrativos que afectan el esquema pensional
La reciente modificación implementada en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha generado una intensa controversia en el ámbito político nacional. Diversos actores legislativos han manifestado su inconformidad con la nueva disposición, argumentando que vulnera de manera directa los derechos adquiridos de los trabajadores que buscaban mejorar sus condiciones de retiro.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez calificó de ilegal e inconstitucional el decreto que transforma las reglas operativas de este esquema de aportaciones voluntarias. Desde su perspectiva, un acuerdo de carácter administrativo carece de las facultades necesarias para limitar derechos sociales fundamentales sin que medie una revisión exhaustiva y previa de las normativas que rigen el sistema de seguridad social en el país.
El legislador panista subrayó que cualquier ajuste estructural a la Modalidad 40 debe someterse de manera obligatoria a un análisis riguroso y a una discusión abierta dentro del Poder Legislativo. Por esta razón, consideró imperativo que la disposición gubernamental sea suspendida mientras se determina su plena apego al marco constitucional vigente en México.
Anuncian asesoría jurídica y posibles amparos para proteger a los afectados
Ante el desconcierto y la preocupación de miles de ciudadanos que dependen de este esquema para asegurar un ingreso digno en su vejez, el representante popular informó que su equipo pondrá en marcha un programa de acompañamiento legal. Su objetivo principal será brindar asesoría jurídica a las personas perjudicadas por las nuevas restricciones operativas impuestas por la institución.
Asimismo, adelantó que ya se encuentran analizando la viabilidad de promover amparos colectivos o individuales, además de preparar una iniciativa legislativa formal para frenar el impacto negativo de la medida. Para el legislador, la decisión del Ejecutivo responde fundamentalmente a las severas presiones financieras que enfrenta la administración pública actual, destacando que el gasto en pensiones, el pago del servicio de la deuda y una supuesta gestión deficiente de los recursos públicos han colocado al erario en una situación vulnerable.
Respecto a los argumentos oficiales sobre la existencia de anomalías, reconoció que las presuntas irregularidades en la Modalidad 40 deben investigarse y sancionarse conforme a la ley cuando se comprueben desvíos o malas prácticas. No obstante, enfatizó que dichas situaciones no pueden ni deben utilizarse como pretexto para restringir los derechos de quienes han cotizado durante años de manera honesta para garantizar su futuro.
El Congreso exige su participación en la reconfiguración de la seguridad social
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, se sumó al debate al enfatizar que cualquier modificación de fondo relacionada con la Modalidad 40 requiere ineludiblemente el aval del Poder Legislativo, especialmente tras los anuncios orientados a regular los salarios de cotización y los pagos retroactivos.
“En cualquier caso de modificación constitucional o legal tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso. De lo contrario se estaría incumpliendo una norma”, indicó el diputado durante sus posicionamientos recientes ante los medios de comunicación.
El líder parlamentario reconoció que, a pesar de existir cierta disposición institucional y simpatía por optimizar los acuerdos financieros del organismo, los cambios normativos no pueden eludir el procedimiento democrático del debate parlamentario.
“Aunque estemos de acuerdo, aunque vemos con simpatía la propuesta de la negociación, sí tiene que necesariamente pasar por el Congreso”, señaló Monreal, dejando en claro que la ruta legislativa sigue siendo un requisito indispensable para dar certidumbre jurídica a los asegurados bajo el régimen correspondiente.
